La reciente decisión de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) de imponer nuevas restricciones al uso de agua subterránea por parte de la embotelladora de Coca-Cola en el municipio de La Calera sigue generando reacciones.
Esta vez, fue la propia compañía, a través de su filial Coca-Cola FEMSA en Colombia, la que se pronunció públicamente frente a la medida, asegurando que analizará a fondo el alcance de la resolución.
La empresa, operada en el país por Industria Nacional de Gaseosas S.A.S. (INDEGA), emitió un comunicado en el que dejó clara su postura frente al proceso administrativo en curso.
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“En el marco del trámite administrativo ambiental relacionado con la prórroga de la concesión de aguas subterráneas en el municipio de La Calera, INDEGA S.A.S. ha tenido conocimiento de los pronunciamientos públicos hechos por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR). Se analizarán a detalle en las etapas formales del proceso, con pleno respeto por la institucionalidad, sus decisiones y el marco legal vigente”, indicó la compañía.
En ese mismo pronunciamiento, la embotelladora subrayó su intención de cumplir con las disposiciones legales y ambientales, en medio de un contexto marcado por la creciente preocupación por la disponibilidad de recursos hídricos en la Sabana de Bogotá.
“INDEGA S.A.S. reitera su compromiso con el uso responsable y sostenible del recurso hídrico, la protección de los ecosistemas y el relacionamiento respetuoso con las comunidades, operando siempre bajo los más altos estándares ambientales y en estricto cumplimiento de la legislación colombiana”, añadieron.
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La reacción de la compañía se produce luego de que la CAR oficializara, mediante la Resolución 50267000347, una serie de cambios significativos en la concesión de agua otorgada a la empresa en el municipio de La Calera.
Entre las principales decisiones, se destaca la reducción del número de manantiales autorizados para su explotación, pasando de siete a cuatro, mientras que en los tres restantes se negó la prórroga.
Además, la autoridad ambiental determinó una disminución considerable en el caudal permitido, que pasó de 3,23 litros por segundo a 1,9 litros por segundo, lo que representa una reducción cercana al 42%. Esta medida, según explicó la entidad, busca garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico en la microcuenca y mitigar los impactos derivados de la variabilidad climática.
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El director de la CAR, Alfred Ballesteros, defendió la decisión al señalar que responde a criterios técnicos y a la necesidad de priorizar el consumo humano del agua.
“La decisión […] es negar la prórroga sobre los manantiales cinco, seis y siete y autorizar la prórroga solamente por el término de cinco años y haciendo una reducción de caudal de tres punto veintitrés a uno punto nueve litros por segundo, sujetos al cumplimiento de unas medidas de compensación para garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico en esta microcuenca”, explicó el director.
Asimismo, el funcionario enfatizó que la normativa vigente obliga a las autoridades a proteger el acceso al agua para las comunidades: “La norma a nosotros nos impone una obligación y es garantizar el agua prioritariamente para consumo humano solo los excedentes distribuirlos en los sectores productivos”, afirmó.
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Otro de los cambios relevantes es la reducción en el tiempo de la concesión, que pasa de un máximo de diez años a solo cinco. Una vez cumplido ese periodo, la continuidad del permiso dependerá de nuevas evaluaciones técnicas sobre la disponibilidad hídrica y las condiciones climáticas de la región.
La resolución también impone nuevas obligaciones a la compañía, entre ellas la instalación de sistemas de medición en tiempo real bajo supervisión del IDEAM, la implementación de planes de compensación ambiental y la adquisición de más de 53 hectáreas en ecosistemas estratégicos, como páramos y zonas altoandinas, fundamentales para la regulación del agua en la región.
A esto se suma la exigencia de desarrollar obras hidráulicas que contribuyan al abastecimiento de acueductos comunitarios, en un intento por equilibrar el uso industrial del recurso con las necesidades de las poblaciones locales.
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