Cerca de 19.869 bienes incautados a narcotraficantes y redes criminales, valorados en seis billones de pesos, estarían corriendo el riesgo de regresar a antiguos propietarios tras la suspensión provisional de una directriz clave sobre medidas cautelares.
El riesgo involucra especialmente bienes vinculados al clan del Golfo, Enilce López (“la Gata”), Juan Carlos Ramírez (“Chupeta”), los hermanos Álvarez Meyendorff, cabecillas históricos del cartel de Cali como Helmer ‘Pacho’ Herrera y Phanor Arizabaleta Arzayus, y a Carlos Antonio Moreno Tuberquia.
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El problema surgió después de que el ciudadano Édgar Javier Navia demandara ante el Consejo de Estado el Instructivo Administrativo No. 9 de la Superintendencia de Notariado y Registro, emitido el 2 de noviembre de 2022. Este instructivo permitía excluir los bienes en extinción de dominio del plazo de caducidad de las medidas cautelares, que, según la Ley 1579 de 2012, era de diez años.
La legislación vigente, conforme al artículo 64 de la Ley 1579, exige renovar las medidas cautelares y contribuciones especiales sobre bienes antes de diez años. De no renovarse, la protección caduca y el embargo se cancela.
La suspensión provisional de esa directriz, ordenada por el Consejo de Estado a comienzos de febrero de 2024, abrió la puerta a que fincas, hoteles, vehículos y otros activos incautados puedan ser restituidos. De acuerdo con información conocida por El Tiempo, casi el 57% del inventario bajo la custodia de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) está en peligro.
El asunto legal radica en que la excepción que protegía estos bienes se estableció a través de una directriz administrativa y no mediante una ley formal. Lo anterior permitió que Navia solicitara su anulación y que el Consejo de Estado decretara la suspensión temporal del instructivo hasta decidir de fondo.
A raíz de ello, la Superintendencia notificó a todas las oficinas de registro sobre la suspensión, ordenando iniciar el levantamiento de embargos, según lo interpretado por diversos sectores entrevistados por el mencionado medio.
Ricardo Agudelo Sedano, superintendente de Notariado y Registro, señaló al diario nacional que la entidad debe acatar de inmediato la suspensión, incluso cuando los recursos de apelación estén en trámite.
“La interposición de cualquier recurso no impide el cumplimiento inmediato de la medida, razón por la que incluso estos recursos se conceden en el efecto devolutivo”, explicó el funcionario.
El 13 de febrero, la Superintendencia emitió una nueva circular dirigida a todos los registradores de instrumentos públicos. En esta se ordena que, ante cualquier solicitud de levantamiento de medidas cautelares sobre bienes en proceso de extinción de dominio, se notifique previamente a la autoridad judicial correspondiente y a la SAE, para que puedan solicitar una nueva medida cautelar de manera urgente.
“Lo que se busca es que, de manera urgente, se envié nuevamente la solicitud de medida cautelar que impida el levantamiento de dichas inscripciones y por ende opere la caducidad de la medida”, indicó Agudelo Sedano.
El superintendente aseguró que la Superintendencia monitorea todos los casos relacionados en coordinación con la SAE y la Fiscalía. Sin embargo, fuentes de Gobierno consultadas por El Tiempo consideran que estas directrices resultan insuficientes y tardías frente al volumen de bienes susceptibles de ser reclamados. Ello podría derivar en una avalancha de devoluciones, difícil de controlar mientras se gestionan nuevas órdenes judiciales.
“Se verían afectados casi la totalidad de bienes incautados a la mafia y a operadores de la corrupción que están inmersos en largos procesos de extinción que se pueden prolongar incluso décadas”, señaló la fuente al diario nacional.
Abogados y expertos advierten que, al haber sido emitida mediante una directriz y no por medio de una ley, la norma impugnada difícilmente superará el control judicial del Consejo de Estado. Subrayan la necesidad de un mecanismo especial para evitar que el patrimonio incautado termine volviendo masivamente a manos de investigados por delitos graves.