No cesa la consternación tras el doble homicidio de las hermanas Sheerydan Sofía Hernández Noriega, de 14 años, y Keyla Nicolle Hernández Noriega, de 17, en el barrio Maranata del municipio de Malambo, en Atlántico.
A medida que avanzan los procesos judiciales contra los presuntos autores del doble crimen, las autoridades establecen nuevos detalles que dan luces más contundentes sobre las circunstancias del atroz plan criminal en el que está involucrado un menor de 17 años de edad, señalado como coautor del doble homicidio.
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Durante la jornada del 6 de marzo de 2026, las autoridades iniciaron la audiencia de medida de aseguramiento contra este adolescente para evaluar la aplicación de un modelo de justicia restaurativa que implique una medida no privativa de la libertad en su favor, solicitada por los abogados del menor, Rogelio Roldán y Juan Benavides de la firma Legalpro, luego de que el joven se declaró inocente en la previa audiencia de imputación de cargos, celebrada en las horas de la mañana.
Infobae Colombia tuvo acceso a esta diligencia judicial en la que se conocieron particularidades del escabroso crimen, así como algunos de los chats que involucran a las menores, y varios detalles del asesinato de las dos jóvenes, a manos de quienes serían sus respectivas parejas sentimentales.
Los chats con los investigados, conocidos por la madre de las jóvenes asesinadas
En esta audiencia, a través del relato de la fiscal encargada del caso del menor de edad, se conoció que la madre de las víctimas, Maricruz Noriega, conocía los posibles vínculos de los indiciados con grupos criminales de la región y ella les había advertido que “no se metieran con ese tipo de gente”.
Las conversaciones entre víctimas y agresores, de hecho, fueron conocidas por la misma progenitora, a quien un tercero recordó que en su celular contaba con la sesión abierta de WhatsApp de su hija de 14 años. Allí encontró pruebas de los posibles noviazgos con mensajes de texto desde el 15 de febrero, tres días antes de las desapariciones.
“Terminé viendo muchas cosas que me dejaron preocupada. Mis hijas se comunicaban con muchas personas”, entre quienes estaban los dos jóvenes involucrados en la investigación, sostuvo la madre.
En cuanto al menor de edad acusado y su hija de 14 años, Noriega afirmó que “ellos dos tenían una relación amorosa porque se trataban de ‘amor’. Se conocían desde antes”.
Con su hija mayor la situación era similar, porque la joven de 17 años había salido con uno de los presuntos homicidas, alias Tata, el martes de carnavales, antes de su fallecimiento.
El miércoles 18 de febrero, día que salieron de su casa sin considerar que estaban en un peligro inminente, la progenitora les hizo saber su desacuerdo. De hecho, los relatos de la mujer apuntan a que las menores le reportaron que estaban “ya acostadas y que no saldrían a ningún lado”.
Noriega testificó que, incluso, “les mandé plata para la merienda”. Sin embargo, por un tercero, supo que las jóvenes salieron de casa, ante la negativa de alguien más que quiso detenerlas. Ellas insistieron en marcharse tras un mensaje de “si quieren vengan ya” pidieron servicios de transporte, y abandonaron su vivienda, sin autorización.
Los posibles vínculos con las frentes de las disidencias de las Farc
Tras la desaparición de sus hijas, la madre se contactó con los números telefónicos, para preguntar por sus hijas, pero relató que fue bloqueada, incluso por el menor de edad investigado.
Pero después fue contactada por uno de ellos, que le envió un panfleto con las iniciales del B.R.C (Bloque Resistencia Caribe), al parecer, destinado a un posible familiar de ella, de quien pedían que “aclarara su situación”, o “sería objetivo militar”.
Con este panfleto comenzaron a llegarle mensajes extorsivos con los que exigían 50 millones de pesos por las menores de edad. Ante las súplicas de la madre, comenzaron a bajar la cifra a 20 millones de pesos, por las dos, y luego a 10 millones: 5 por cada una.
