Colombia cerró febrero con un problema fiscal que el propio Ministerio de Hacienda dejó por escrito: el presupuesto nacional de 2026 tiene aprobados $547 billones en gastos, pero los ingresos con los que legalmente cuenta el Gobierno para financiarlos solo llegan a $541,73 billones.
Así lo estableció el Ministerio en su publicación “En Clave Económica”, donde asegura que “la diferencia entre el aforo de ingresos vigente y la apropiación de gasto vigente a febrero asciende a $5,29 billones”. Y fue más lejos al explicar de dónde viene ese faltante.
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Para entender el problema hay que saber que el presupuesto de gastos lo aprueba el Congreso mediante una ley, y los ingresos con los que se financia se calculan por separado. Cuando esos dos números no coinciden, el Gobierno necesita una fuente adicional de recursos. En este caso tenía dos opciones, y las dos fallaron.
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La primera era una reforma tributaria. El Congreso no la aprobó. Según el Ministerio, ese monto faltante “corresponde a los recursos previstos en el proyecto de Ley de financiamiento que finalmente no fue aprobada por el Congreso de la República”.
La segunda opción fue un decreto de emergencia económica. El Gobierno la declaró mediante el Decreto 1390 de 2025 y con base en ella expidió el Decreto 1474 de 2025, que estableció medidas tributarias temporales. Pero la Corte Constitucional las suspendió provisionalmente mediante el Auto 082 de 2026, mientras decide si todo ese andamiaje jurídico es constitucional.
El Ministerio confirmó que el faltante tampoco pudo ser “compensado mediante el recaudo tributario proyectado en el Decreto 1474 de 2025, expedido en el marco de la emergencia económica declarada mediante el Decreto 1390 de 2025”.
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Esas medidas estuvieron vigentes apenas hasta el 29 de enero. En ese lapso, según datos de la Dian citados en la publicación, “generaron, hasta el 29 de enero, un recaudo de $1,66 billones”, una fracción de lo que se necesitaba.
Qué dice el resto de los números
Más allá del hueco, el informe presenta el estado general de las finanzas públicas al cierre de febrero. Por el lado de los ingresos, el Gobierno recaudó $93,5 billones, equivalentes al 17,3% de lo proyectado para todo el año. Eso representa una mejora frente al mismo período de 2025, cuando la ejecución llegó al 14,8%, con $75,8 billones recaudados.
De ese total, $48,5 billones vinieron de impuestos. Los tributos directos como renta y patrimonio aportaron el 43,8% de lo recaudado por esa vía. El IVA interno sumó $15,4 billones y los impuestos al comercio exterior alcanzaron $6,9 billones.
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Por el lado del gasto, el Gobierno comprometió $140,6 billones, el 25,7% del total apropiado para el año. Sin contar el pago de deuda, los compromisos sumaron $116,5 billones, un aumento del 23,6% frente a los $94,2 billones del mismo período del año anterior.
Uno de los datos que llama la atención es la contratación de bienes y servicios: el Gobierno ya comprometió el 51,8% de lo apropiado para ese rubro en todo el año.
El Ministerio lo atribuyó a “la anticipación de la contratación directa ante la entrada en vigor de la Ley 996 de 2005 (Ley de Garantías Electorales), que restringe la suscripción de este tipo de contratos entre el 1.º de febrero y mediados de junio del presente año”.
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En materia de deuda, los pagos llegaron a $20,1 billones durante el bimestre, lo que el Ministerio describió como “estricto cumplimiento de los compromisos crediticios de la Nación”. Y del rezago que venía de 2025, compuesto por $48,9 billones pendientes de vigencias anteriores, el Gobierno ya pagó $19,5 billones, equivalentes al 39,8% del total.
La publicación aclara que las cifras de ingresos son preliminares. Los datos definitivos se consolidan el 20 de marzo, “fecha en la cual se cierra el registro definitivo del recaudo” en el sistema financiero del Estado.