La fuerza pública de Colombia asestó un golpe a las redes de minería ilegal en la región de la Orinoquía tras incautar cerca de cinco toneladas de “tierras raras” en el municipio de Puerto Carreño, Vichada.
La operación, desarrollada en el sector de Casuarito, reunió a integrantes de la Armada de Colombia, el Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).
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El hallazgo se produjo durante labores de inteligencia y control, cuando un camión con 125 bultos, cada uno de aproximadamente 40 kilogramos, fue interceptado por las autoridades. El material incautado corresponde a “arenas raras”, dentro de las cuales se presume la presencia de minerales estratégicos como el coltán.
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Este tipo de recursos resulta esencial para la industria tecnológica global, por su utilización en la producción de dispositivos electrónicos, baterías de alta capacidad y equipos de telecomunicaciones.
El valor del cargamento superaría USD1,5 millones en el mercado internacional, según estimaciones de la institución naval. Este dato subraya la magnitud del tráfico ilegal de minerales en la frontera oriental de Colombia, donde la explotación ilícita impacta tanto en la economía como en los ecosistemas.
Capturas y judicialización
Durante el procedimiento, las autoridades capturaron a dos personas, que fueron puestas a disposición de la Policía Nacional y presentadas ante la Fiscalía General de la Nación. La Dian inició el proceso para la verificación técnica del material incautado, a fin de determinar la composición exacta de los minerales y su origen.
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La acción articulada busca no solo afectar las rentas ilícitas de los grupos que se benefician de la minería ilegal, también avanzar en la protección de los recursos naturales de la región.
El operativo se dio dentro del Plan Estratégico Conjunto Ayacucho Plus, un plan del Gobierno colombiano para combatir las economías ilícitas y salvaguardar la seguridad y el medio ambiente en la Orinoquía.
Impacto ambiental y criminalidad
El comandante de la Fuerza Naval de la Orinoquía, brigadier general de Infantería de Marina Wilson Mauricio Martínez, explicó que las operaciones recientes responden a la necesidad de frenar el avance de actividades que “no solo financian estructuras criminales, sino que también generan graves afectaciones ambientales, especialmente en ecosistemas sensibles como la Orinoquía colombiana”.
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El oficial subrayó que la explotación de minerales como el coltán “degrada suelos, contamina fuentes hídricas y afecta la biodiversidad” de una de las zonas más ricas y diversas del país.
En un pronunciamiento público el oficial aseguró que “este resultado no solo debilita las finanzas de estructuras criminales, sino que también contribuye a la protección de nuestros recursos naturales y a la preservación de ecosistemas estratégicos en esta región del país”.
Compromiso con la protección ambiental
La fuerza pública reiteró su compromiso con la defensa del medio ambiente y la seguridad comunitaria en la Orinoquía. Según el general Martínez, “la Armada de Colombia y el Ejército Nacional, en coordinación con nuestra Policía Nacional, continúan desarrollando operaciones contundentes contra las economías ilícitas que afectan la seguridad y el medio ambiente en la región”.
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De acuerdo con el reporte oficial, la incautación de este tipo de minerales representa una medida para frenar el avance de mercados ilegales que aprovechan los recursos estratégicos de la zona. La colaboración de las autoridades judiciales y aduaneras resulta clave para el proceso de judicialización y para garantizar que estos delitos no queden impunes.
Las autoridades subrayaron que la operación en Casuarito constituye un avance en la lucha contra la minería ilegal y sus impactos en los ecosistemas estratégicos, marcando un precedente en la defensa de la región de la Orinoquía y sus comunidades.