El codirector del Banco de la República César Giraldo propuso replantear el debate sobre el salario mínimo y la protección social en Colombia, por lo que sugirió la creación de un contrato social para las personas que permanecen fuera del empleo formal. Durante el Gran Foro de Protección Social de Asojacas, el funcionario argumentó que la creencia de que un alza del salario mínimo disminuye el empleo no coincide con los resultados observados en el país, y señaló que persisten otras causas para la informalidad laboral.
La propuesta del experto consiste en repensar la política salarial y el vínculo con el empleo. Sostiene que los incrementos del salario mínimo en Colombia no ocasionaron una caída en los niveles de ocupación y pidió rediseñar las políticas públicas, con lo que se enfoque el problema de la informalidad desde la confianza y la legitimidad estatal, y no solo en factores económicos.
“El empleo ha aumentado cuando el salario mínimo ha subido. No sé por qué los economistas dicen que tiene efecto negativo si la realidad da otros resultados”, señaló en el evento. Insistió en que la evidencia nacional contradice los modelos económicos ortodoxos y que la persistente informalidad laboral requiere nuevas políticas de protección social.
Asimismo, Giraldo criticó a los economistas y técnicos del propio banco por su postura con respecto al salario mínimo. “Los economistas y los del Banco de la República se devanan los sesos diciendo que eso tiene un efecto negativo en el empleo, y la realidad da otro resultado”, declaró. Aseguró que “el problema de los economistas es que, cuando la realidad no coincide con el modelo, el problema está en la realidad, y eso no es así; es al revés”.
Informalidad y confianza en el Estado
De igual manera, amplió el análisis de la informalidad laboral más allá del aspecto económico y sostuvo que se trata también de un fenómeno político.
“La informalidad no es solo un problema económico. Es político. Nadie paga impuestos cuando siente que el Estado lo ataca. El vendedor ambulante no va a tributar desde el miedo”, afirmó.
Resaltó que la baja formalización y tributación no dependen solo de ingresos o productividad, sino de la relación de confianza entre los ciudadanos y el Estado. Según él, la legitimidad de las instituciones es central para comprender por qué la informalidad se mantiene en cifras elevadas.
Propuesta de contrato social e inclusión laboral
Frente a esto, el codirector del Banco de la República sugirió un cambio estructural en la protección social. “La solución: construir un contrato social con los informales. Protección social para el trabajo no asalariado. Que Colombia salga de la idea del Estado como enemigo”, aseguró.
El planteamiento se enfoca en separar la protección social del empleo asalariado tradicional, dando cabida a quienes trabajan por cuenta propia o no cuentan con vínculos formales de trabajo. Estima que el contrato social permitiría incluir a una parte importante de la población actualmente excluida del sistema y serviría para fortalecer la legitimidad y la confianza en el Estado.
Crisis fiscal y protección social
César Giraldo también advirtió sobre el origen estructural de la crisis fiscal y lo vinculó con decisiones adoptadas en años anteriores, en especial, el traslado de cargas derivadas de la protección social al presupuesto general del Estado. “Parte de la crisis fiscal es que, con el argumento de desvincular la protección del salario, se trasladaron esas cargas a impuestos generales. A eso se suma el aumento del Sistema General de Participaciones, el alza en los intereses y obligaciones como el Fepc. Son decisiones que vienen de atrás y frente a las cuales poco puede hacer el gobierno actual o el que llegue”, explicó.
El economista detalló que estas modificaciones intensificaron la presión sobre los recursos públicos, lo que limitó el margen de acción de las administraciones presentes y futuras. Sostuvo que los efectos de estas políticas son acumulativos y complejos de revertir.
Reformas fiscales y obstáculos estatales
Respecto a la financiación del Gobierno, Giraldo resaltó que existe una contradicción en el proceso de ajuste fiscal. “Es muy cómodo decir que el Gobierno no hace el ajuste. Pero cuando se presenta una reforma tributaria, se tumba; cuando se propone una ley de financiamiento, también se cae. Y cuando se buscan recursos fiscales, por ejemplo, en pensiones, se califica como un ‘asalto’. Al Estado se le critica por gastar, pero al mismo tiempo se le cierran las fuentes de financiamiento”, aseveró.
Planteó que la discusión sobre reformas debe ser abordada de manera integral, por lo que invitó a “dar la discusión completa, con nombre propio”. En referencia a la ley de competencias, el codirector considera necesario revisar la distribución de obligaciones fiscales entre la Nación y los departamentos: “Es un buen momento para repensar las cargas que deben asumir la Nación y los departamentos”, manifestó.
Asimismo, advirtió que muchos marcos regulatorios dificultan la puesta en marcha de proyectos productivos a nivel local, en especial, para pequeños productores y emprendedores. “En un barrio o municipio, cuando una comunidad tiene una iniciativa productiva, aparecen requisitos como los del Invima porque no tienen una cocina industrial, o exigencias del estatuto de contratación que obligan a trabajar con operadores de gran experiencia”, comentó.
Ante esos retos, propuso transformar el papel del Estado, para que sea un facilitador de iniciativas productivas y no una barrera. “Hay que construir un Estado más amable, que le permita a la gente salir adelante y no que le ponga barreras para contratar”, sostuvo. César Giraldo remarcó que, para superar los problemas estructurales y lograr la integración de quienes actualmente están en la economía informal, el Estado debe enfocarse en facilitar la actividad económica y fomentar la confianza ciudadana.