La adjudicación de contratos por más de $20.000.000.000 a un maquillador y un fotógrafo ligados a Verónica Alcocer, expareja del presidente de la República, Gustavo Petro, generó preocupación por posibles irregularidades en el uso de recursos públicos en Colombia.
La suma total de estos contratos, según informó Semana, alcanza casi $23.000.000.000, gestionados mediante el sistema de medios públicos y la Cooperativa de Trabajo Asociado Soluciones de Audio y Video (Savi) bajo la modalidad de administración delegada y vinculación de terceros. Estas operaciones motivaron una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación.
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El mecanismo empleado implicaba que la Radio Televisión Nacional de Colombia (Rtvc) contrataba a Savi, que actuaba como intermediaria para seleccionar a los beneficiarios finales. Fady Javier Flórez, maquillador, recibió al menos cinco contratos, y Mauricio Vélez, fotógrafo, siete contratos, según la documentación obtenida por el ente acusador.
El primer contrato fue otorgado en septiembre de 2022, un mes después de que Gustavo Petro asumiera la Presidencia. Rtvc firmaba los acuerdos con Savi, que posteriormente subcontrataba los servicios del maquillador y el fotógrafo. Así, la cooperativa figuraba como contratista principal, transfiriendo los encargos a Flórez y Vélez, de manera indirecta.
Los montos individuales por contrato resultan destacados. El primero, de tres meses, fue por $1.214.000.000 para el fotógrafo. Ese mismo año, un segundo contrato de cuatro meses sumó $1.921.000.000 para Vélez. En los primeros meses de la nueva administración, el fotógrafo recibió más de $3.130.000.000 a través de este esquema.
En 2023, ambos beneficiarios fueron incluidos en un contrato conjunto de $5.549.000.000, vinculado por medio de la cooperativa. Otro acuerdo ese año ascendió a $1.792.000.000. Las contrataciones de 2023 totalizaron $7.341.000.000 destinados a los servicios de Flórez y Vélez.
Para 2024, bajo el mismo modelo de contratación, se firmó un acuerdo por $8.000.000.000. En el segundo semestre de 2025, un nuevo contrato sumó $3.976.000.000, consolidando así una secuencia de asignaciones que afectaron notablemente el presupuesto estatal.
Los detalles de la denuncia por entrega de contratos
El profesor Juan Carlos Portilla, experto en crimen financiero y denunciante en la Fiscalía General de la Nación, afirmó que este mecanismo reduce la transparencia y los controles, y facilita el direccionamiento de recursos hacia beneficiarios específicos. “Esta figura... abre la puerta a posibles indicios de corrupción, pues se convierte en un mecanismo para direccionar recursos hacia contratistas específicos, beneficiando intereses particulares en detrimento del principio de igualdad y de la finalidad pública de la contratación estatal”, explicó en entrevista a Semana.
Portilla sostuvo que la administración delegada permitió transferir la responsabilidad a un intermediario, facilitando la adjudicación discrecional de contratos sin competencia pública real. Señaló además que el esquema de intermediación y la carencia de controles dificultaron el seguimiento sobre quién y cómo eran seleccionados los contratistas.
Por su parte, Rtvc, en respuesta a solicitudes legales reseñadas por el medio citado, defendió que “la persona mencionada estuvo vinculada en el marco de los contratos celebrados bajo la modalidad de administración delegada con la Cooperativa de Trabajo Asociado Soluciones de Audio y Video (Savi), en los contratos suscritos con dicha entidad, conforme a los periodos contractuales y fechas que se relacionan”. El sistema de medios públicos reiteró que su vínculo fue exclusivamente con la cooperativa, no con los profesionales subcontratados.
La Fiscalía investiga el modelo contractual y examina el rol del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), que firmó un convenio interadministrativo con Rtvc para que la gestión pasara a este sistema y a la cooperativa Savi. El análisis de la denuncia incluye la posibilidad de que se haya incurrido en estafa y otros delitos relacionados, ante la presunta utilización de la dignidad y representación institucional de la primera dama para beneficiar a terceros.
El panorama se complica tras la declaración pública del presidente Gustavo Petro sobre su separación de Verónica Alcocer. Esto plantea dudas legales acerca de la vigencia de los derechos y la función de Alcocer como “gestora social” de la Presidencia, condición clave en la adjudicación de los contratos señalados. Actualmente, el Dapre estudia el alcance legal de la representación administrativa de la primera dama en estos acuerdos.
La denuncia presentada solicita al órgano investigador que se interrogue a todos los involucrados, entre ellos Verónica Alcocer, Fady Javier Flórez, Mauricio Vélez y los representantes de la cooperativa Savi, para establecer si hubo actos de estafa, delitos conexos o responsabilidades administrativas surgidas durante el proceso licitatorio.
Según la documentación analizada por Portilla y citada por Semana, la utilización de estructuras contractuales y la aparente legitimación de actividades oficiales podrían haber funcionado como vía para privilegiar intereses privados bajo el pretexto de fines públicos.
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