Roy Barreras, aspirante a la presidencia, abordó la reciente controversia en torno a la suspensión de órdenes de captura contra 23 jefes de estructuras criminales en el Valle de Aburrá, decisión que ha generado un intenso debate político y jurídico en el país.
Durante una entrevista con Los Danieles para Cambio, Barreras admitió que la medida tendrá un impacto electoral favorable para Iván Cepeda, actual candidato presidencial del Pacto Histórico, aunque descartó que ese haya sido el objetivo primordial de la decisión.
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Al ser consultado por Daniel Coronell sobre si la liberación de los cabecillas perseguía mejorar los resultados electorales en Antioquia para Cepeda, Barreras respondió: “Yo creo que va a producir resultados electorales, lo que no significa que hayan planeado todo el ejercicio de la Paz total con ese objetivo”.
Barreras reconoció la incidencia política de la resolución, pero subrayó que Cepeda no tiene responsabilidad directa sobre el procedimiento. Calificó al candidato como “un defensor auténtico de derechos humanos” y “un hombre honesto y austero”, aunque consideró que la estrategia elegida por el Gobierno constituye “un error de método”.
El candidato explicó que los grupos armados irregulares ven en el fracaso de la Paz total una oportunidad para perpetuar su influencia y garantizar la impunidad.
“A ellos sí les conviene que se mantenga el statu quo, pero eso no significa ni mucho menos que esa sea una estrategia de campaña. Eso ocurre de manera casi natural. Si a usted no lo persiguen, pues usted quiere seguir en lo mismo”, afirmó.
Barreras detalló que estas organizaciones suelen ejercer presión sobre la población, retienen documentos de identidad y los facilitan a las autoridades electorales para favorecer a determinados aspirantes.
“Nosotros queremos que se cumpla la legitimidad del Estado de derecho, que se persiga a los delincuentes, y que si se les va a ofrecer generosamente algún sometimiento a la justicia, la sociedad tenga garantías de que van a dejar algún día las armas y el crimen”, concluyó.
Esto dijo el Gobernador de Antioquia sobre los criminales en Medellín: “Hemos padecido las consecuencias”
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció la presentación de una demanda de nulidad con solicitud de medida cautelar ante el Consejo de Estado contra una reciente resolución de la Fiscalía General de la Nación.
El recurso busca frenar los efectos de un acto administrativo que, según el dirigente, permitió la liberación y circulación de personas catalogadas como peligrosos delincuentes en Medellín, el área metropolitana, Rionegro y Bogotá.
La decisión, firmada por la fiscal general, Luz Adriana Camargo, habría respondido a una solicitud directa del presidente Gustavo Petro.
En el texto difundido por sus redes sociales, Rendón sostiene que la resolución “levantó las órdenes de captura y otorgó patente de movilidad” a individuos condenados por delitos graves, entre ellos desaparición forzada, homicidio, extorsión y desplazamiento.
El político enfatizó: “Confiando en las instituciones, esperamos que la medida cautelar permita suspender de inmediato los efectos de esa resolución y evitar en consecuencia un perjuicio irremediable”.
Según la denuncia de Rendón, la medida “reactivaría las órdenes de captura y frenaría los beneficios que les concedió Petro, como salir de la cárcel y moverse con libertad por los municipios en mención”.
Calificó el acto como un procedimiento con “vicios graves” que, a su juicio, vulneró principios fundamentales de la Constitución Política de Colombia, tales como la legalidad, la separación de poderes y el derecho de las víctimas al acceso a la justicia.
El dirigente antioqueño también acusó al Gobierno nacional de actuar de manera predecible en medio de la contienda electoral.
“Es inadmisible, pero muy predecible, que esto ocurra en medio de la contienda electoral y a pesar de los riesgos advertidos al respecto”, expresó. Además, recordó antecedentes recientes: “El país conoce lo que ocurrió cuando dejaron en libertad a Calarcá. Hemos padecido las consecuencias de esa decisión del gobierno Petro y de la fiscal Camargo”, afirmó, en referencia al caso de alias Calarcá, exintegrante de las Farc.
Por último, Rendón cuestionó la falta de información pública sobre los dispositivos incautados a Calarcá y sugirió posibles irregularidades: “¿Qué información que aún no conocemos los colombianos luego de casi dos años contiene los dispositivos incautados a Calarcá, que explique el trato complaciente que ha recibido este bandido por parte del Gobierno nacional?”.
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