El Departamento de Prosperidad Social (DPS) anunció la ampliación de los plazos para la entrega de las transferencias monetarias de Renta Joven en su modalidad de giro, correspondientes al primer ciclo de 2026.
El proceso de cobro estará habilitado hasta el viernes 10 de abril, con el objetivo de asegurar que los 27.668 participantes del programa tengan tiempo suficiente para reclamar sus recursos, que incluyen tanto el ciclo vigente como pagos pendientes del año anterior.
La entidad informó que para estas transferencias se ha destinado una inversión superior a $22.700 millones, destinados a apoyar la permanencia y graduación de jóvenes en situación de pobreza y vulnerabilidad.
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Entre los beneficiarios figuran estudiantes de 33 instituciones de educación superior (IES), quienes recibirán el pago por concepto de matrícula del segundo semestre de 2025, así como aprendices del Sena, quienes recibirán el apoyo económico correspondiente a los meses de octubre y noviembre de 2025.
Modalidades y operadores de pago para 2026
El ciclo actual de Renta Joven representa, según Prosperidad Social, el reinicio de pagos tras la adjudicación de nuevos operadores y la normalización de transferencias pendientes. Ahora, los jóvenes que cobran por giro podrán acudir a los puntos habilitados de SuRed y SuperGiros, operadores seleccionados tras la licitación pública IMYC 01 FIP de 2026.
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A través de estos canales, los beneficiarios podrán consultar los puntos de atención disponibles por municipio en el enlace oficial publicado por Prosperidad Social.
La ampliación del plazo también permitirá entregar la transferencia pendiente del ciclo seis de 2025 a 17.179 jóvenes que no habían recibido el pago anterior por falta de operador en febrero. Además, quienes hayan tenido rechazos en los abonos bancarizados de los ciclos cinco y seis del año pasado podrán gestionar el cobro por giro tras la validación de cada caso y motivo de rechazo.
En el primer ciclo de 2026, 24.442 beneficiarios recibirán su transferencia mediante abono a cuentas registradas desde el 27 de marzo a través del Sistema Integrado de Información Financiera (Siif). Mientras tanto, los 27.668 jóvenes que no cuentan con cuenta bancaria activa podrán reclamar su subsidio en los puntos autorizados de SuRed y SuperGiros en todo el país.
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Apoyo educativo y cobertura nacional
Durante 2025, el programa Renta Joven benefició a 178.998 estudiantes con una inversión anual de $155.536 millones. El apoyo económico está dirigido a jóvenes matriculados en universidades públicas, instituciones técnicas, tecnológicas y el Sena, con el fin de cubrir gastos de matrícula, sostenimiento y, en algunos casos, incentivos por permanencia y excelencia académica.
El monto de los incentivos varía según el tipo de institución, el avance académico y el cumplimiento de requisitos como la asistencia y el rendimiento. Los pagos pueden incluir transferencias por matrícula, bonos de permanencia y de excelencia, según las reglas históricas del programa. Los recursos entregados buscan ayudar a los estudiantes a solventar parte de sus gastos educativos y de sostenimiento, favoreciendo la continuidad y culminación de sus estudios.
Cambios operativos y recomendaciones para beneficiarios
Con la entrada de la Unión Temporal SuRed y SuperGiros como operadores, el programa busca ofrecer mayor flexibilidad para elegir el canal de cobro y fomentar la inclusión financiera entre los jóvenes, en línea con las disposiciones de la Ley 2294 de 2023.
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Prosperidad Social recomendó a los participantes que gestionen cualquier novedad en sus datos personales, como actualizaciones o cambio de modalidad de cobro, entre el 26 de marzo y el 1 de abril a través del Portal del Joven (jovenes.prosperidadsocial.gov.co/RentaJoven), para poder aplicar en el ciclo dos de 2026.
La ampliación de plazos y la activación de nuevos operadores responden a la necesidad de regularizar pagos pendientes y de facilitar el acceso a los recursos a la totalidad de los jóvenes beneficiarios. De acuerdo con la entidad, la medida busca evitar la congestión en los puntos de pago, garantizar la dispersión eficiente de los recursos y reducir el riesgo de que los jóvenes pierdan su incentivo económico por falta de tiempo o dificultades operativas.