El anuncio del Gobierno de Gustavo Petro sobre el nuevo marco tarifario para los servicios de acueducto y alcantarillado elevó la expectativa por una posible reducción en el recibo de agua de millones de hogares. Según las autoridades, los primeros cambios se verán reflejados en las facturas a partir de septiembre. Sin embargo, el presidente de Andesco, Camilo Sánchez, exministro de Vivienda, advirtió en diálogo con Portafolio que “más de 30 millones de personas en el país se verán afectadas por esta medida, de la que por ahora no se tienen los cálculos técnicos necesarios y se expidió sin la socialización requerida”.
A partir de ese mes, los usuarios de Colombia empezarán a notar los efectos del nuevo esquema tarifario en sus recibos de acueducto y alcantarillado. El ajuste impactará en grandes ciudades y municipios apartados, e implicará cambios tanto en la estructura de costos como en la forma de cálculo de las tarifas familiares, empresariales y públicas.
Impacto inmediato y advertencias sobre el recibo de agua
La propuesta oficial contempla una disminución generalizada en los valores del recibo de agua. No obstante, el dirigente advirtió que “se le vende a los colombianos que van a bajar las tarifas, cuando realmente no van a bajar, porque se están poniendo una cantidad de nuevas situaciones que van a tener que afrontar los señores empresarios que generan estos servicios”.
De acuerdo con él, la implementación del nuevo marco no cuenta con los estudios técnicos necesarios, lo que podría derivar en resultados distintos a los previstos. “Este es un tema absolutamente técnico. Este es un tema que no puede ser ideologizado porque de lo contrario se distorsiona la realidad y se generan falsas ilusiones entre la gente”, explicó.
Asimismo, resaltó la importancia de comprender el trasfondo de la decisión. “El primer golpe lo vamos a sentir en septiembre, cuando se expidan esos marcos, va a ser muy importante que lo entendamos”, recalcó al medio.
Riesgos financieros y sostenibilidad para empresas
Hay que tener en cuenta que el nuevo esquema incluye más exigencias ambientales y el uso de tecnología, lo que impacta los costos de las empresas prestadoras. “Estamos incorporando muchas más obligaciones que antes no teníamos. La parte ambiental, la parte de tecnología, una cantidad de procesos que lo que hacen en últimas es incrementar los costos que van a entrar a la tarifa”, detalló Sánchez.
En el plano financiero, recalcó que “en Colombia se están generando títulos de deuda pública del 13% y 14%, y aquí estamos diciendo que las rentabilidades tienen que bajar tres, cuatro y cinco puntos por debajo de lo que estaban haciéndose anteriormente. Eso es muy peligroso y hay que sincerar las cifras”.
De igual forma, enfatizó en que el equilibrio es fundamental, ya que “el 80% de los colombianos ganan menos de dos salarios mínimos y que, si las tarifas sobrepasan los ingresos de la gente, pues eso hace que las empresas se quiebren”.
Las pérdidas de agua en el sistema —estimadas entre el 20% y el 30%— continuarán siendo trasladadas a la tarifa según el estrato socioeconómico, con efectos diferenciados sobre la facturación.
Consecuencias para la expansión y cobertura del servicio
La nueva estructura de tarifas y las obligaciones adicionales afectan la capacidad de las empresas para invertir en expansión y mejora de la cobertura. “Va a disminuir la inversión y vamos a tener menores coberturas porque la gente tiene que mantener sus flujos de caja de tal forma que puedan ser sostenibles”, puntualizó el exfuncionario.
Además, la introducción de tecnología avanzada, aunque positiva, puede reducir el empleo dentro del sector, según advirtió el directivo, “Suena maravilloso cambiar tecnología, pero es mano de obra de personas que ya no vamos a tener por costos”, señaló.
Los municipios pequeños y alejados enfrentarán obstáculos adicionales. Sánchez explicó que las pérdidas de agua no pueden eliminarse de inmediato, lo que dificultará mejorar el acceso y la calidad del servicio en esas zonas.
Falta de estudios y premura en la implementación
En cuanto a los plazos de ejecución, el presidente de Andesco solicitó al Gobierno un periodo de nueve meses para implementar el nuevo sistema, pero la autoridad otorgó únicamente dos meses. “Se requieren nueve meses para poder hacer la implementación y desde el Gobierno nos dieron apenas dos meses”, declaró Sánchez a Portafolio.
Señaló que no existe un estudio de impacto normativo sobre las consecuencias del nuevo marco. “Aquí no hay ningún impacto y nadie sabe si lo que están diciendo de bajar no cumple y, si no cumple, ¿qué pasa? No pasa nada. Por eso avanzamos sin certezas”, enfatizó.
Dicha premura aumenta el riesgo de que, si surgen problemas, las consecuencias se prolonguen durante años y perjudiquen sobre todo a las comunidades más desfavorecidas.
Frente al inminente cambio, Camilo Sánchez subrayó a Portafolio que la toma de decisiones técnicas no debe condicionarse por intereses temporales, debido a que una ejecución deficiente podría poner en jaque tanto la sostenibilidad del sector como el bienestar de la población en el futuro.