Andi pide a empresarios preservar salarios de trabajadores tras suspensión del decreto de salario mínimo y advierte efectos en inflación y empleo

Las reacciones a la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto que fijó el aumento del salario mínimo para 2026 no se hicieron esperar.

Uno de los pronunciamientos más contundentes fue el del presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, quen centró el debate en la necesidad de claridad técnica, seguridad jurídica y protección de las condiciones salariales actuales.

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Para el dirigente gremial, la decisión del alto tribunal “pone sobre la mesa una gran cantidad de interrogantes y de preguntas que debemos resolver”. En su concepto, el primer gran cuestionamiento es si el Gobierno podía adoptar una determinación de esa magnitud sin el debido sustento técnico y, además, apartándose de lo que se discutía en la Mesa de Concertación Laboral.

“La primera era si el Gobierno podía o no podía tomar una decisión como la tomó, con falta de fundamento técnico, pero además contradiciendo lo que se estaba diciendo en la Mesa de Concertación Laboral”, afirmó. Según explicó, el pronunciamiento judicial deja abiertas varias inquietudes sobre el procedimiento y los criterios utilizados para fijar el incremento del 23,78%, que ahora deberá ser reemplazado por un nuevo decreto de carácter transitorio.

Mac Master también señaló que existe un segundo debate de fondo sobre la definición conceptual del salario mínimo. “La otra, cuál es la base para la definición de salario mínimo vital o salario mínimo ordinario”, expresó, al advertir que el país cuenta con abundante material técnico que debería ser el punto de partida para cualquier determinación.

En ese sentido, sostuvo que el análisis no puede limitarse a consideraciones políticas o coyunturales, sino que debe apoyarse en estudios económicos rigurosos y en los parámetros establecidos por la normativa vigente. A su juicio, la discusión debe orientarse a construir reglas claras y previsibles que den confianza tanto a trabajadores como a empleadores.

Sin embargo, más allá de las controversias jurídicas y metodológicas, el presidente de la Andi puso el acento en un aspecto que considera prioritario: la estabilidad de los trabajadores que ya comenzaron a recibir el incremento decretado.

“La tercera es qué va a pasar en este momento con los trabajadores, que ya tienen una condición que nosotros hemos venido diciendo debemos hacer todo el esfuerzo por mantener, debemos hacer todo el esfuerzo por preservar”, manifestó.

En esa línea, reveló que el gremio empresarial ha hecho un llamado directo a las compañías del país para que, en la medida de lo posible, mantengan las condiciones salariales actuales mientras se define el nuevo porcentaje.

“Inclusive le hemos propuesto y le hemos hecho un llamado a las empresas para que busquemos y hagamos el esfuerzo para que, independientemente de la decisión que se tome en los próximos días, logremos, en la medida de lo posible, mantener las condiciones salariales que de alguna forma están vigentes hoy en día”, afirmó.

El líder gremial reconoció, no obstante, que el incremento inicial ya ha generado impactos económicos que no pueden desconocerse. “Tenemos en este momento consecuencias que son sin duda alguna consecuencias costosas para la sociedad en términos de inflación, en términos de empleo, en términos de informalidad, que tenemos que controlar, que tenemos que mitigar”, advirtió.

Desde su perspectiva, el desafío inmediato consiste en reducir esos efectos adversos y evitar que la incertidumbre jurídica se traduzca en mayores presiones sobre el mercado laboral. Para ello, consideró fundamental un trabajo conjunto entre el sector público y el privado.

“De alguna forma lo que tenemos en este instante seguramente es un reto importante por trabajar todos juntos por el bienestar del país y el bienestar de los trabajadores colombianos”, concluyó Mac Master, al insistir en que el debate debe centrarse en soluciones técnicas y en la protección del empleo formal.

Mientras el Gobierno prepara un nuevo decreto provisional en cumplimiento de la orden judicial, el pronunciamiento del presidente de la Andi marca la postura del empresariado: respaldo a la seguridad jurídica, exigencia de rigor técnico y el llamado a preservar, en lo posible, las condiciones salariales ya reconocidas a millones de trabajadores.