La fiscal general Luz Adriana Camargo calificó como gravísima la reciente declaración del presidente Gustavo Petro sobre supuestas interceptaciones de comunicaciones vinculadas al candidato presidencial Abelardo de la Espriella, justo en plena campaña electoral rumbo a las elecciones del 31 de mayo de 2026.
La controversia se centra en los señalamientos de Petro, quien afirmó que De la Espriella habría tenido contactos con miembros de la familia Bautista, socios de Thomas Greg & Sons, para influir en los comicios mediante algoritmos y otros mecanismos.
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“El trino del presidente es gravísimo, porque lo que me preocupa es cómo conoce él de una interceptación y con qué tranquilidad menciona que la intervención es de la Dirección Nacional de Inteligencia”, declaró Camargo durante una entrevista en Caracol Radio.
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Recordó que el país atravesó un proceso crítico por interceptaciones ilegales conocido como las “chuzadas”, que provocó la desaparición del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y su reemplazo por la DNI.
Camargo precisó que actualmente la Fiscalía maneja más de 13.000 interceptaciones activas, todas con orden de juez y supervisión de un fiscal, asociadas a unas 2.300 investigaciones aproximadamente.
“No hay forma de conocer el detalle ni el contenido, porque son actos reservados que requieren autorización judicial para entrometerse en la vida de una persona”, explicó.
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Añadió que la revisión interna se hace para verificar si existe alguna investigación que involucre a algunos interlocutores, no necesariamente al candidato, y que “no puedo decir categóricamente que no hay una interceptación. Lo estamos verificando. Pero lo grave es cómo llega a oídos del presidente esa información, que no me llega a mí y no me debería llegar por el carácter reservadísimo de una interceptación judicial”.
En respuesta a los señalamientos, Abelardo de la Espriella desafió públicamente a Petro a presentar pruebas sobre los supuestos vínculos con Thomas Greg & Sons. El candidato aseguró que, de demostrarse algún contacto de su parte con los empresarios, renunciaría de inmediato a la contienda; de lo contrario, exigió que el mandatario deje el poder.
“Es el presidente el que tiene la carga de la prueba, que la presente, que presente la conversación, que presente las transcripciones y que asuma el reto de que si eso no es así, él renuncie, y si es así, yo renuncio a mi candidatura hoy mismo”, dijo De la Espriella.
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El 6 de abril de 2026, el equipo jurídico del candidato presentó una denuncia formal ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para investigar al presidente y a miembros de la DNI por presunta interceptación ilegal de comunicaciones, amparándose en el artículo 192 del Código Penal, que establece penas de 32 a 90 meses de prisión por la interceptación o divulgación ilícita de información privada.
La tensión política se intensificó con las denuncias de De la Espriella sobre la utilización de la inteligencia estatal para perseguir y difamar a candidatos opositores.
“En mi vida me he sentado con los señores Bautista. En mi vida he hablado con ellos por teléfono. Jamás se me ha ocurrido contactarles para armar esa fábula que ha montado el presidente de la República. Pero ojo, que nadie se llame a engaños. Todo eso hace parte de un montaje que me están haciendo”, expresó. También recordó acusaciones previas del gobierno, como su supuesta vinculación con los negocios de Urrá, que calificó de “verdadera locura”.
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El senador liberal Mauricio Gómez Amín, integrante de la campaña de De la Espriella, calificó la situación de inédita: “Primera vez en la historia en el ejercicio de una campaña a la Presidencia que un presidente en ejercicio confiesa públicamente que tiene intervenido a un candidato presidencial con todas las posibilidades de llegar al primer cargo de la nación”.
Gómez Amín detalló que el candidato tuvo que cancelar parte de su gira por Córdoba y Sucre debido a alertas de seguridad y amenazas de grupos armados.