El 15 de abril de 2026, tres días después de celebrarse la primera vuelta presidencial en Perú, el conteo oficial aún no permite definir quién disputará la segunda ronda frente a Keiko Fujimori, a raíz de una serie de irregularidades logísticas y decisiones institucionales sin antecedentes que profundizaron la incertidumbre electoral y abrieron nuevas líneas de investigación judicial.
El avance del cómputo evidencia el margen de diferencia que separa a los aspirantes que buscan el segundo puesto: con más del 90% de actas procesadas, Fujimori encabeza la lista con casi el 16.9% de los votos, mientras que los candidatos Roberto Sánchez (12%), Rafael López Aliaga (11,9%), Jorge Nieto (11,1%) se encuentran en un empate técnico. El resultado podría alterarse con las actas restantes, ya que la diferencia entre ellos permanece dentro del margen de error, según los datos del Jurado Nacional de Elecciones.
Frente a un paso a segunda vuelta de Sánchez, el presidente de la República, Gustavo Petro, celebró el resultado del candidato, que es afín a su ideología política. A su vez, hizo un llamado a que se restablezca la directriz en el vecino país, que en los últimos años ha destituido a varios jefes de Estado.
“El progresismo avanza de nuevo en Perú. Ojalá la estabilidad política y la justicia social acaben está época de la muerte que desataron en la población”, escribió en su cuenta de X.
Los problemas y denuncias de fraude electoral en Perú
El retraso en el conteo de los votos en Perú tiene su origen en problemas de organización ocurridos el domingo 12 de abril de 2026, cuando el 30% de las mesas electorales no llegó a instalarse a tiempo debido a la falta de material. Esto tuvo su punto crítico en distritos de Lima como San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacamac, donde decenas de miles de personas no pudieron emitir su voto, según miembros de mesa, que reportaron fallos de sistema y larga espera para la entrega de materiales y actas.
Frente a la magnitud de la emergencia, el Jurado Nacional de Elecciones optó por una medida nunca antes tomada: autorizó la continuación de la votación el lunes en 13 colegios de Lima, lo que afectó a más de 52.000 votantes. Esta decisión demoró el inicio del cómputo de esas mesas y añadió complejidad en una zona donde el recuento sigue siendo en buena medida manual.
Las repercusiones institucionales derivadas de estos hechos se reflejaron de inmediato en la gestión electoral. El gerente de Gestión Electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe), José Samamé, presentó su renuncia y fue detenido por la policía luego de reconocer en una carta al jefe de la institución su responsabilidad en la demora del envío de materiales. Además, se conoció que la empresa de logística contratada por Samamé, señalada por el incumplimiento en la entrega, había trabajado antes para la alcaldía de Rafael López Aliaga, lo que sumó un componente político al escándalo.
La reacción del sistema de control institucional incluyó la presentación de una denuncia penal por parte del Jurado Nacional de Elecciones contra el jefe de la Onpe, Piero Corvetto, y otros funcionarios, por las graves demoras en la instalación de las mesas. La Junta Nacional de Justicia anunció la apertura de una investigación preliminar sobre Corvetto y la Comisión de Fiscalización del Congreso lo citó a declarar por las fallas en el proceso.
La Misión de Expertos Electorales del Centro Carter valoró que “el marco electoral peruano es en gran medida, consistente con los estándares internacionales para elecciones democráticas” y demandó respeto por el proceso. Por su parte, la Onpe reclamó a la ciudadanía esperar los resultados “con serenidad y pleno respeto a la institucionalidad democrática”.