La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) prepara una nueva fase en el macrocaso 07 por reclutamiento forzado cometido por las extintas Farc, tras haberse recibido por primera vez una solicitud de perdón y un reconocimiento del daño por parte de los comparecientes imputados por crímenes de guerra.
Tras 10 años de haberse firmado el Acuerdo de Paz, este avance permitirá estructurar sanciones en diálogo directo con las víctimas, con el objetivo de construir responsabilidades restaurativas adaptadas al daño real causado, según detalló la magistrada Lily Andrea Rueda Guzmán en entrevista con el medio La FM.
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La magistrada Rueda explicó que el proceso cuenta ya con 18.677 víctimas acreditadas y que la investigación abarca delitos cometidos entre 1971 y 2016. Actualmente participan más de 11.000 víctimas, de las cuales 2.000 corresponden a casos individuales y seis representan colectivos étnicos.
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Esta inclusión amplia y diversa destaca la magnitud del fenómeno, que hasta la creación de la JEP solo registraba 380 investigaciones formales y escasas sentencias en la justicia ordinaria, lo que había dejado el problema prácticamente invisibilizado en Colombia.
El siguiente paso en el macrocaso 07 será la instauración de una ruta dialógica, donde víctimas y comparecientes sostendrán encuentros directos.
Rueda Guzmán expuso que las víctimas han demandado desde 2019 la oportunidad de compartir sus emociones y esperanzas frente a sus victimarios, iniciativa que ahora encuentra cauce dentro del procedimiento transicional que implementa la Jurisdicción Especial para la Paz.
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La magistrada precisó que, en caso de avanzar por el camino restaurativo, se organizará una audiencia de reconocimiento.
En sus palabras, “para que exista reconocimiento, se debe aceptar la responsabilidad, el daño causado y que estos crímenes de guerra no pueden tener perdón judicial”. Si la Sala de Reconocimiento así lo dispone, se habilitará la imposición de sanciones restaurativas.
Dichas sanciones, deben corresponder con los daños específicos detectados e involucrar activamente a las personas afectadas en su diseño y aplicación.
Ante las críticas por supuesta impunidad derivada de la ausencia de privación de libertad en algunas sanciones, Rueda Guzmán defendió el modelo de la JEP, destacando que el proceso ha permitido revelar “patrones macrocriminales inéditos”.
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También mencionó que la atribución de responsabilidad penal individual por políticas colectivas de grupos armados marca una transformación judicial relevante, y que el trabajo realizado ha logrado visibilizar el verdadero alcance de la violencia sufrida por la niñez en el conflicto armado.
La magistrada aclaró que, si la Sala de Reconocimiento determina que la aceptación de responsabilidad es suficiente, se emitirá una resolución de conclusiones, tras la cual la sección correspondiente definirá las sanciones concretas en estricto apego a las normas del sistema. Insistió en que el diálogo con las víctimas es central en la construcción y validación de cada medida restaurativa.
Finalmente, Rueda Guzmán remarcó la relevancia del conocimiento adquirido para prevenir la repetición de estos crímenes y para analizar el riesgo persistente que enfrenta la niñez en el país.
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“No partimos de una base de indiferencia o desconocimiento”, afirmó la magistrada, enfatizando que el proceso ha servido para dimensionar la magnitud del daño causado y para sentar las bases de unas sanciones orientadas a la reparación real y la no repetición.
La Jurisdicción Especial para la Paz avanza hacia una etapa en la que la participación directa de las víctimas y el reconocimiento de responsabilidad por parte de los comparecientes se integran como elementos centrales en la búsqueda de justicia transicional. El proceso contribuye a la construcción de mecanismos sancionatorios que priorizan la reparación y la prevención, fortaleciendo el enfoque restaurativo y la visibilidad de las afectaciones sufridas por la niñez en el conflicto armado.