El ambiente político en Colombia se alteró tras el anuncio de la Fiscalía General de la Nación de imputar cargos a Ricardo Roa Barragán, presidente de Ecopetrol, por violación de topes en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 y tráfico de influencias.
Sectores políticos intensificaron los llamados para que Roa renuncie de manera inmediata a la dirección de la petrolera estatal, en medio de un escándalo que involucra el manejo de recursos electorales y la adquisición de un apartamento en el norte de Bogotá.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel
Voces del Congreso piden la renuncia de Roa
El debate en el Congreso se polarizó tras conocerse la decisión de la Fiscalía. Juan Espinal, representante a la Cámara por el Centro Democrático, declaró: “Si al señor Roa le queda un milímetro de vergüenza, debería renunciar de manera inmediata”. Espinal añadió que espera que las investigaciones lleven a consecuencias legales: “Yo espero que termine en la cárcel, porque realmente han violado las normas electorales y, obviamente, con impacto penal a nivel nacional”.
Por su parte, Jennifer Pedraza, representante de la Cámara por la bancada independiente, cuestionó la coherencia del discurso del Ejecutivo frente a los escándalos de corrupción: “Parece ser que entre más corruptos, más los atornillan en sus puestos”, expresó en referencia a la permanencia de Roa y otros funcionarios señalados.
Pedraza también se refirió a la imputación de Juliana Guerrero, que iba a asumir la viceministerio de Juventudes en la cartera de la Igualdad, por presuntas irregularidades con sus títulos académicos.
En sintonía con estas voces, el candidato al Senado por Salvación Nacional, Enrique Gómez, afirmó: “Roa no puede seguir en cabeza de Ecopetrol. Debe salir ya. Qué vergüenza. Llevamos años denunciando a este personaje y hasta ahora les da por hacer lo debido”.
Lo propio hizo el candidato a la cámara por Bogotá Mauricio Toro de Alianza Verde: “Pésima noticia! Roa debe apartarse del cargo! Este caso ya no es una simple denuncia, ni una nota periodística. Es una imputación formal de la Fiscalía. Lo más correcto es que se aparte del cargo y se dedique a defenderse. El daño reputacional a Ecopetrol puede ser muy costoso”.
El exviceministro de Hacienda Ricardo Londoño también se pronunció: “Ricardo Roa tiene que renunciar a la presidencia de Ecopetrol. Su presidencia ha sido terrible, la empresa cada día se deteriora mucho”.
Detalles de la imputación y antecedentes del caso
La Fiscalía informó el lunes 9 de febrero que radicara la audiencia de imputación contra Ricardo Roa por los delitos de violación de topes en la financiación de la campaña Petro Presidente y tráfico de influencias. Según detalló Raúl González, delegado de la Unidad Anticorrupción, la Fiscalía considera que Roa habría superado los límites legales en la captación de recursos para la campaña presidencial de 2022, lo que constituye un delito con penas de entre 4 y 8 años de prisión.
El caso de tráfico de influencias está vinculado a la compra de un apartamento en el norte de Bogotá. Según la Fiscalía, el inmueble fue adquirido con la intermediación del coronel retirado Juan Guillermo Mancera, que habría sido posteriormente beneficiado con un contrato en Ecopetrol. La empresa Gaxi SA ESP, vinculada a Mancera, obtuvo un contrato relevante con la petrolera estatal, pese a su limitada experiencia en el sector.
Este escándalo se suma a la sanción impuesta en noviembre por el Consejo Nacional Electoral (CNE) contra la campaña presidencial de Petro que gerenció Roa, debido a un exceso en los topes de financiación por más de $5.300 millones. El CNE impuso una multa de $6.000 millones, aunque esta sanción fue de carácter administrativo y no penal.
La posición del Gobierno y de Ecopetrol
Ricardo Roa es considerado uno de los colaboradores más cercanos al presidente Gustavo Petro. Desde que surgieron los primeros señalamientos, el mandatario ha manifestado su respaldo a Roa, que a su vez cuenta con el apoyo de la junta directiva de Ecopetrol, dominada por el Gobierno con siete de los nueve asientos, dado que el Estado posee el 88,49% de la participación accionaria.
A pesar de la presión pública y política, Roa rechazó las acusaciones y defendió la legalidad de todas sus actuaciones. Sobre la adquisición del apartamento, el empresario Serafino Iacono —anterior propietario y exdirectivo de la petrolera Pacific Rubiales— negó irregularidades y aseguró que la venta cumplió todos los requisitos legales.
En respuesta a los cuestionamientos, Roa afirmó en 2025: “He sido blanco de una campaña de desprestigio”, y subrayó que ningún contrato de la magnitud adjudicada a Gaxi SA ESP puede otorgarse de manera unilateral por parte de la presidencia de Ecopetrol.