En las montañas del sur del Valle del Cauca, las disidencias de las Farc han consolidado su poderío militar a través del acopio de un arsenal sofisticado, que representa una amenaza directa para la aviación civil y militar colombiana y plantea un desafío sin precedentes para la estrategia de las Fuerzas Militares.
De acuerdo con información recogida por Semana, estas organizaciones cuentan con lanzamisiles de mano y un lanzacohetes artesanal de gran escala, capaces de modificar de manera radical el panorama criminal en zonas como Jamundí y más allá, poniendo en entredicho la capacidad de respuesta gubernamental ante una creciente sofisticación armamentista.
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En uno video, quedó en evidencia cómo un presunto integrante de este grupo criminal va caminando por el borde de la carretera, con lo que sería una de estas armas, y momentos después se ve el disparo de la misma, que fue en dirección hacia las montañas con punto de caída desconocido, poniendo en riesgo a la población de la región, e incluso, a los mismos hombres que manipulan estos elementos.
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Un registro audiovisual obtenido por el medio muestra a un integrante de esta estructura desplazándose en la zona rural de Jamundí con uno de estos lanzamisiles, cuya potencia se evidencia en la trayectoria pronunciada de sus proyectiles: “Con eso tumban aviones”, señala el informe, resaltando el riesgo inminente para cualquier aeronave que sobrevuele a mediana altura este corredor estratégico.
Un arsenal con capacidad para derribar aeronaves civiles y militares
Entre los datos confirmados por los grupos de inteligencia militar consultados por Semana, la estructura Jaime Martínez de las disidencias, conocida por atentados que han causado decenas de víctimas en Cali, Jamundí y partes de Cauca, dispone de armamento de alto calibre que incluye lanzamisiles de mano aptos para impactar objetivos a largas distancias.
En el mismo informe del medio de comunicación se sostiene que la posesión de estos lanzamisiles no se limita a la estructura Jaime Martínez. Están en manos de otras fracciones del Estado Mayor Central: el frente Dagoberto Ramos en el norte de Cauca, el frente Carlos Patiño con presencia criminal significativa en Argelia y El Plateado, principales focos de influencia de “Iván Mordisco”, y el frente Franco Benavides operativo en Samaniego y Policarpa, en el noroeste de Nariño.
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Las investigaciones también describen cómo, en las montañas de Jamundí, las disidencias han instituido sistemas de control territorial que simulan repúblicas independientes. Allí disponen de alojamientos para menores reclutados por la fuerza y mantienen, en una región elevada, a decenas de secuestrados en un lugar conocido como el “resort de los plagiados”. Además, han levantado un centro de adiestramiento en la subregión del Naya, donde imparten instrucción en el manejo de drones y explosivos, reproduciendo una suerte de “universidad” criminal.
La influencia de las disidencias se extiende hacia la población civil urbana, que ha sido carnetizada e instrumentalizada para interponerse frente al Ejército en disturbios denominados asonadas. También han impulsado intentos de expropiación de tierras fértiles, como el ataque que desde hace un mes sufre la Hacienda La Novillera, de 1.500 hectáreas, bajo presión de supuestas organizaciones sociales movilizadas para la ocupación forzosa del predio, según indica Semana.
A diferencia de épocas precedentes, el negocio criminal de las disidencias ya no descansa únicamente en explosivos transportados en camiones o vehículos cargados con pentolita. Se ha documentado el uso a gran escala de drones bomba dirigidos contra fuerzas públicas y civiles. En los dos años recientes, en Colombia se han producido unos 500 ataques con drones, principalmente en el suroccidente del país, en Cauca y Valle del Cauca.
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