La Agencia Nacional de Tierras (ANT) se refirió a los alcances del Decreto 0174 de 2026, con el que el Gobierno Petro estableció la emergencia económica, y aclaró que no implica expropiaciones arbitrarias ni vulnera la propiedad privada en el proceso de adquisición de terrenos rurales ligado a la emergencia climática. La entidad anunció la preselección de hectáreas y señaló que ya se dispone un presupuesto para el procedimiento extraordinario.
Según la entidad que dirige Juan Felipe Herman, el decreto autoriza la compra expedita de tierras estatales y, en primera instancia, de activos en poder de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). En caso de que no haya suficiente disponibilidad, contemplaría la adquisición voluntaria a privados. La ANT aseguró que durante el Gobierno actual no se expropió ni una sola hectárea a particulares por vías forzosas.
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Con la medida, la agencia precisó que recibe facultades para efectuar la compra de tierras de manera más ágil, con el fin de destinarlas a la reubicación de personas damnificadas y reconocidas de manera oficial ante la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Por medio de un comunicado, la ANT explicó que “el procedimiento especial habilitado por la emergencia reduce el plazo de adquisición de predios a 30 días, mientras que en escenarios normales el proceso se extiende entre cuatro y cinco meses”. El mecanismo, según esta, busca sanear la tenencia de los terrenos, formalizar la escritura y concretar la compra con la mayor rapidez ante el contexto de emergencia.
De igual manera, enfatizó en que la destinación final de los terrenos adquiridos bajo este esquema será de manera exclusiva para las personas que figuren como damnificados ante la Ungrd.
Destino y justificación de las tierras adquiridas
Los predios obtenidos mediante el proceso especial de la ANT serán utilizados para la reubicación temporal o definitiva de familias afectadas, con particular atención al departamento de Córdoba, una de las zonas más impactadas por la ola invernal.
Según la ANT, “la selección prioritaria de 28.000 hectáreas administradas por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) responde a la idoneidad de esos terrenos para usos agrícolas y habitacionales, facilitando la recuperación de la actividad rural tras la emergencia”.
La estrategia prevé la utilización inicial de estas tierras de origen estatal. Así las cosas, el paso a la compra de tierras a privados solo se consideraría cuando las estatales no sean suficientes y si los propietarios han mostrado voluntariamente su intención de vender. “El presupuesto de $500.000 millones se destina a la etapa inicial de compra y reubicación, confirmó la agencia”, indicó.
La prioridad, puntualizó la ANT, “es responder de forma ágil a la crisis humanitaria generada por las inundaciones y no modificar el régimen de propiedad mediante procedimientos forzosos”.
Críticas de la oposición y preocupaciones legales
La aclaración se da porque, entre otros, la senadora Paloma Valencia, aspirante presidencial del Centro Democrático, criticó el alcance del Decreto 0174. Calificó la normativa como una “expropiación exprés” y reclamó que “el Gobierno revivió la extinción de dominio exprés en los siete departamentos afectados por la emergencia económica”.
Valencia advirtió por medio de X que “en menos de 15 días la ANT podrá quitarle la tierra a la gente sin pagar indemnización y sin que un juez intervenga”. Señaló además que, aunque los propietarios podrían recurrir a la justicia, “los procesos judiciales podrían tardar años”, situación que pone en riesgo la propiedad rural en las zonas impactadas.
La senadora manifestó su inquietud por el debilitamiento de las garantías judiciales habituales y el riesgo de establecer un precedente negativo con la figura de la “expropiación exprés”, que, sostiene, saltaría los canales convencionales de defensa legal.
Alerta del sector privado sobre medidas extraordinarias
El Consejo Gremial Nacional (CGN), que agrupa a los principales gremios del país, respaldó a las víctimas de la emergencia pero cuestionó el uso de las facultades extraordinarias para introducir “modificaciones estructurales en materia tributaria, ambiental, financiera, operativa y sectorial”.
De acuerdo con la organización, las medidas derivadas de la Emergencia Económica superan el alcance temporal previsto por la Constitución, trasladando atribuciones del legislativo al Ejecutivo. Expresó su preocupación sobre la instauración de precedentes regulatorios más amplios, en especial sobre la jurisdicción agraria y el sistema tributario.
De igual forma, el gremio destacó su desacuerdo con la posible “imposición de cargas” sobre actividades productivas y la posibilidad de recursos extraordinarios bajo medidas que, a su juicio, deben limitarse a necesidades humanitarias y coyunturales. Insistió en la importancia de preservar los límites institucionales en el uso de las facultades excepcionales atribuidas por la emergencia.