
Leonardo Ayala, un empleado de TD Bank en Doral, Florida, Estados Unidos, confesó en febrero del 2026 su participación en una red que facilitó la salida de más de US $5,5 millones a Colombia mediante tarjetas de débito fraudulentas vinculadas a cuentas bancarias ficticias.
La acusación, presentada en diciembre de 2024 ante la Corte de Distrito de Nueva Jersey, detalla cómo las evidencias fotográficas y los correos electrónicos internos del banco jugaron un papel clave para desmantelar la operación.
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Según el expediente judicial, Ayala emitió decenas de tarjetas para empresas fantasma, usando identidades de personas que no tenían control real sobre los fondos.
La investigación federal revela que entre julio y septiembre de 2023, estas tarjetas permitieron retirar más de medio millón de dólares directamente en cajeros de Colombia.
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El esquema funcionaba fragmentando los retiros para evadir los límites diarios de extracción. En una sola de las empresas ficticias —identificada como Shell Company-A— Ayala emitió más de 25 tarjetas de débito, enviadas desde una dirección en Plainfield, Nueva Jersey, hacia Colombia.
Posteriormente, abrió cuentas adicionales y emitió nuevas tarjetas, incluyendo al menos 150 vinculadas a operaciones de su colega y ex empleado de TD Bank en Nueva Jersey, Oscar Marcel Nunez-Flores. Estas tarjetas permitieron concretar más de 10.000 movimientos por un total cercano a 4,7 millones de dólares.
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El Departamento de Justicia documentó además que Ayala cobraba tarifas fijas por los servicios ilícitos: US $700 por apertura de cuenta de empresa, US $150 por cuenta personal y US $50 por cada tarjeta emitida.
Entre septiembre y noviembre de 2023, recibió transferencias por US $2.250 de un intermediario identificado como “Individual-B”, mediante aplicaciones de pago.
En un correo registrado, Ayala reconoció: “Tengo que ir a buscar más dinero porque estoy en lo mío, no ayudo más a los venezolanos hasta que esté pagado”.
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Otro elemento crítico para la investigación fueron las fotos de las tarjetas y correspondencia interna del banco. Los fiscales señalaron que Ayala remitió imágenes de las tarjetas y confirmaciones de envío por correo electrónico corporativo, lo que permitió a los investigadores reconstruir el flujo de dinero y establecer la participación directa del empleado.
Incluso, cuando TD Bank bloqueó tarjetas por actividad sospechosa, Ayala logró reactivarlas usando el sistema interno.
El caso se enmarca en un periodo complicado para TD Bank, que entre fines de 2024 y principios de 2025 enfrentó sanciones por más de US $3.000 millones y límites regulatorios a sus activos en Estados Unidos.
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La entidad ya había aceptado pagar US $1.800 millones en octubre de 2024, y reconoció desembolsos adicionales en mejoras de cumplimiento y remediación.
Las investigaciones señalaron fallas sistémicas en los controles internos que permitieron que empleados en Florida abrieran decenas de cuentas en Nueva Jersey y emitieran tarjetas sin alertar a los sistemas de monitoreo.
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La participación de Ayala no fue un hecho aislado. Nunez-Flores admitió haber facilitado operaciones para lavar US $26 millones hacia Colombia, mientras otro ex empleado de TD Bank en Manhattan confesó ayudar a mover casi US $475 millones, recibiendo sobornos en tarjetas de regalo por más de US $11.000.
Estos casos evidencian un patrón de vulnerabilidades dentro del banco y la capacidad de la red para sortear controles internos usando documentación, fotos y correos electrónicos como prueba de la operación.
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Ayala reconoció que, a pesar de haber recibido capacitación sobre prevención de lavado de dinero y sobornos, permitió que estas transacciones fraudulentas siguieran adelante.

Admitió haber notado señales típicas de blanqueo y contacto con intermediarios, aunque negó recibir pagos directos, contradiciendo la evidencia documentada.
Tras declararse culpable en febrero de 2026, Ayala enfrenta hasta 20 años de prisión por conspiración de lavado de dinero y 30 años por soborno bancario. La audiencia de sentencia está programada para el 11 de junio en la corte federal de Newark, Estados Unidos.
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Por su parte, TD Bank anunció una inversión de más de US $1.000 millones hasta 2026 para modernizar sus programas de prevención y cumplir con los límites regulatorios, incluyendo la reducción de su cartera de activos en Estados Unidos en US $48.000 millones.
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