Subgerente de Rtvc publicó el polémico contrato con el que se habría contratado supuesto maquillador de Verónica Alcocer

La controversia sobre el manejo de recursos públicos en la Presidencia de Colombia se intensificó tras denuncias que apuntaban a la existencia de un contrato millonario supuestamente orientado a beneficiar al maquillador y al fotógrafo vinculados a la primera dama, Verónica Alcocer.

Como consecuencia, se abrió una investigación preliminar en la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, el sistema de medios públicos Rtvc negó cualquier irregularidad o personalización de ese contrato para servicios exclusivos.

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Las denuncias señalaron la existencia de contratos suscritos desde 2022, considerados de alto valor y firmados bajo la modalidad de contrato por prestación de servicios. Las acusaciones mencionaban pagos a Fady Javier Flórez (maquillador) y Mauricio Vélez (fotógrafo), relacionados con actividades de la primera dama. El argumento central de la crítica era la posible falta de transparencia en la contratación pública, insinuando beneficios directos a ciertos contratistas.

Sin embargo, en la mañana del domingo 15 de febrero, la subgerente del Sistema Público de Medios, María Paula Fonseca Gómez, publicó en su cuenta de X el contrato al centro de la polémica, aclarando que no se trató de una irregularidad, sino de un convenio habitual en el Ejecutivo.

Según el documento, el acuerdo está firmado con la Cooperativa de Trabajo Asociado Soluciones de Audio y Video (Savi). A través de la modalidad de administración delegada, la cooperativa actúa como intermediaria y cubre la producción audiovisual y los servicios logísticos para las actividades de la Presidencia.

Los servicios contemplan desde maquillaje y fotografía hasta alojamiento, desplazamientos, montaje y desmontaje de escenarios, alimentación y transmisión audiovisual de eventos oficiales.

La cláusula principal exige proveer los bienes y servicios necesarios para la producción audiovisual del Departamento Administrativo de la Presidencia. Otra cláusula especifica la provisión de recursos humanos, técnicos y logísticos, incluyendo maquillaje, vestuario, internet, transporte, catering y otros elementos esenciales para la transmisión de actos oficiales.

El contrato también obliga a la cooperativa a cumplir con normativas legales, ambientales y de transparencia, así como a ajustar la contratación a los protocolos institucionales vigentes.

En respuesta a las denuncias, Rtvc y su subgerente Fonseca rechazaron cualquier irregularidad. La funcionaria enfatizó que el monto anual del contrato no ha superado los 5.000 millones y negó que exista un acuerdo exclusivo para maquillaje o fotografía para la primera dama.

Incluso, Fonseca defendió la legalidad y la continuidad histórica de este tipo de contratos, usados desde 2006 para cubrir actividades oficiales de la Presidencia bajo distintas administraciones.

“Este es el contrato que tiene RTVC con la cooperativa Savi para proveer todos los servicios logísticos y de producción para el cubrimiento de la presidencia de la República. Es perverso como @RevistaSemana @elcolombiano @lasillavacia y la oposición han querido hacer parecer este contrato que anualmente no ha pasado de 5 mil millones y comprende muchos servicios como unos simples contratos para un maquillador y un fotógrafo”, señaló la subgerente.

La directiva insistió en que el contrato responde a la necesidad integral de servicios logísticos y técnicos para la institución, no a encargos personalizados. También aclaró que la cifra destacada en las denuncias no corresponde a pagos directos ni únicos por maquillaje o fotografía, sino al conjunto de requerimientos para la infraestructura audiovisual nacional e internacional.

Respecto al esquema de pagos y subcontrataciones, la cooperativa Savi es la entidad que contrata a los profesionales encargados de cada servicio, incluyendo a Flórez y Vélez.

Según el documento, Rtvc no realiza pagos directos a estos colaboradores; su vinculación y remuneración se ejecutan mediante contratos de prestación de servicios gestionados por la cooperativa de trabajo asociado.

Varias voces críticas han cuestionado el mecanismo contractual implementado. El experto en crimen financiero Juan Carlos Portilla advirtió a la revista Semana que la modalidad de administración delegada puede reducir los niveles de control y facilitar el direccionamiento indebido de dinero público.

Según Portilla, este esquema favorece irregularidades administrativas e incrementa el riesgo de que ciertos contratistas se beneficien al margen de los principios de transparencia y equidad que rigen la contratación estatal. Su análisis apunta a indicios de delitos administrativos y una gestión deficiente de recursos públicos.