Durante un Consejo de Ministros, la directora de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Amelia Pérez, alertó sobre un proceso con el que se busca que más de 19.000 propiedades intervenidas por las autoridades por estar vinculadas a criminales sean devueltas a sus antiguos dueños.
Pérez indicó que, en caso de concretarse la devolución, se afectaría directamente a la SAE, que dejaría de administrar los inmuebles; además, señaló que sería un mensaje negativo para las víctimas del conflicto interno en el país.
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Sobre el proceso, El Tiempo habló con el abogado Javier Navia Estrada, que es el que presentó las acciones contra la superintendencia por hechos registrados en Armenia, Cali y San Andrés, apelando que hay inmuebles intervenidos sin un fallo judicial definitivo.
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Navia indicó que buscará que los embargos que no han sido concretados después de diez años sean revocados y denunció que habría entidades que advierten a funcionarios sobre sanciones en caso de que declaren que los casos han caducado.
“Se inventaron un proceso que no existe y sacaron una circular. Pero no aplicaba para extinción de dominio. El registrador no puede interpretar la ley. Por eso es que estamos dando una batalla desde el derecho. Esto no es un tema de delincuentes queriendo evadir la justicia. Es un tema de ciudadanos pidiendo al Estado que cumpla las normas legales, que juegue limpio y que obre correctamente en derecho o que modifique las leyes”, señaló.
Como respuesta, el Ministerio de Justicia emitió un comunicado en el que informó que adelantarán todos los procesos para evitar la pérdida de los predios, descartando que estos van a ser entregados a antiguos criminales.
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Los excapos y familiares de criminales que se beneficiarían con el proceso
En un informe publicado el 28 de marzo, Minuto60 reveló que algunos de los inmuebles que podrían ser devueltos han sido vinculados a figuras del narcotráfico y crimen organizado, como Juan Carlos Ramírez Abadía, alias Chupeta, Hélmer “Pacho” Herrera y familiares de Enilse López, alias La Gata, entre otros.
El origen del problema se remontaría a octubre de 2022, cuando la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) emitió la Instrucción Administrativa No. 9, que establecía que la caducidad de diez años sobre medidas cautelares para bienes bajo administración estatal no aplicaba a procesos de extinción de dominio, lo que, en teoría, permite que el Estado mantuviera la administración de dichos bienes sin plazo definido.
El 3 de febrero de 2026, la SNR suspendió provisionalmente esta instrucción mediante la Instrucción Administrativa No. 1, acatando una orden del Consejo de Estado del 12 de noviembre que decretó la suspensión provisional de la medida. Esta decisión generó un escenario en el que los bienes incautados a organizaciones criminales podrían retornar a sus antiguos dueños, quienes, a través de recursos judiciales, intentan recuperarlos.
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El medio citado informó que en la actualidad hay 195 Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos que tienen la facultad de declarar la caducidad de medidas cautelares sobre bienes con procesos de extinción de dominio de más de diez años, lo que representa un riesgo jurídico y patrimonial.
De los 19.869 activos inmobiliarios administrados por la SAE, 13.419 superan los diez años bajo administración estatal. Además, 1.876 activos están priorizados para comercialización y 3.234 para reforma agraria y transferencia de valor social.
Estos son los criminales mencionados en los informes sobre los predios que podrían ser devueltos por el Estado:
- Enilse López “La Gata”.
- Helmer “Pacho” Herrera.
- Phanor Arizabaleta.
- Pedro Pablo Rayo.
- Gonzalo Howards Davis.
- Carlos Antonio Moreno Tuberquia.
- David Alan Castaño “África”.
- Franklin Alain Gaitán.
- Jorge Iván Urdinola.
- Juan Diego Montoya Bernal “Mechas”.
- Juan Carlos Ramírez Abadía “Chupeta”.
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