Los detalles de estos chats fueron conocidos por este medio, y en uno de ellos, además de pedirle a la madre que consignaran a una cuenta de Nequi, le exigieron que “colaborara” porque iban a “matar a la primera”.
“Te quedan 10 (millones) y da las gracias que si colaboras te las mando vivas porque tu marido es costeño (sic)”, consta en el mensaje de texto.
Dichos mensajes cobrarían sentido ya que, en medio de la audiencia, la fiscal del caso aseguró que en los interrogatorios los presuntos asesinos afirmaron habían sido notificados de que uno de ellos, el menor de edad, sería un posible blanco del grupo criminal Los Costeños, y que las dos hermanas Hernández “lo iban a poner para que lo mataran (integrantes del grupo criminal)”.
Así las cosas, ya en manos de sus presuntos homicidas, las menores fueron sacadas al solar de la vivienda a la que fueron invitadas, pues “las iban a matar por matonas”. Uno de los implicados cuestionó a una de las jóvenes sobre “quiénes eran esos pelados que nos iban a poner” y ella dijo “que eran unos novios que ellas tenían”.
Momentos después, fueron consumadas las muertes de las dos hermanas Hernández. Una, a tiros, otra degollada. Ya con los cuerpos, los señalados fueron a buscar palas para abrir los huecos, en distintos espacios, en los que dejarían enterrados los cuerpos.
Fue en la diligencia de medida de aseguramiento contra el menor de edad indiciado que se supo que tanto él como el otro sospechoso, alias Tata, que ya rinde cuentas ante las autoridades, habrían tenido posibles vínculos con estructuras armadas como frentes de las disidencias de las Farc, y que recibían órdenes “sobre dónde, cuándo y a quién hay que matar” desde Bogotá.
Además, la fiscal del caso hizo mención a la presunta participación del menor de 17 años y del “Tata” como potenciales conexiones financieras entre estos grupos en la capital del país con figuras delincuenciales del área de Barranquilla, con pagos por muertes en medio de un aparente plan de “limpieza social de Los Costeños”.
La Fiscalía pide medida privativa de la libertad para el menor de edad
En ese sentido, la fiscal encargada de indagar las responsabilidades del menor de edad, alegó ante el juez que las solicitudes realizadas por los abogados defensores de considerar una medida no privativa de la libertad en su favor “no son procedentes”, pues, aunque las investigaciones para determinar exactamente qué hizo el adolescente no han resultado en acusaciones plenamente concretas, en la Fiscalía se considera que el joven puede evadir la vigilancia ya sea electrónica, o con un delegado de las autoridades,
De hecho, la fiscal alegó que si se le impone la obligación de presentarse periódicamente, no se verían cambios de conducta, porque el joven puede “seguir delinquiendo”.
“La obligación de respetar y de buena conducta no es evidente”, dijo la servidora, que agregó que tampoco se puede aplicar una restricción a determinados sitios y reuniones, porque eso “no garantiza la no repetición de un hecho de sangre que tiene consternado al país”.
Incluso, alegó que “dar una caución para aligerar una medida no privativa no es viable en su caso: él tiene poder, tiene dinero, él paga, y puede seguir matando”. De la misma manera, desechó una eventual “privación de libertad en horarios establecidos, porque el menor anda en la calle a cualquier hora y no hay control familiar, ni familia garante”.
“Ninguna de las medidas no privativas solicitadas proceden. El derecho de él no puede pasar por encima del derecho de la comunidad”, le dijo la fiscal al juez del caso, que recordó que el menor de edad ya “burló” a las autoridades cuando se fugó del Centro de Reeducación El Oasis, en Atlántico.
El menor es acusado de homicidio homogéneo agravado, delito de porte ilegal de armas de fuego, secuestro extorsivo agravado, no comparecencia, y dos órdenes de aprehensión.