El Consejo de Estado suspendió de manera provisional el decreto que establecía un aumento del 23,7% en el salario mínimo para 2026, medida que obliga al Gobierno nacional a expedir un nuevo decreto transitorio en un plazo máximo de ocho días.
La decisión responde a una demanda interpuesta por gremios empresariales, entre ellos Fenalco y Fedetranscarga, que cuestionaron la legalidad y la justificación técnica del incremento decretado por el Ejecutivo.
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El fallo generó reacciones inmediatas en distintos sectores de la economía y puso en evidencia la polarización frente a la política salarial del Gobierno.
Para los gremios, la suspensión representa un respaldo al proceso de concertación laboral y un llamado a mantener un equilibrio entre los derechos de los trabajadores y la sostenibilidad de las empresas.
Fenalco respalda la suspensión: “El aumento no responde a la realidad económica”
Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, manifestó su respaldo a la medida del Consejo de Estado y aseguró que “la fijación del salario mínimo no puede hacerse de manera unilateral ni desconociendo los criterios técnicos y constitucionales que buscan proteger tanto el ingreso de los trabajadores como la sostenibilidad del empleo formal y de las empresas”.
Cabal enfatizó que un incremento del 23,7 % “no responde a la realidad económica del país” y advirtió que el decreto podría generar “riesgos económicos y sociales para Colombia”, incluyendo la posible pérdida de más de 770.000 empleos y el cierre de micro, pequeñas y medianas empresas.
Según Fenalco, el fallo “restablece el equilibrio institucional” y protege el proceso de concertación laboral, además de evitar afectaciones a millones de hogares que podrían verse impactados por un aumento desproporcionado del salario mínimo en un contexto de alta informalidad laboral.
Fedetranscarga alerta sobre despidos y efectos en la inflación
Por su parte, Arnulfo Cuervo, presidente de Fedetranscarga, señaló que el Consejo de Estado consideró que el decreto “no se estableció bajo las normas que en Colombia rigen la fijación del salario mínimo, que son el IPC, la productividad y las condiciones de crecimiento de la economía”.
Cuervo advirtió que, desde que se anunció el aumento, se han producido despidos en el sector y se ha generado un efecto negativo sobre la inflación y el poder adquisitivo. “Se ha perdido el poder adquisitivo de quienes recibieron el aumento, en la desproporción en que se hizo, y esto afecta la economía general del país”, afirmó.
Reacciones divididas: trabajadores y empresarios
La decisión del Consejo de Estado ha generado críticas de organizaciones sindicales, que consideran que la suspensión del aumento constituye un “acto de injusticia social”. Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), rechazó la medida y aseguró que representa un intento de “quitarle dos millones de pesos a los trabajadores colombianos”.
La CUT hizo un llamado al presidente Gustavo Petro para expedir un nuevo decreto “en las mismas condiciones”, defendiendo la facultad constitucional del Ejecutivo para fijar el salario mínimo.
En contraste, Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), destacó que su gremio no presentó la demanda, pero coincidió en que el aumento podría generar “complejos efectos económicos y sociales que afectan a toda la población, especialmente a los más vulnerables”.
Mac Master resaltó la importancia de la decisión del Consejo de Estado para establecer jurisprudencia que evite actuaciones irregulares en la fijación del salario mínimo en el futuro.
Gobierno defiende el incremento y anuncia acciones
El Gobierno nacional defendió el incremento, señalando que buscaba preservar el poder adquisitivo de los trabajadores y avanzar hacia un “salario vital”, teniendo en cuenta factores técnicos como la inflación, la productividad y el crecimiento del PIB.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, afirmó que el Ejecutivo aún no ha sido notificado oficialmente y calificó la decisión como un “error” del Consejo de Estado.
La administración de Petro tiene hasta el 24 de febrero para presentar los argumentos técnicos que justificaron el aumento del salario mínimo ante la Corte, mientras prepara un nuevo decreto transitorio que cumpla con los parámetros legales establecidos.