Las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre el incremento del impuesto predial generó una fuerte reacción por parte de la Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios), que calificó de “irresponsable y demagógico” culpar a los alcaldes y concejos municipales por el alza de este tributo en el país.
El malestar se originó luego de que el mandatario nacional responsabilizara a las administraciones locales de elevar las tarifas del predial aprovechando la actualización de avalúos catastrales, una política ordenada desde el propio gobierno central.
El presidente Petro aseguró que “algunos concejos municipales elevaron las tarifas del impuesto predial de manera desproporcionada aprovechando la actualización de los avalúos”. Para el jefe de Estado, estas corporaciones subieron las tasas con fines políticos, buscando generar malestar social y trasladar la culpa de los cobros excesivos hacia el Gobierno Nacional.
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Petro dirigió sus críticas no solo a los alcaldes y concejos, sino también a sectores de la oposición, a quienes acusó de usar el tema del predial para desinformar a la ciudadanía y movilizar protestas. La postura del presidente fue reiterada en mensajes públicos, desde su cuenta de X, en la que sostuvo que la actualización catastral tiene como objetivo que “los grandes terratenientes y poseedores de tierras improductivas paguen lo justo”.
Además, negó que la intención sea perjudicar a los campesinos o pequeños propietarios y señaló que los concejos municipales, por iniciativa de los alcaldes, son los responsables finales de definir la tasa del impuesto predial en cada municipio. “La tasa de impuesto predial, que debe ser por económica, la pone el concejo municipal por iniciativa del alcalde municipal”, afirmó Petro en su cuenta de X.
El mandatario también se refirió a las movilizaciones recientes contra la Resolución 2057 de 2025, que reajustó el avalúo catastral para la implementación del Catastro Multipropósito, establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Según Petro, las protestas buscan evitar que los grandes hacendados paguen impuestos y, en cambio, se utiliza a los pequeños propietarios para generar presión política y social sobre el gobierno central.
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En contraste, la Federación Colombiana de Municipios rechazó enérgicamente estos señalamientos. Mediante un comunicado, la entidad aclaró que “los mandatarios locales no están actuando por capricho o interés propio al definir los avalúos catastrales, sino en el marco del cumplimiento del artículo 49 de la Ley 2294 de 2023 del Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno”.
Según el director ejecutivo de Fedemunicipios, Gilberto Toro Giraldo, culpar a los alcaldes de los aumentos en el predial que hoy perciben los ciudadanos es irresponsable y demagógico, “los municipios están cumpliendo la ley basándose en lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno Petro”.
La Federación advirtió que la actualización catastral, ordenada en 520 municipios priorizados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), ha generado impactos sociales y administrativos, incluyendo inconformidad ciudadana y un aumento en las reclamaciones, pese a que los municipios no tienen competencia sobre la determinación técnica de los avalúos.
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“Es un acto, por lo menos irresponsable y demagógico decir que la responsabilidad la tienen los alcaldes del país”, insistió Toro, que además hizo un llamado al Gobierno nacional para asumir la responsabilidad en la implementación de esta política y trabajar articuladamente con las entidades territoriales para atender la crisis social y económica desatada.
Toro subrayó la necesidad de mayor pedagogía y articulación desde el Gobierno nacional para evitar desinformación y proteger la gobernabilidad local. Fedemunicipios pidió que se fortalezcan los canales de comunicación y se brinde claridad sobre los alcances de la actualización catastral y el manejo del impuesto predial, de modo que no se siga trasladando la carga política y social a los mandatarios municipales.
Sin embargo, el presidente Petro ordenó a los alcaldes y concejos establecer tasas diferenciadas: “Hay que hacer que los acuerdos de los concejos municipales pongan a los más ricos el impuesto predial, con las tasas más altas, y a los menos ricos con menores tasas”.
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El mandatario enfatizó que el recaudo del predial no va a la Nación sino al municipio y advirtió que no permitirá que la actualización del impuesto sea usada para desalojar campesinos ni entregar la tierra a grandes empresas, hoteleros o sociedades portuarias.
También exhortó a denunciar a los alcaldes que, con los concejos, “pongan mucho impuesto predial a los campesinos para desalojarlos”, y advirtió sobre las consecuencias legales y administrativas de tales decisiones.