La reciente decisión de Standard & Poor’s Global Ratings de rebajar la calificación crediticia de Ecopetrol de BB a BB-, tras el descenso de la nota soberana de Colombia, posiciona a la mayor petrolera estatal del país en un nivel de vulnerabilidad que no se registraba en décadas.
Esta reducción, informada oficialmente el 8 de abril de 2026 y sustentada en el deterioro de las finanzas públicas del país, subraya una serie de indicadores financieros negativos propios de la empresa y una creciente presión del Gobierno nacional sobre su gestión, elementos que no se plasmaron en el comunicado oficial de la compañía.
Uno de los ejes diferenciadores del informe original de S&P, al que tuvo acceso El Tiempo, radica en la cifra de $8,85 billones consumidos por Ecopetrol por encima de lo estimado en su flujo de caja discrecional respecto de la deuda, el cual cerró en –5,0% frente a una expectativa de +2,5%. Este desfase, equivalente a cerca de USD 2.100 millones, revela un deterioro financiero mucho mayor al divulgado por la propia compañía.
En el comunicado presentado por Ecopetrol ante la Superintendencia Financiera de Colombia, la petrolera atribuyó la rebaja a un efecto cascada derivado de la degradación de la nota soberana del país, propiedad en un 88,49% del Estado colombiano.
No obstante, el informe de S&P enfatizó que el perfil crediticio individual (Sacp) se mantuvo en bb+, pero está “limitado por el perfil crediticio del soberano”, dado que el Gobierno depende críticamente de los dividendos y regalías de Ecopetrol para financiar el presupuesto nacional.
En 2024, la compañía transfirió aproximadamente $15,6 billones en dividendos, superando su utilidad neta, que se ubicó en $14,9 billones, un hecho que refleja la tendencia del Gobierno a maximizar los pagos por encima de la liquidez real de la empresa.
S&P advirtió sobre el riesgo de “priorizar la salida de efectivo para dividendos” en detrimento de inversiones de capital esenciales para el mantenimiento y crecimiento de las reservas.
El punto central del informe de S&P se encontró en la evaluación del gobierno corporativo de Ecopetrol, calificado como “moderadamente negativo”.
Actualmente, solo cuatro de los nueve miembros de la junta son independientes, lo que genera dudas sobre la autonomía de las decisiones. La calificadora señaló que las instrucciones provenientes de la Casa de Nariño han erosionado la gobernanza y que la estructura actual representa el principal obstáculo para una eventual recuperación de la calificación.
El informe recomienda explícitamente aumentar la presencia y rotación de miembros independientes en el órgano de dirección, estableciéndolo como cuarto criterio fundamental, junto con metas financieras como elevar la producción de crudo, mantener el apalancamiento por debajo de 2,0x y fortalecer los flujos de efectivo después de inversiones y dividendos.
Los analistas de S&P destacaron que la presión financiera del Estado, identificado en el reporte como “accionista controlante”, es otra fuente de vulnerabilidad.
Desde la perspectiva de la calificadora, los dividendos han representado entre el 40% y el 60% del ingreso neto de Ecopetrol, comprometiendo la flexibilidad financiera y generando una dinámica que puede traducirse en limitaciones severas para reducir pagos al Gobierno si la situación lo requiere.
La calificadora subrayó además el estancamiento en la producción de crudo de Ecopetrol: la cifra promedio en 2025 fue de 745.000 barriles diarios, por debajo de la propia meta corporativa de 750.000.
Este incumplimiento, junto con una tendencia a destinar más recursos a dividendos que a Capex, eleva el riesgo de que los indicadores de reemplazo de reservas caigan por debajo del 100%. Si la deuda neta ajustada llegara a 3,0x, la petrolera podría enfrentar una nueva rebaja.
Otro elemento crítico reside en el acuerdo firmado a inicios de abril de 2026 para el pago del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc) correspondiente al primer trimestre de 2025. El desembolso, valorado en 1,6 billones de pesos y pactado mediante la emisión de Títulos de Tesorería (TES), fue interpretado por S&P como un indicio de consolidación fiscal y acceso limitado a recursos en efectivo desde el Estado, con impactos negativos directos sobre la flexibilidad financiera de Ecopetrol.
Condicionamientos de S&P para mejorar la nota de Ecopetrol
Según el documento citado por El Tiempo, para recuperar la calificación perdida y regresar a un estatus de grado de inversión (BBB-), Ecopetrol debe cumplir, en los siguientes 12 meses, con cuatro requisitos: incrementar su producción por encima de las metas, garantizar un apalancamiento inferior a 2,0x, lograr mayor flujo de caja discrecional sobre la deuda y transformar su junta directiva reforzando la independencia y rotación de sus integrantes.
Estos criterios adquieren mayor relevancia en un contexto en el que el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, enfrenta incertidumbre judicial y licencias que lo han apartado temporalmente de sus funciones.
S&P consideró que la normalización de la gobernanza es condición necesaria para cualquier mejora en el perfil crediticio individual de la empresa.
De no cumplir con estos parámetros, advirtió la agencia, la situación financiera de la compañía podría deteriorarse aún más, lo que la expondría a nuevas revisiones negativas.