En Aquitania, municipio ubicado en el departamento de Boyacá, una denuncia sobre el acceso restringido a medicamentos esenciales ha reavivado el debate sobre la crisis del sistema de salud en Colombia.
El abogado y candidato presidencial, Abelardo de la Espriella, relató en su cuenta oficial de la red social X un episodio vivido durante su visita a la región: una campesina le expresó que no recibía los fármacos vitales recetados debido a la negativa de la Entidad Promotora de Salud (EPS) encargada.
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De la Espriella subrayó que esta situación representa “una vida en riesgo”, según lo consignado en su publicación, y reiteró su compromiso personal para asistir a la afectada de forma inmediata.
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“No podía quedarme en palabras. Me comprometí a ayudarla de inmediato, mientras damos la batalla para que ningún colombiano vuelva a mendigar lo que por derecho le corresponde”, escribió el abogado, quien ha sido crítico del modelo actual de aseguramiento en salud.
El caso difundido por De la Espriella pone el foco sobre las frecuentes denuncias de pacientes que reportan dificultades para acceder a medicamentos, tratamientos y procedimientos médicos dentro del sistema administrado por las EPS.
Según cifras oficiales, miles de usuarios han presentado reclamos en el último año por demoras o negaciones en la entrega de servicios básicos de salud. De la Espriella mencionó que su intervención no es un hecho aislado, sino un símbolo de una problemática estructural que afecta a millones de ciudadanos.
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“Por ella, y por los millones de compatriotas que hoy sufren esta crisis humanitaria, restableceré el sistema de salud para que deje de ser un privilegio y vuelva a ser una garantía real”, afirmó De la Espriella en su publicación.
El abogado ha reiterado que el acceso universal a la salud debe ser una garantía constitucional y no puede depender de trámites burocráticos ni de la capacidad de pago de los usuarios. La situación en Boyacá refleja un fenómeno extendido en distintas regiones del país.
Alerta en el sector salud por traslado masivo de afiliados a la Nueva EPS
El traslado de más de tres millones de afiliados a la Nueva EPS, tras la expedición del Decreto 0182 de 2026, ha encendido alertas en el sector salud. Jorge Toro, director de la Unión de las IPS, advirtió sobre los riesgos asociados con la reorganización del aseguramiento en las condiciones actuales.
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Según el directivo, la concentración de usuarios en una sola entidad podría afectar la calidad, el acceso y la oportunidad en la prestación de servicios, tanto para quienes llegan como para quienes ya estaban vinculados a la Nueva EPS.
El gremio remarcó la incertidumbre en torno al tamaño real de la cartera de la entidad, señalando que la falta de información financiera reciente complica una evaluación precisa.
“No solo es el impacto para los que llegan, sino para los que están”, subrayó Toro al detallar que el aumento de usuarios podría agudizar los problemas existentes. De acuerdo con la Superintendencia Nacional de Salud, la Nueva EPS tendría pasivos cercanos a los 15 billones de pesos, aunque la cifra no ha sido confirmada plenamente por los estados financieros más recientes.
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El proceso de reorganización de la red de prestadores también genera inquietudes. La Nueva EPS estaría realizando ajustes contractuales, lo que implica dejar de contratar con algunas instituciones mientras incorpora otras nuevas.
“Reorganizar la red implica dejar de contratar con algunas IPS, manteniendo deudas pendientes, y abrir contratos con otras, con el riesgo de repetir incumplimientos”, declaró Toro.
El gremio destacó que varias EPS intervenidas no postulan la totalidad de facturas bajo el mecanismo de giro directo y que los montos reconocidos no coinciden con lo radicado por las IPS.
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Frente a este panorama, la Unión de las IPS enfatizó la necesidad de garantizar sostenibilidad financiera, capacidad operativa y acceso efectivo para los usuarios, mientras el debate sobre la reforma y la reorganización del sistema de salud sigue en curso.