Colombia inició un programa de erradicación de cultivos ilícitos de coca mediante drones equipados para aplicar glifosato, con respaldo del Departamento de Estado de los Estados Unidos, en un intento por revertir el récord de 253.000 hectáreas de cultivos ilícitos, conforme a la última medición de la ONU en 2023.
Esta estrategia tecnológica, defendida tanto por funcionarios de Colombia como de Estados Unidos, apunta a ser un punto de inflexión en la lucha antidrogas, al combinar eficacia operativa con una reducción de riesgos para los agentes antinarcóticos.
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El Departamento de Estado señaló en su cuenta oficial en la red social X que “esta tecnología podría cambiar las reglas del juego: menos cultivos de coca, más seguridad en Colombia, menos drogas letales en las calles estadounidenses y más vidas salvadas”.
Este mensaje ratifica el apoyo estadounidense al programa colombiano, tras años marcados por fricciones diplomáticas y la descertificación de Colombia como socio eficaz en la lucha antidrogas, tras considerar que no se hicieron suficientes esfuerzos para reducir los cultivos ilícitos.
El plan piloto ya cuenta con el aval del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Terrestre (Pecat), mientras que las autorizaciones finales están a cargo de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla).
La embajada estadounidense en Bogotá informó el viernes 13 de febrero que con este método se busca no solo incidir en la cantidad de cocaína que termina en Estados Unidos sino reducir el riesgo de muertes de soldados y policías colombianos que se ven expuestos en operaciones en zonas controladas por grupos armados ilegales.
Las autoridades destacaron que el empleo de drones en lugar de avionetas garantiza una aspersión más precisa y minimiza el impacto ambiental y sanitario.
El entonces ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, explicó a finales de 2025 que se trata de una modalidad “terrestre”, dado que los drones operan a una altura máxima de 1,5 metros sobre los cultivos.
Remarcó que “no es una decisión aérea, no es masiva, será quirúrgica, como de acupuntura, va a entrar a unos lugares de manera muy precisa, lo cual controla cualquier tipo de riesgo”. El funcionario añadió que no sería necesaria consulta previa en los territorios de intervención, puesto que el método solo se aplicará en áreas apartadas de comunidades campesinas o étnicas.
La suspensión de la fumigación aérea con glifosato en 2015 respondió a una orden de la Corte Constitucional, debido a los reportes sobre potenciales efectos cancerígenos de este químico, así como sus riesgos para la salud humana.
A partir de entonces, se insistió en la erradicación manual o voluntaria por parte de campesinos, aunque con resultados limitados y riesgos crecientes para los equipos operativos.
En ese contexto, solo en el año 2025 fallecieron 12 policías en un ataque al helicóptero que apoyaba labores de erradicación en tierra, según informaron fuentes oficiales.
La implementación del nuevo programa arrancará en el departamento del Cauca, con Argelia como territorio priorizado, según confirmó el director de Antinarcóticos de la Policía, general Ricardo Sánchez, que informó el 6 de enero al alcalde de Argelia, Osman Guaca, que “el plan de manejo ambiental de las actividades de intervención a cultivos ilícitos consta de siete programas, un plan de contingencias y uno de abandono y restauración final; su objetivo es prevenir, controlar y mitigar posibles afectaciones en estas tareas”.
El despliegue de las operaciones se mantendrá bajo estricta reserva por motivos de seguridad, en vista de las reiteradas asonadas en zonas de erradicación.
El episodio más grave ocurrió el 21 de agosto de 2025, en la vereda Los Toros (Antioquia), cuando un helicóptero de la Policía Antinarcóticos fue atacado y murieron 13 miembros del cuerpo policial, atribuyéndose el hecho al frente 36 del Embf, dirigido por alias Calarcá, un incidente tras el cual la embajada estadounidense ofreció hasta USD cinco millones de recompensa por información sobre los responsables.
Estados Unidos considera que el uso de drones representa “una gran oportunidad para obtener mejores resultados en la lucha contra el narcotráfico”, como reiteró la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL), subrayando que la intervención posibilitará menos exposición del personal policial y militar en zonas peligrosas, además de un control más preciso del glifosato.
La coordinación entre ambos gobiernos se reanudó luego de una etapa de tensiones diplomáticas en la que la administración Trump había sancionado al presidente Gustavo Petro e incluido su nombre en la Lista Clinton, mientras cuestionaba los resultados de la política antidrogas colombiana.
La reciente reunión de ambos mandatarios en la Casa Blanca permitió distender la relación y avanzar en lo que el Departamento de Estado calificó como “histórica cooperación militar” para enfrentar guerrillas y carteles.
El sistema requiere, por lineamientos oficiales, que la Dirección Antinarcóticos de la Policía notifique con anticipación a los alcaldes de los municipios en los que se iniciarán las aspersiones, una vez se complete la autorización ambiental.
Las fechas específicas se mantienen en reserva por seguridad, aunque fuentes de la institución confirmaron que las operaciones podrían comenzar en cualquier momento desde este mes, sujetas a la decisión final del Gobierno Nacional.