El director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, rendirá interrogatorio de indiciado ante la Fiscalía General de la Nación en el marco del proceso que investiga el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.
La diligencia, fijada para el 30 de abril de 2026 a las 10:00 a. m., hace parte de las actuaciones orientadas a determinar si pudo existir alguna responsabilidad por omisión en el esquema de seguridad asignado al dirigente político.
La investigación continuará con la recolección de testimonios, análisis de registros institucionales y la verificación de las actuaciones de los funcionarios vinculados al esquema de protección. El ente acusador avanzará en la práctica de pruebas para determinar posibles responsabilidades penales y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el atentado contra Miguel Uribe Turbay.
Cabe recordar que durante una rueda de prensa realizada el 24 de marzo, la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, confirmó que el director de la UNP sería escuchado en interrogatorio dentro de la investigación. La funcionaria explicó que la solicitud para la diligencia fue presentada por la propia defensa de Rodríguez.
Postura de la defensa
La defensa de Augusto Rodríguez, encabezada por el abogado Alejandro Carranza, ha sostenido que no existirían elementos que permitan atribuir una omisión al director de la UNP o a la entidad en relación con el esquema de protección del senador Miguel Uribe Turbay.
El abogado afirmó que no hay registros de solicitudes formales para reforzar la seguridad del congresista, lo que, según su postura, descartaría responsabilidades institucionales en los hechos investigados. Puntualmente, Carranza indicó que: “No hay ni un solo correo ni una sola petición dirigida a la UNP o al director Augusto Rodríguez que le de a la Fiscalía la oportunidad de señalar alguna omisión por parte de la entidad o del servidor público relacionada con la falta de reforzamiento del esquema, algo que jamás se solicitó a la entidad o al director”, en respuesta a las referencias surgidas en el proceso.
De acuerdo con la defensa, no se habrían presentado requerimientos que alertaran sobre la necesidad de ajustar el esquema de protección del dirigente político, quien falleció tras el atentado registrado en 2025.
Revisión del esquema de protección y otras indagaciones en el proceso
En el desarrollo de la investigación, el director de la UNP ha defendido la actuación de la entidad frente a las condiciones del esquema de seguridad asignado al senador. Según lo señalado en sus declaraciones, la UNP entregó información relacionada con vehículos y dispositivos de rastreo a las autoridades judiciales conforme a los procedimientos establecidos.
Asimismo, ha explicado que el esquema de protección se encontraba ajustado a la normativa vigente y que el día del atentado se presentaron circunstancias operativas relacionadas con la disponibilidad del personal asignado.
De acuerdo con su versión, algunos escoltas habrían finalizado su jornada en horas de la madrugada, lo que habría reducido temporalmente el equipo de seguridad disponible. También se ha señalado que el evento en el que ocurrió el ataque no habría contado con coordinación previa con las autoridades encargadas de la protección.
Por estos hechos, el director de la Policía Nacional, general William Rincón, informó que los escoltas asignados al senador Miguel Uribe Turbay también serán vinculados a las indagaciones. Según lo indicado, estos funcionarios serán llamados a rendir versión dentro del proceso.
Por otra parte, el más reciente avance en las investigaciones es la acusación formal contra Jhorman David Mora Silva, alias El Caleño, por su presunta participación en la planeación del crimen. De acuerdo con la Fiscalía, alias El Caleño habría sido la persona que contactó telefónicamente al adolescente que disparó contra el congresista el 7 de junio de 2025, en hechos ocurridos en la localidad de Fontibón, en Bogotá.