El 13 de febrero, el Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto que fijó el aumento del salario mínimo en Colombia para 2026. Esta decisión responde a una demanda en curso y obliga al Gobierno a expedir un nuevo decreto transitorio en un plazo de ocho días.
El nuevo ajuste salarial regirá temporalmente y debe basarse en criterios económicos y constitucionales, como inflación, productividad y crecimiento del PIB; además, el Ejecutivo deberá justificar detalladamente cómo calculó la cifra final. La medida cautelar estará vigente hasta que se resuelva de fondo la legalidad del decreto original.
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Al respecto, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, informó que el lunes 16 de febrero se reunirá la comisión de concertación laboral para discutir el decreto de reajuste del salario mínimo.
“He convocado este lunes 16 de febrero a las 10:00 a.m. en el Ministerio del Trabajo a la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales para discutir sobre el decreto transitorio de salario mínimo, que debe ser vital y móvil como lo establece el artículo 53 de la Constitución Nacional, ordenado por el auto del Consejo de Estado”.
Al respecto, el Gobierno nacional, a través del ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó que interpondrá un recurso de resolución de apelación al fallo del Consejo de Estado.
Benedetti indicó que la administración Petro evaluará los pasos a seguir mientras avanza el análisis jurídico del caso y estudian si el incremento se mantiene en 23,7%.
Afirman que la decisión del Consejo de Estado pondría en riesgo la estabilidad económica del país
El exviceministro del Interior Gustavo García cuestionó en diálogo con Infobae Colombia la reciente decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto sobre el salario mínimo en Colombia.
Para García, la acción del alto tribunal representa una extralimitación de funciones, al imponer condiciones y fórmulas específicas para la expedición de un nuevo decreto, situación que considera una invasión a las competencias legislativas propias del Congreso.
Para el exfuncionario, con este fallo el órgano judicial asume atribuciones que le corresponden al poder legislativo y genera un conflicto con el principio de separación de poderes. “Este enredo judicial genera una incertidumbre innecesaria que afecta a millones de trabajadores y al sector productivo”.
Además, García advirtió que la decisión genera inseguridad jurídica y administrativa, ya que mantiene vigente el Decreto 1469 de manera transitoria, lo que crea, en sus palabras, un problema judicial que afecta tanto a trabajadores como a empresarios del país.
El exviceministro calificó la medida como un ataque a la institucionalidad al no aportar soluciones prácticas y evidenciar falencias en ciertos sectores de la jurisdicción administrativa para manejar asuntos de alta sensibilidad económica.
Como experto en derecho constitucional, aseguró que “estamos ante un hito negativo para nuestra democracia. El Consejo de Estado está fijando criterios que no existen en la ley ni en la Constitución”, y mencionó que lo legítimo debe ser trabajar para que la justicia no obstaculice los derechos económicos de los colombianos.
García pidió la preservación de la coherencia jurídica y la defensa de la estabilidad nacional ante decisiones que, según su postura, parecen responder a intereses ajenos al bienestar de la ciudadanía. Entre los reclamos centrales figura la falta de claridad sobre el impacto de la suspensión del decreto en la economía y la vida diaria de millones de personas.
Por último, indicó que la situación que se vive en Colombia debe ser el motivo por el que se comience a hablar de las implicaciones de este fallo para el futuro de la política salarial en el país.
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