La Fiscalía General de la Nación mantiene abierta una investigación sobre presunto despilfarro de fondos públicos en el actual gobierno de Colombia.
El caso involucra la destinación de 23.000 millones de pesos para la contratación de un maquillador y un fotógrafo asignados exclusivamente a Verónica Alcocer, expareja del presidente Gustavo Petro. Los contratos se ejecutaron a través del sistema de medios públicos RTVC, bajo la dirección de Holman Morris.
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El escándalo ha generado una ola de reacciones en el ámbito político. La senadora Paloma Valencia difundió un video en la red social X donde cuestionó el uso de estos recursos.
“Oiga pues, bonito así. 23 mil millones para que maquillen y le tomen fotos a la primera dama”, expresó la aspirante presidencial del Centro Democrático, subrayando el contraste con las necesidades insatisfechas en regiones como Córdoba, Montería y el Urabá.
Valencia agregó: “Mucha vanidad y mucho descaro, porque un país que tiene tantas necesidades, cuando uno ve lo que está pasando en Córdoba, en Montería, en el Urabá, despilfarrar la plata”.
La legisladora criticó que el gobierno, en medio de dificultades presupuestales, priorice el gasto en servicios suntuarios por encima de necesidades esenciales.
“Que la verdad de las cosas es que este gobierno tiene locas las prioridades. Uno tiene que primero gastar en lo necesario, después en lo útil y después los suntuarios”, afirmó.
Valencia señaló que los recursos públicos deberían destinarse a “Montería, Córdoba, Urabá, donde la población requiere atención, debieran estar en la salud, no en los bolsillos de los amigos del Gobierno”, tras las crisis que enfrentan por las fuertes lluvias.
La candidata presidencial sostuvo que “este país merece más. Uno puede gobernar con orden para que las finanzas públicas tengan claras las prioridades”.
En el mismo sentido, el representante Miguel Polo Polo utilizó su perfil en X para cuestionar el manejo de los fondos.
“¿Entonces Rtvc le entregó 23 mil millones de pesos en contratos al maquillador y estilista de Verónica Alcocer?”, preguntó Polo Polo, asociando la situación con la declaratoria de “emergencia económica” en el país.
“¿Y Córdoba? Bien, gracias… bajo el agua. Sigan votando por el pacto histórico”, añadió el congresista, en referencia al movimiento político liderado por Petro.
Contratos gestionados por Savi y Rtvc destinan casi $23.000 millones a maquillador y fotógrafo vinculados a Verónica Alcocer
De acuerdo con Semana, la suma total de los acuerdos, cercana a 23 mil millones de pesos, se gestionó a través del sistema de medios públicos y la Cooperativa de Trabajo Asociado Soluciones de Audio y Video (Savi), bajo la modalidad de administración delegada y vinculación de terceros.
La estructura de contratación contemplaba que la Radio Televisión Nacional de Colombia (Rtvc) suscribía convenios con la cooperativa Savi, que posteriormente seleccionaba a los beneficiarios finales.
Como resultado, Fady Javier Flórez, maquillador, recibió al menos cinco contratos, y Mauricio Vélez, fotógrafo, obtuvo siete, según la documentación revisada por la Fiscalía General de la Nación. El primer acuerdo se otorgó en septiembre de 2022, un mes después del inicio del mandato presidencial de Petro.
En ese mismo periodo, el fotógrafo Vélez fue beneficiario de un contrato de tres meses por valor de $1.214.000.000, seguido de otro de cuatro meses que alcanzó $1.921.000.000.
Los registros consultados por Semana revelan que, durante los primeros meses de la administración, Vélez acumuló más de tres mil ciento treinta millones de pesos mediante este mecanismo.
En 2023, tanto Flórez como Vélez figuraron en un contrato conjunto de $5.549.000.000 gestionado a través de Savi. Ese año, otra adjudicación sumó $1.792.000.000, consolidando una cifra total de $7.341.000.000 para servicios de imagen.
En 2024, se suscribió un nuevo acuerdo por ocho mil millones de pesos, manteniendo el mismo esquema de contratación indirecta.
Para el segundo semestre de 2025, se firmó otro contrato por $3.976.000.000. El medio citado señaló que esta secuencia de adjudicaciones impactó de manera considerable el presupuesto público, motivando la denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación, que actualmente revisa la legalidad de los procedimientos y el destino de los fondos.
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