El candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, envió una carta dirigida a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional en la que se comprometió a mantener y ampliar los beneficios salariales, prestacionales y pensionales adoptados durante el gobierno de Gustavo Petro.
El pronunciamiento busca despejar inquietudes surgidas en medio del debate electoral sobre un eventual cambio en las condiciones laborales de la Fuerza Pública.
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En el comunicado, Cepeda fue enfático al señalar que no habrá retrocesos en los derechos económicos alcanzados en los últimos años.
“Afirmo que no modificaré las medidas en materia salarial, prestacional o pensional que ha tomado el actual gobierno”, escribió el candidato, quien además aseguró que estudiará mecanismos para “seguir ampliando y consolidando las decisiones que lleven al pleno ejercicio de sus derechos económicos y sociales, priorizando su nivelación salarial”.
La carta, dirigida a “las señoras y señores integrantes de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional”, tiene un tono institucional y directo. Cepeda explicó que su intención es fijar desde ahora los principios que guiarían su eventual gobierno como “Jefe de Estado y Comandante Supremo de la Fuerza Pública”, con el fin de ofrecer “certeza y claridad” frente a versiones que, según dijo, han intentado sembrar dudas sobre su posición.
“He sido informado que como parte de las numerosas campañas de opinión que se llevan a cabo en el debate electoral, se ha intentado convencer a sectores de la institucionalidad que, de ser elegido Presidente de la República, yo afectaría los derechos laborales de los militares y policías del país”, señaló en el documento. Frente a ello, respondió con una garantía explícita de continuidad.
El Gobierno implementó una reforma que elevó el ingreso mensual de soldados regulares y auxiliares de Policía hasta equipararlo al 100 % del salario mínimo legal vigente.
Desde enero de 2026, los jóvenes que prestan el servicio militar obligatorio reciben $2.000.000 mensuales, suma compuesta por un ingreso básico y un auxilio de transporte, lo que representó un incremento histórico frente a años anteriores.
Cepeda no solo prometió preservar esas medidas, sino también proyectar su fortalecimiento. En la carta indicó que “estudiaré la forma en cómo seguir ampliando y consolidando las decisiones” adoptadas, con énfasis en la nivelación salarial. Esta referencia apunta a la necesidad de reducir brechas internas y garantizar condiciones más equitativas dentro de la estructura de la Fuerza Pública.
El candidato sostuvo que la institucionalidad democrática requiere unas Fuerzas Militares y de Policía “sólidas, profesionales, con garantías de bienestar para su base y con la plena dignidad que exige su misión constitucional”.
Añadió que su visión parte del reconocimiento de la función que cumplen en la defensa de la soberanía, la integridad territorial y el orden constitucional, así como en la protección de la población y la construcción de condiciones de paz.
Nuevos umbrales salariales y alcance de la reforma
El ajuste que hoy defiende Cepeda se fundamenta en la Ley 2384 de 2024 y en el Decreto 1469 de 2025, normas que redefinieron la estructura de ingresos de soldados y auxiliares de Policía.
Actualmente, el salario se compone de un ingreso básico de $1.743.882 y un auxilio de transporte de $256.118, lo que eleva la remuneración al 100 % del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (Smmlv).
El pago se realiza mediante consignación directa en cuenta bancaria, bajo los mismos protocolos administrativos de cualquier trabajador formal.
De esta manera, cerca de 98.000 jóvenes conscriptos pasaron a estar en igualdad de condiciones frente a otros empleados del país, al menos en términos de reconocimiento salarial y formalización del ingreso.
El Ministerio de Defensa explicó que la medida transformó una situación histórica: hasta 2023 los soldados recibían apenas el 30 % del salario mínimo; en 2024 el porcentaje subió al 50 % y en 2025 al 70 %, equivalente a cerca de $996.450. Solo con la implementación plena en 2026 se alcanzó el 100 %, lo que representó un salto significativo en las condiciones económicas del personal de base.