El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) denunció que a más de 4.000 docentes pensionados se les pagó la prima de mitad de año sin que cumplieran los requisitos legales, lo que representaría un monto total de $83.000.000.000 y abrió un debate sobre la transparencia de estos desembolsos.
En medio de la controversia, parte de la atención pública se concentra ahora en los hallazgos recientes de la Justicia en Armenia, Quindío, que incluyó el envío de copias al Fomag con la directriz expresa de no autorizar ciertos pagos a docentes.
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Uno de los señalados por el proceso judicial es Yobany López Quintero, abogado conocido por su defensa de los intereses de los maestros oficiales, que sostiene que los beneficiarios no recibieron ningún pago indebido y rechaza cualquier insinuación sobre irregularidades en el manejo de la información o la obtención de listados.
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López Quintero argumentó que el Ministerio de Educación solicitó en 2001 al Consejo de Estado mantener bajo reserva una sentencia clave para los pensionados, y que dicha sentencia, favorable a los docentes sobre la prima de mitad de año, permaneció sin difundirse durante más de dos décadas. Según su explicación en Caracol Radio, la revisión del alto tribunal que reconoció el derecho a la prima se concretó en 2020, pero esa decisión continuó oculta hasta el año pasado, lo que privó a los maestros de conocer y reclamar sus derechos a tiempo.
El abogado afirmó al medio citado que, al margen de sus funciones, existe un procedimiento formal que el Fomag cumple y por el cual recibe notificaciones oficiales sobre cada uno de los reconocimientos administrativos otorgados a los más de 9.000 docentes representados. Resalta que la entidad también le suministra directamente los listados pertinentes, conforme a la práctica habitual en el reconocimiento de prestaciones. López enfatiza que nunca accedió a información de manera irregular y remarca la legitimidad de todo el proceso.
Controversia sobre pagos y honorarios a los maestros por parte de Fomag
El debate se agudizó por el monto total de los pagos otorgados y por la cantidad de recursos que, según versiones públicas, López habría percibido en honorarios tras los litigios ganados, una suma que alcanzaría $20.000.000.000. El abogado replica que estos ingresos corresponden exclusivamente al éxito de su labor profesional y al pago de salarios de sus más de 100 empleados y colaboradores, desmarcándose de cualquier tipo de irregularidad o enriquecimiento personal ilegítimo.
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Sobre las acusaciones del Fomag sostuvo: “Yo lo que estoy cobrando son mis honorarios de mi trabajo”, y recalca que su proceder se encuentra documentado ante las autoridades correspondientes. “Yo tengo acreditado todos los poderes, todos los contratos, todas las solicitudes y las demandas que radiqué con todo ese grupo de maestros que reclamaron su derecho”, declaró al medio citado.
La situación escaló con denuncias dirigidas al vicepresidente de prestaciones económicas del Fomag, a quien López acusa de difamación por haberlo tildado de extorsionista. Según el abogado, los trámites siguieron siempre las rutas administrativas y legales correspondientes, y la entrega de listados de docentes por parte de la entidad responde a un procedimiento rutinario y no a la filtración irregular de bases de datos.
El Fomag, por su parte, fundamentó las denuncias en la compulsa de copias enviada por el juzgado de Armenia, en la que justifican la suspensión y revisión de los pagos cuestionados a más de 4.000 pensionados. La entidad estatal también sostuvo que no existía base para realizar estos desembolsos, lo que agudiza el debate en torno a la interpretación y difusión tardía de las sentencias judiciales.
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