Yovanny González Ulloa, conocido como alias Valencia o Valenciano, fue judicializado y enviado a prisión preventiva por su presunta participación en el homicidio del profesor universitario James Alberto Arboleda Cardona, ocurrido el el 3 de octubre de 2024 en Medellín.
De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, el sujeto de nacionalidad venezolana haría parte de la red criminal que estaría detrás del intento de hurto y posterior crimen del docente, que se registró en el cerro El Volador, ubicado en el occidente de la capital del departamento de Antioquia.
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En el mismo sector donde se produjo el crimen, otro hombre también fue atacado ese día por el mismo grupo, que le robó sus pertenencias y le provocó una lesión con arma cortopunzante, según confirmó la Fiscalía.
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Cronología del crimen
Según la investigación del ente acusatorio, el cuerpo de Arboleda Cardona fue hallado dos días después en el lugar de los hechos, tras haber sido interceptado por varias personas mientras se desplazaba en motocicleta.
Los asaltantes lo forzaron, bajo amenazas, a revelar las claves de sus tarjetas bancarias y le causaron varias heridas con arma blanca cuando el docente se resistió al asalto.
“El docente se desplazaba en motocicleta por el occidente de la ciudad cuando fue interceptado por varias personas, entre ellas el hoy procesado, quienes lo llevaron a un sendero peatonal del cerro El Volador. Allí le arrebataron el celular y las tarjetas bancarias, lo obligaron a entregar sus claves y, en medio de un forcejeo, le causaron varias heridas con arma blanca que le ocasionaron la muerte”, indicó la Fiscalía.
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Posteriormente, los responsables abandonaron el cuerpo en una zona apartada del cerro, y en la que se apropiaron de varias pertenencias de la víctima, entre ellas un computador portátil.
El caso cobró notoriedad cuando, al día siguiente del asesinato, los agresores utilizaron la tarjeta de propiedad de Arboleda Cardona para realizar dos retiros en efectivo, apoderándose de $9.541.260.
Este dato, aportado por la Fiscalía General de la Nación durante la audiencia, refuerza la acusación de hurto calificado agravado y fue clave para la imposición de la medida de aseguramiento.
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La desaparición fue denunciada de inmediato por la familia, al no presentarse Arboleda Cardona en su hogar ni en su lugar de trabajo. Esta denuncia activó la ruta urgente de búsqueda, coordinada por la Alcaldía de Medellín, la Fiscalía y Medicina Legal, lo que posibilitó la rápida difusión del caso en redes sociales y medios comunitarios, permitiendo una colaboración ciudadana que apuntaló las pesquisas.
Por este mismo caso, un hombre identificado como José Luis Rivas Mosquera, otro de los presuntos implicados, ya se encuentra bajo medida de cárcel preventiva poco después del crimen.
Las evidencias recolectadas llevaron a un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) a imputar a González Ulloa los delitos de homicidio, hurto calificado y lesiones personales, todos con agravantes. El imputado, de nacionalidad venezolana, no aceptó cargos y deberá permanecer bajo medida de aseguramiento en un centro carcelario.
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La Fiscalía subrayó que las actividades investigativas fueron determinantes para identificar individualmente a los participantes del hecho y que la judicialización reciente de González Ulloa responde a nuevas pruebas recabadas desde el asesinato de James Alberto Arboleda Cardona.
Entre tanto, las entidades judiciales de Medellín mantienen abiertas las pesquisas para determinar si el grupo investigado está vinculado con otros ataques similares en el sector.
La trayectoria de Arboleda Cardona fue destacada por Leonardo García Botero, rector del Tecnológico de Antioquia, subrayando que el docente era contador, especialista en gerencia financiera y magíster en administración de empresas, y formaba parte de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas desde 2019. Tras confirmarse su muerte, la institución suspendió actividades académicas como señal de duelo.
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Las autoridades recordaron a la ciudadanía la importancia de denunciar de inmediato cualquier caso de desaparición, al no ser necesario esperar 72 horas para activar la ruta de búsqueda urgente.
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