El pulso entre el Gobierno nacional y los gremios empresariales volvió a intensificarse. Luego de que el presidente Gustavo Petro asegurara que las advertencias de Fenalco sobre el impacto del salario mínimo no coinciden con las cifras oficiales, el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, Jaime Alberto Cabal, respondió con dureza y cuestionó el enfoque económico del Ejecutivo, al que acusó de actuar movido por la ideología y el cálculo político.
A través de un pronunciamiento en su cuenta de X, Cabal rechazó las afirmaciones del mandatario y defendió la postura del gremio frente al aumento del salario mínimo para 2026, que fue del 23,7%, así como frente a las recientes decisiones del Gobierno en materia de regulación empresarial.
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Cabal aseguró que no se requiere un análisis complejo para entender los efectos que, según él, está teniendo la política económica del Gobierno sobre el sector productivo. “Que la ideología no nuble el entendimiento. Nociones básicas de economía permiten concluir que un aumento desmedido de costos para el sector productivo es un desincentivo a la iniciativa privada. No hay que ir muy lejos para comprobarlo”, afirmó.
El líder gremial insistió en que el encarecimiento del empleo formal, derivado del incremento del salario mínimo y de los costos asociados a la contratación, está afectando la capacidad de las empresas para generar y sostener puestos de trabajo. En especial, señaló que las pequeñas y medianas empresas son las más golpeadas por este escenario, lo que termina empujando a más trabajadores hacia la informalidad.
Estas declaraciones se dan luego de que el presidente Petro citara cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), según las cuales el Índice de Precios del Productor (IPP) mostró una disminución anual cercana al 2%, argumento con el que el mandatario sostiene que el llamado “salario vital” no tuvo un impacto negativo en los costos de producción.
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Críticas al aumento del salario mínimo y al discurso oficial
Cabal cuestionó que el Gobierno descarte los riesgos inflacionarios asociados a un aumento salarial de esa magnitud, especialmente en un contexto de bajo crecimiento económico. “También es claro que el aumento del salario mínimo desorbitado sin crecimiento económico suele traducirse en presiones inflacionarias, aunque sea populista y genere réditos políticos para el año de las elecciones”, sostuvo.
El dirigente fue especialmente crítico con la forma en que el presidente Petro descalificó a los economistas del Banco de la República, a quienes el mandatario ha señalado de alarmar injustificadamente a la opinión pública.
Para Cabal, ese tipo de señalamientos carecen de sustento técnico. “Su descalificación, sin argumentos técnicos, a los economistas del Banco de la República no convence; por el contrario, deja en evidencia las razones de los reiterados errores económicos de su gobierno”, afirmó.
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Desde Fenalco han reiterado que las advertencias del gremio no responden a intereses políticos, sino a la experiencia directa de los empresarios que enfrentan mayores cargas regulatorias y costos operativos en un entorno de incertidumbre.
“Descalificar al que piensa distinto”
En otro de los apartes de su respuesta, Cabal acusó al Gobierno de recurrir de manera sistemática a la descalificación personal para evadir el debate de fondo. “No es nueva la estrategia de descalificar a quien piensa distinto atribuyéndole intereses políticos, como forma de desviar la atención de los múltiples errores y escándalos que han marcado su administración, cuyo cierre se acerca”, señaló.
Finalmente, el presidente de Fenalco hizo un llamado a que el Ejecutivo concentre sus esfuerzos en asuntos que, a su juicio, son prioritarios para el país. Mencionó la atención a los damnificados por la ola invernal, el deterioro del orden público en varias regiones y la necesidad de brindar seguridad jurídica al sector productivo.
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“Ojalá ese mismo empeño lo dedicara a atender a los compatriotas afectados por la ola invernal, a enfrentar la violencia que golpea varias regiones del país y a brindar un mínimo de seguridad jurídica a los empresarios que producen, generan empleo y pagan los impuestos con los que se financia el funcionamiento del Estado”, concluyó.