La tala ilegal impulsada por el Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) en el departamento del Chocó ha generado no solo un grave daño ambiental local, sino que ha activado alarmas internacionales por la infiltración de su madera en los mercados europeos.
Dos diputadas del Parlamento Europeo, Cristina Guarda de Italia y Rima Hassan de Francia, han formulado consultas formales ante la Comisión Europea para determinar si las redes de comercio vinculadas a Colombia se relacionan con violaciones a los derechos humanos en esta región.
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El organismo tiene dos meses para responder, y se esperan revisiones profundas de los mecanismos de monitoreo y de las condiciones para financiar proyectos bajo la iniciativa Global Gateway de la Unión Europea (UE).
Los reportes muestran que entre 2020 y 2023, más del 94% de la madera procesada exportada desde Colombia carecía de certificación legal, mientras que cerca del 20% tenía como destino Europa, lo que subraya riesgos significativos para las cadenas de suministro del continente, según cifras recopiladas por El Espectador.
A ello se suma que Colombia enfrenta una crisis forestal en esta parte del territorio colombiano, considerado como una de las zonas con mayor biodiversidad del mundo.
De acuerdo con el monitoreo de bosque y deforestación del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), citado por el diario bogotano, Chocó concentró el 73% de la deforestación nacional en 2024, con una pérdida de 6.338 hectáreas de bosque, es decir, 364 hectáreas más que en 2023, respectivamente.
Igualmente, el informe del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), presentado ante instituciones europeas, alerta que la deforestación acumulada al cierre de 2023 superó las 65.000 hectáreas, una cantidad equivalente al doble del área urbana de Medellín.
Estas cifras, según declaraciones del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia al citado medio de comunicación, responden principalmente a la expansión ganadera, la praderización y la tala ilícita, prácticas en las que predomina la acción del Clan del Golfo.
Control del EGC de la madera ilegal
El EGC o Clan del Golfo, que actualmente se encuentra en una mesa de negociaciones con el Gobierno del presidente Gustavo Petro, ha logrado consolidar el control de la economía ilegal de la madera en Chocó.
El subdirector del Cinep, Juan Pablo Guerrero, en declaraciones al medio citado, señaló que el grupo ilegal administra cerca del 90% de este sector ilícito.
El directivo enfatizó en que el grupo armado organiza el tráfico y regula la explotación forestal mediante cobros extorsivos y la imposición de condiciones a aquellos que participan, además de beneficiarse de toda la cadena de valor.
Los pagos oscilan, dependiendo de la zona y del volumen extraído, entre 30.000 y 150.000 pesos colombianos por cada 1.000 pies cúbicos y, en el caso de una hectárea de bosque primario, entre 10 y 12 millones de pesos.
El flujo ilegal parte de municipios como Riosucio, Unguía y Carmen del Darién, donde la debilidad institucional favorece la operación delictiva. La madera es transportada por ríos hasta los puntos de salida principales: Urabá —que conecta con Medellín, donde se puede obtener documentación irregular— y el puerto de Buenaventura sobre el Pacífico.
“La madera ilegal que sale del Chocó no sigue una sola ruta, sino una cadena fragmentada (...) Es un fenómeno disperso, pero territorialmente concentrado en zonas donde confluyen presión económica, débil control institucional y dinámicas de conflicto”, explicó Guerrero.
Posteriormente, el subdirector del Cinep aseveró que la mercancía es enviada a través de puertos como Cartagena y Barranquilla hacia Europa y Estados Unidos. En el Viejo Continente, la madera suele ingresar por Rotterdam (Países Bajos), Amberes (Bélgica) y los puertos españoles de Valencia y Barcelona, desde donde se distribuye a Alemania, Francia, Italia y España.
Incluso, en medio de los diálogos entre el Ejecutivo y el grupo armado, se había pactado abordar el tema ambiental, bajo el liderazgo de la cartera ambiental. Sin embargo, las organizaciones sociales advierten que este enfoque no ha sido tema de discusión en los siguientes ciclos de negociaciones.
Consecuencias para la región
La deforestación ha devastado especies valiosas como chontaduro, pino amarillo, guayaquil, cativo, bálsamo y choibá, muchas de ellas ya ausentes del Bajo Atrato según el informe del Cinep.
Las comunidades locales —especialmente afrodescendientes e indígenas, que históricamente han sido guardianas del bosque— se ven forzadas a participar en los eslabones iniciales del negocio, en condiciones de baja rentabilidad y bajo fuerte presión de los actores armados.
Sara Bolaños, encargada de comunicaciones de Vamos por la Paz, advirtió que algunas organizaciones han debido negociar el uso de sus propios territorios a cambio de la supervivencia, lo que ha provocado la fragmentación social y ha puesto en riesgo las prácticas culturales, la seguridad alimentaria y la autonomía de los pueblos.
Las denuncias por falta de protección han llegado a instancias internacionales. En noviembre de 2025, organizaciones sociales y representantes del Cinep expusieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el incumplimiento del Estado colombiano en la defensa de la vida, los territorios y la identidad cultural de los pueblos étnicos de la zona.
Bolaños relató a El Espectador que la respuesta estatal solo fue posible tras llevar el caso hasta Estados Unidos, luego de que los intentos por concertar medidas en el ámbito nacional fracasaran.
El daño ocasionado por la tala ilegal también es ecológicamente profundo. Según expertos citados en el informe del Cinep, la restauración del ecosistema del Chocó podría demandar entre 300 y 350 años, debido a los efectos de la “desecación y sedimentación de fuentes hídricas, la pérdida de fauna y flora y el aumento de las temperaturas”, impactos directos del colapso ambiental.
La situación del tráfico ilegal de madera desde Chocó hacia Europa ilustra la convergencia de fallas estructurales estatales, presión de economías criminales y responsabilidad internacional en la vigencia de los derechos humanos y ambientales, en un territorio donde la defensa del bosque se ha convertido en una lucha por la supervivencia.