El Gobierno de Petro oficializó un movimiento clave para compensar la fuerte caída de ingresos por regalías. A través del Decreto 0288 del 19 de marzo de 2026, el Ministerio de Hacienda adicionó $2,87 billones al presupuesto del Sistema General de Regalías (SGR) para el bienio 2025-2026, recursos que provienen del desahorro del Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE), una herramienta diseñada precisamente para amortiguar choques en los ingresos del sector.
La decisión no es menor, responde a una caída sostenida en el recaudo que obligó a activar este mecanismo excepcional. Según el documento, “el recaudo corriente del SGR en 2025 presentó una disminución nominal del 10% frente a 2024 y una caída acumulada del 39,9% respecto de 2023”, año previo al inicio de la tendencia negativa. Este deterioro cumplió las condiciones legales para permitir el uso de los ahorros acumulados.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel
En ese contexto, el decreto establece la incorporación exacta de $2.874.766 millones al presupuesto, explicando que el monto “se determina como la diferencia entre el 74% del promedio de los ingresos corrientes de los últimos seis años y el ingreso corriente del año de la caída” . Es decir, se trata de una fórmula técnica que busca estabilizar los recursos disponibles para inversión en las regiones.
El Gobierno justificó la medida como una respuesta urgente para evitar un frenazo en la ejecución de proyectos. De hecho, el decreto señaló que estos recursos “estabilizarán los ingresos de las entidades territoriales” y permitirán que cuenten con fondos “excepcionales con los que no contaban” tras la caída del recaudo.
La distribución de los recursos refleja el enfoque territorial del SGR. Del total adicionado, cerca de $971.204 millones se destinan a asignaciones directas para departamentos y municipios, mientras que $582.722 millones irán a inversión local, con énfasis en territorios con mayores necesidades, y más de $1,32 billones se dirigirán a inversión regional. Esto incluye tanto proyectos departamentales como iniciativas estratégicas por regiones.
Un punto clave es que parte de estos recursos deberá priorizar compromisos ya adquiridos. El decreto recordó que, según la ley, el dinero del desahorro debe destinarse en primer lugar a “financiar los compromisos contraídos con cargo a vigencias futuras que aún se hallen pendientes de financiación y pago”. Solo después de cubrir estas obligaciones, las entidades territoriales podrán impulsar nuevos proyectos.
Además, el uso de estos recursos también podrá orientarse a atender emergencias. El documento abre la puerta a que los gobiernos locales prioricen inversiones “orientadas a coadyuvar a la atención y superación de las situaciones de desastre ocasionadas por fenómenos naturales”, lo que refleja la presión adicional que han generado eventos climáticos recientes en varias regiones del país.
El proceso para activar este desahorro siguió una ruta técnica y administrativa definida. La Dirección de Política Macroeconómica del Ministerio de Hacienda certificó que se cumplían las condiciones para usar el FAE, mientras que el Departamento Nacional de Planeación (DNP) realizó la distribución entre beneficiarios. Posteriormente, la Comisión Rectora del SGR emitió un concepto favorable, aunque no vinculante, para la expedición del decreto.
En el trasfondo de la medida está la alta dependencia del sistema de regalías frente a los ingresos provenientes de la explotación de recursos naturales, especialmente hidrocarburos. La volatilidad de estos ingresos, influenciada por factores internacionales y condiciones internas, explica por qué el país cuenta con un fondo como el FAE, una especie de “colchón” para tiempos de crisis.
Sin embargo, el uso de estos ahorros también genera interrogantes sobre la sostenibilidad futura. Aunque el mecanismo está diseñado para estabilizar la inversión, su activación implica consumir recursos acumulados que no estarán disponibles en eventuales caídas posteriores más profundas.
Por ahora, el Gobierno apuesta a que esta inyección de $2,87 billones permita mantener el ritmo de inversión en las regiones y evitar que proyectos clave queden desfinanciados. La atención estará puesta en la ejecución de estos recursos y en si la recuperación de los ingresos del SGR logra reducir la necesidad de nuevos desahorros en los próximos años.