Tropas del Ejército Nacional y la Policía de Nariño reportaron la detención de Luis Alberto Villota Rodríguez, conocido con el alias de Tito, considerado el tercero al mando del Frente Comuneros del Sur, facción que se separó del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Según el reporte entregado por la institución castrense a Blu Radio, la captura se produjo en el corregimiento de Corea de Remolinos, zona rural del municipio de Taminango (Nariño, sur occidente de Colombia).
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Este sujeto, según la información militar, cuenta con una circular azul de Interpol en su contra y enfrenta investigaciones por secuestro, abuso, tortura y el asesinato de la mujer Jenith Andrea Rodríguez, destacada líder juvenil del corregimiento de Madrigal, en el municipio de Policarpa.
Frente a este caso, las autoridades señalaron que se vincula a disputas dentro del entramado ilegal. Líderes sociales y comunidades de la región denunciaron que, según versiones iniciales, la joven habría sido asesinada por mantener una relación sentimental con un miembro del frente Franco Benavides, vinculado a disidencias de las Farc bajo el mando de alias Iván Mordisco.
Este contexto revela la presencia de conflictos internos que alcanzan a líderes comunitarios y generan preocupaciones sobre la protección de defensores de derechos humanos en la región.
Además, Villota Rodríguez hace parte del equipo negociador del frente guerrillero, que actualmente se encuentra en una mesa de negociación de paz con el Gobierno colombiano, liderado por el presidente Gustavo Petro.
La Fiscalía suspendió cualquier consideración de inmunidad, aunque este sujeto cuenta con su condición de gestor de paz, hecho que genera tensiones en los avances de diálogo con organizaciones al margen de la ley.
Tras su detención, el hombre fue trasladado directamente a las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) en Pasto, capital del departamento nariñense, mientras avanza con la judicialización correspondiente.
Las autoridades evaluarán su situación jurídica, mientras crecen los interrogantes sobre la continuidad de los diálogos de paz en los que participa el frente Comuneros del Sur ante la captura de uno de sus cabecillas autorizados. Desde la Consejería Comisionada de Paz no se ha conocido ningún pronunciamiento al respecto.
Gestores de paz de los Comuneros del Sur
Recientemente, se conoció un documento en la que el Ejecutivo extendió el permiso para que nueve cabecillas de los Comuneros del Sur mantuvieran su calidad como gestores de paz para avanzar en el proceso de paz que se desarrolla en el sur occidente colombiano, que estará vigente hasta el mes de agosto de 2026 .
Entre los nueve designados bajo esta figura, contemplada en la resolución 043 del 6 de febrero de 2026, se encuentra Luis Alberto Villota Rodríguez.
Además de alias Tito, la lista incluye a Ana Milena García Leiton, alias Sonia, condenada a 40 años de prisión por el secuestro de una familia en Jamundí, Valle del Cauca.
Del mismo modo, se encuentran Jaime Edilson Rodríguez Moreano, alias Yovany, vinculado a redes de narcotráfico en Ecuador; Ómar Robinson Vallejo España, acusado del homicidio de dos policías en Nariño; y Édgar Humberto Restrepo Benjumea, conocido como Mono Clinton, jefe del frente urbano del ELN.
Completan el grupo Diego Fernando García, Jesús Andrés Cabezas, Yumer Arley Guerrero Castilla y Carlos Jhon Cabrera Ruales. Todos participan en las mesas de negociación con los Comuneros del Sur, donde su función consiste en organizar el proceso y promover iniciativas humanitarias.
De acuerdo con las autoridades, algunos de los designados enfrentan procesos o condenas por secuestros, atentados y homicidios contra miembros de la fuerza pública, así como sospechas de vínculo activo con estructuras delictivas del ELN.
El documento oficial establece que los gestores de paz deben aportar su conocimiento y experiencia al proceso. “El Gobierno nacional podrá, en cualquier momento, retirar la designación como gestores de paz de que trata el artículo anterior y, en consecuencia, solicitar la reactivación de las medidas penales ordinarias”, se lee en el oficio.
La resolución gubernamental exige que todos los gestores de paz suscriban compromisos formales. Deben comparecer ante la justicia cuando sean citados, documentar su participación y cumplir condiciones excepcionales, temporales y territoriales, anotadas en los respectivos planes de trabajo.
Respecto al alcance de estos nombramientos, el presidente Gustavo Petro ha dejado claro que la figura de “gestores de paz” no constituye un indulto automático. Su intención es que quienes tengan poder en los territorios y conozcan la realidad armada contribuyan activamente a los procesos de diálogo y reconciliación, priorizando la construcción de paz en el periodo restante de su mandato.
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