En 2026, el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén), herramienta en Colombia que clasifica a la población según su situación socioeconómica, utilizando una encuesta para focalizar la inversión social, experimentará una modernización decisiva en el acceso a programas sociales en Colombia.
La información la confirmó el Departamento Nacional de Planeación (DNP), que guiará el paso del método tradicional basado en encuestas presenciales al uso extendido de registros administrativos provenientes de entidades públicas y privadas. La primera fase, de carácter piloto, se implementará con el objetivo de aumentar la precisión en la identificación de beneficiarios y optimizar la entrega de ayudas estatales.
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Dicha transformación del Sisbén responde a la urgencia de superar las limitaciones de actualización y cobertura detectadas en el modelo de encuestas. Las autoridades apuntan a mejorar la eficiencia en la focalización de los programas sociales y asegurar que los recursos estatales se asignen de manera efectiva a personas en situación de vulnerabilidad o pobreza extrema.
Con el cambio, el DNP dice que tomó una “decisión estratégica” orientada a robustecer la capacidad de respuesta estatal ante emergencias económicas o transformaciones sociales profundas. La meta es consolidar una herramienta moderna que integre, en tiempo real, los datos más relevantes sobre las condiciones de vida de la población.
El eje técnico principal del nuevo modelo es la transición hacia el uso de registros administrativos, con lo que se eliminará la dependencia exclusiva de las encuestas periódicas. La base de datos del Sisbén pasará a nutrirse de manera automática de información oficial sobre salud, empleo y educación, lo que facilitará validar y actualizar los perfiles de los beneficiarios con mayor frecuencia. La innovación reduce los errores y elimina la espera prolongada entre las rondas de actualización.
A diferencia del sistema previo, donde la recolección dependía de encuestas programadas, ahora las propias entidades generadoras de información relevante alimentarán de manera directa la base central del Sisbén. El mecanismo busca agilizar el proceso y minimizar retrasos o inconsistencias en los datos.
Rol de las entidades
El rol de las entidades públicas y privadas es esencial en la reforma:
- Dian: aportará información fiscal y laboral.
- Registraduría Nacional del Estado Civil: facilitará la identificación y validación de ciudadanos.
- Entidades promotoras de salud (EPS): proporcionarán datos sanitarios actualizados.
- Ministerio de Educación: integrará registros escolares y académicos.
Como resultado de la integración, la ficha de cada ciudadano será dinámica y se actualizará de forma automática ante cualquier cambio reportado por las instituciones. Por ejemplo, si una familia experimenta una variación considerable en los ingresos o composición, el Sisbén recibirá esa información y podrá ajustar la clasificación asignada en poco tiempo.
Dónde iniciará la fase piloto
La fase piloto de implementación se enfocará en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Jericó, seleccionadas por el peso poblacional y diversidad de contextos urbanos y departamentales. El primer despliegue tiene como objetivo probar el modelo en escenarios de alta demanda y comparar los resultados antes de ampliar la estrategia al resto del país.
Durante la fase piloto, los responsables evaluarán indicadores como:
- Cobertura.
- Velocidad de actualización.
- Precisión en la identificación de beneficiarios.
- Capacidad de integración de múltiples fuentes de datos.
El análisis permitirá detectar áreas de mejora y establecer la ruta para la implementación nacional.
La extensión del modelo al resto de las regiones colombianas dependerá de que los resultados obtenidos durante la fase piloto cumplan con los estándares previstos de eficiencia y confiabilidad. Así las cosas, la transición procurará no afectar la continuidad del acceso a los programas sociales, tanto en grandes ciudades como en áreas rurales.
A pesar de que la modernización está programada para 2026, la metodología vigente, conocida como Sisbén IV, seguirá en aplicación en todo el país. Las categorías establecidas se mantendrán:
- Grupo A: para personas en condición de pobreza extrema.
- Grupo B: para hogares en situación de pobreza moderada.
- Grupo C: para población vulnerable con riesgo de caer en pobreza.
- Grupo D: para ciudadanos no clasificados como pobres ni vulnerables.
La continuidad del sistema garantiza que las ayudas estatales sigan llegando de manera regular a los actuales beneficiarios, mientras la transición avanza de forma gradual y controlada. El cambio no implica una eliminación inmediata del modelo previo, sino una sustitución escalonada basada en evaluaciones constantes de desempeño.
Cómo se harán los trámites
En lo referente a los trámites, las personas ya cuentan con clasificación en el Sisbén no deberán hacer gestiones adicionales por efecto de la modernización. La actualización de datos solo será requerida para las personas que aún no figuren en la base de datos o para los hogares que hayan padecido transformaciones significativas en sus condiciones de vida, como una reducción considerable del ingreso o la incorporación de nuevos miembros.
El registro de nuevos beneficiarios, junto con la actualización de información para quienes experimenten cambios sustanciales, permanecerá disponible por medio de los canales oficiales del Sisbén. El propósito es que ningún hogar vulnerable quede excluido durante la transición hacia el sistema automatizado.
Qué buscará responder el nuevo Sisbén
El nuevo Sisbén está diseñado para responder de manera ágil ante situaciones de crisis, como caídas abruptas en la economía o emergencias sanitarias. Gracias a la disponibilidad de información confiable y actualizada de diversas fuentes, el Estado podrá ajustar los beneficios y la cobertura según las necesidades emergentes de la población.
De acuerdo con el DNP, la mejora con respecto al esquema anterior aumenta la capacidad de respuesta ante cambios sociales o económicos inesperados. Ahora será posible reaccionar casi en tiempo real, aportando mayor protección a los sectores más vulnerables.
Uno de los retos identificados para la operación plena del sistema es asegurar la protección y privacidad de los datos personales, así como la confiabilidad de la información suministrada por las distintas entidades. La confianza pública también será un factor clave para el éxito de la modernización, ya que el sistema debe demostrar actualización permanente, inclusión y transparencia en todos sus procesos.
Además, la información recolectada abre oportunidades para el diseño de futuras políticas de inclusión social y el ajuste de los programas estatales, contribuyendo a que estos sean más eficientes y pertinentes para una sociedad en constante cambio.