El levantamiento de la minga indígena en Medellín marcó el final de dos jornadas de bloqueos y negociaciones que involucraron a las comunidades Zenú y Embera Eyabida.
La decisión se oficializó tras alcanzar un acuerdo en la madrugada del miércoles 18 de marzo, permitiendo que las delegaciones regresaran a sus territorios.
PUBLICIDAD
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.
Durante las últimas 48 horas, la movilización de líderes indígenas en la capital antioqueña derivó en el bloqueo de la zona de La Alpujarra y la instalación de mesas técnicas en busca de respuestas a compromisos previos.
PUBLICIDAD
“Después de dos días, llegamos a un acuerdo con las comunidades indígenas Zenú y Embera Eyabida, de los municipios de San Pedro de Urabá, Arboletes y Mutatá y la Organización Indígena de Antioquia – OIA, para levantar la Minga", afirmó la Gobernación de Antioquia.
La administración gubernamental desplegó a sus secretarios y directores para abordar, junto a representantes de los pueblos originarios, puntos pendientes en áreas clave.
PUBLICIDAD
Las autoridades y las organizaciones indígenas revisaron los compromisos pactados en 2024, poniendo sobre la mesa temas como educación, salud, vivienda, infraestructura y proyectos sociales.
Tras largas horas de debate y acompañamiento de entidades de control, ambas partes sellaron un nuevo pacto que permitió el retorno de las delegaciones a San Pedro de Urabá, Arboletes y Mutatá.
PUBLICIDAD
A la pregunta sobre las razones y desenlace de la movilización, la Gobernación de Antioquia confirmó que el acuerdo alcanzado permitió levantar la protesta que durante dos días mantuvo bloqueos en Medellín.
Las comunidades indígenas regresan a sus territorios con el compromiso de seguimiento institucional a los acuerdos revisados y una invitación estatal a mantener el diálogo por vías formales.
PUBLICIDAD
La subsecretaria de Derechos Humanos, María Patricia Giraldo, resumió el resultado de los diálogos: “Después de un trabajo constructivo, revisamos los acuerdos de la Minga de 2024, los avances en cada una de las áreas y hemos acordado levantar la Minga indígena y de esta manera las comunidades regresarán a sus territorios”.
Representantes indígenas y funcionarios institucionales coincidieron en la importancia de la verificación y el cumplimiento de los compromisos asumidos.
PUBLICIDAD
Los diálogos contaron con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Personería de Medellín, el Distrito y la Policía Nacional, que participaron como garantes del proceso.
La jornada de protesta indígena en San Pedro de Urabá culminó sin incidentes violentos y con un mensaje enfático de unidad. Jaime Rivera, quien lideró la movilización, expresó a Blu Radio: “Queremos mandar este mensaje de unidad, un mensaje de calma, un mensaje de paz, un mensaje de armonía a todo el departamento, los pueblos indígenas en Antioquia”.
PUBLICIDAD
Rivera destacó la disposición de las comunidades a buscar consensos y evitar cualquier confrontación. “Estamos para dialogar, para conversar siempre con la palabra, no con la violencia”, remarcó. El líder indígena agradeció que la movilización transcurriera sin enfrentamientos: “Agradecemos de que no hubo temas violentos en la Minga, que no se presentaron enfrentamientos”.
Otro líder indígena Jaime Donado, representante de San Pedro de Urabá, manifestó: “Hoy queremos agradecer a la Gobernación de Antioquia. Mandamos un mensaje de paz y de calma”.
PUBLICIDAD
La administración departamental reiteró que el cumplimiento de los compromisos será objeto de seguimiento institucional y llamó a que los próximos reclamos o peticiones sean canalizados mediante el diálogo formal y no las vías de hecho.
El significado central de este acuerdo radica en que la Gobernación de Antioquia y comunidades indígenas Zenú y Embera Eyabida solucionaron un conflicto de 48 horas mediante la revisión y revalidación de compromisos en sectores estratégicos, poniendo fin a los bloqueos en Medellín y garantizando un retorno pacífico a los territorios, en un proceso avalado por la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Personería y la Policía Nacional.