La Asociación de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares (Acore) alertó sobre una “crisis de fondo” en la seguridad del Estado tras la confirmación de la Fiscalía General de la Nación sobre la gravedad de la información hallada en los dispositivos del criminal Alexander Díaz, alias Calarcá, según comunicado oficial.
La organización subrayó el riesgo estructural en la gestión de la seguridad nacional, apuntando que estos hechos “no solo ratifican la existencia de hechos profundamente preocupantes”, sino que exponen fallas que, en su opinión, no pueden minimizarse.
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En su pronunciamiento, la agremiación de oficiales en retiro también cuestionó “nombramientos en cargos de inteligencia sin la idoneidad requerida”, el retorno de personal retirado a funciones y la designación de gestores de paz sin verificación de desmovilización efectiva. Además, advirtió que tales acciones colocan en entredicho los criterios de toma de decisiones y la protección de información estratégica estatal.
En este escenario, solicitaron que se recupere el “rigor, la ética y la idoneidad” en los perfiles seleccionados para la administración pública, y para que se adelanten investigaciones “rápidas, transparentes y ejemplares”.
La Acore también respaldó a los miembros de la fuerza pública y recordó la necesidad de que su conducta sea regida por la disciplina, la legalidad y la protección de los derechos humanos.
Los computadores de alias Calarcá que tiene la Fiscalía
Los computadores incautados a alias Calarcá, uno de los principales cabecillas de las disidencias de las Farc, colocaron en jaque a las autoridades colombianas por revelar una supuesta infiltración de este grupo armado en instituciones estatales y posibles vínculos con funcionarios públicos. El análisis de este material, en poder de la Fiscalía General de la Nación, derivó en la apertura de investigaciones judiciales y disciplinarias de considerable magnitud.
Según la información difundida por La FM, los dispositivos electrónicos, decomisados durante un operativo militar en 2024, contienen chats, correos electrónicos y documentos que mencionan a altos funcionarios. En casos específicos, mencionan a miembros de la fuerza pública y organismos de inteligencia. Esto podría configurar una red de filtración de datos estratégicos para estructuras ilegales.
En una declaración pública, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, advirtió el alcance de estos hallazgos, señalando que la información obtenida de los computadores revela “hechos muy graves”. Camargo explicó a los medios citados que la solidez de las pruebas permitió la formalización de investigaciones contra individuos con posible responsabilidad penal. Además, se permitió la reactivación de órdenes de captura contra el propio alias Calarcá, conocido por su papel central en la coordinación de actividades ilícitas del grupo armado.
De acuerdo con el ente acusador, el material recopilado no solo sugiere la existencia de colaboradores dentro de instituciones públicas, sino que vincula directamente al cabecilla guerrillero con la coordinación de asesinatos de líderes sociales, reclutamiento forzado de menores y otras actividades criminales de alto impacto en distintas regiones del país. La información extraída de las conversaciones muestra que las disidencias de las Farc tuvieron acceso a información estratégica procedente del interior del Estado, lo que confirma una penetración institucional inédita.
Esta evidencia llevó a los investigadores a profundizar en la identificación de los posibles implicados y a tomar declaraciones que permitan esclarecer la magnitud y el funcionamiento de la supuesta red interna. La fiscal Camargo reiteró que los equipos técnicos del órgano investigador evalúan el material con rigurosidad metodológica antes de establecer imputaciones formales.
La fiscalía agregó que la revisión de estos archivos implica a personas con fuero especial, entre ellos funcionarios que solo pueden ser investigados por la Corte Suprema de Justicia. Dadas las circunstancias, se activaron varios procesos simultáneos, tanto en la jurisdicción penal como en revisiones disciplinarias internas, dirigidas a funcionarios que aparecen mencionados en los documentos analizados.
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