Delitos, pruebas y juicio: experto advierte sobre la complejidad jurídica en el proceso contra Daniel Garcés Carabalí

El especialista consultado por Infobae Colombia describió los delitos y sanciones a los que se enfrenta el exembajador, que será llamado a juicio por presunta violencia intrafamiliar, acceso carnal violento y fraude procesal

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al exembajador Daniel Garcés Carabalí por delitos de violencia intrafamiliar y fraude procesal en Colombia - crédito fiscaliacol / X

La Fiscalía General de la Nación radicó el escrito de acusación y anunció que llamará a juicio a Daniel Garcés Carabalí, exembajador de Colombia en Ghana, como presunto responsable de varios delitos, entre ellos violencia intrafamiliar agravada, acceso carnal violento agravado, fraude procesal y ejercicio arbitrario de la custodia de hijo menor.

De acuerdo con la investigación, Garcés Carabalí habría mantenido un ciclo sostenido de agresiones físicas, psicológicas, económicas y sexuales contra su expareja durante una década. La acusación formal marca el inicio de una etapa judicial que, según el abogado Juan Carlos Benavides Villa, consultado por Infobae Colombia, tiene particular relevancia por la gravedad de los hechos y la condición de exfuncionario diplomático del acusado.

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La explicación del experto: configuración de los delitos y etapas procesales

El proceso judicial contra Daniel Garcés Carabalí incluye acusaciones por violencia física, sexual, económica y psicológica contra su expareja durante una década - crédito @DanielGarcesC1 / X

El especialista en derecho penal consultado por Infobae Colombia detalló que la acusación contra Daniel Garcés Carabalí se sustenta en la presunta comisión de cuatro delitos. Cada uno tiene requisitos precisos para su configuración y sanciones potencialmente severas, de acuerdo con el Código Penal colombiano.

Respecto a la violencia intrafamiliar agravada, Benavides explicó que se configura cuando un miembro de la familia ejerce agresiones físicas, psicológicas, económicas o sexuales de manera persistente, provocando un daño grave a la víctima. Para este delito, la norma prevé penas de hasta 12 años de prisión.

En el caso de acceso carnal violento agravado, la ley sanciona con hasta 20 años o más de cárcel los actos sexuales cometidos mediante violencia o intimidación, especialmente si existió una relación íntima previa y reiteración de los hechos.

El fraude procesal se produce cuando se induce en error a una autoridad judicial o administrativa a través de pruebas falsas o testimonios manipulados, delito que puede acarrear entre 6 y 12 años de prisión.

La acusación establece cuatro delitos clave: violencia intrafamiliar agravada, acceso carnal violento agravado, fraude procesal y ejercicio arbitrario de la custodia de hijo menor - crédito @DanielGarcesC1 / X

Finalmente, el ejercicio arbitrario de la custodia de hijo menor contempla sanciones de 1 a 3 años de prisión cuando se busca obtener o mantener la custodia de un menor de manera ilegal y en contravención de decisiones judiciales.

“El proceso contra el exembajador se encuentra en la etapa de acusación, momento en el que la Fiscalía formaliza los cargos y comunica los hechos jurídica y fácticamente relevantes al acusado”, indicó el especialista.

Añadió que, tras la radicación del escrito de acusación, se abre una fase procesal en la que el imputado adquiere la condición de acusado y debe ejercer una defensa técnica activa. El juicio oral será el escenario donde la Fiscalía debe demostrar la responsabilidad penal más allá de toda duda razonable, mientras la defensa presenta pruebas de descargo y busca desvirtuar la imputación.

El experto precisó que el artículo 31 del Código Penal establece un límite de 60 años de prisión en caso de acumulación de penas por varios delitos. En este caso, de comprobarse los cargos, la condena podría oscilar entre 25 y 30 años, sumando inhabilidades y la obligación de reparación integral a las víctimas.

El caso: hechos y contexto judicial

Las penas por los delitos imputados al exembajador podrían sumar entre 25 y 30 años de prisión, con inhabilidades y reparación integral a las víctimas - crédito @DanielGarcesC1/X

Según la investigación de la Fiscalía, Garcés Carabalí habría ejercido un patrón de violencia sostenida contra su pareja entre 2011 y 2021. Los elementos probatorios incluyen testimonios, peritajes psicológicos, historias clínicas y dictámenes de Medicina Legal. El expediente revela que, tras la separación, las presuntas agresiones continuaron, extendiéndose a intimidaciones y presiones contra la mujer incluso después de la ruptura.

Uno de los aspectos más sensibles del caso se relaciona con la custodia de los hijos menores de la pareja. Conforme a la acusación, Garcés Carabalí habría utilizado testimonios falsos y pruebas de dudosa procedencia en instancias judiciales y administrativas de Bogotá con el fin de obtener la custodia de los niños.

Estas actuaciones derivaron en que la madre quedara privada de contacto con sus hijos durante un periodo prolongado, situación que la Fiscalía califica como un uso arbitrario y fraudulento de los mecanismos legales. Posteriormente, el exembajador trasladó a los menores a Ghana, donde ocupaba su cargo diplomático, alejándolos de su madre.

La representación de las víctimas, encabezada por el abogado Felipe Alzate, sostiene que existen otras líneas de investigación abiertas. Una de ellas gira en torno a dos testigos que habrían modificado su versión inicial de los hechos, lo que dio origen a una indagación por posible falso testimonio.

De manera simultánea, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial analiza la actuación del abogado Miguel Ángel del Río, defensor de Garcés Carabalí, para determinar si existieron faltas disciplinarias en su ejercicio profesional.

El traslado de los menores a Ghana y la privación de contacto con su madre figura como parte del uso arbitrario de mecanismos legales en el caso Garcés Carabalí - crédito Cortesía

Proceso penal y próximos pasos

De acuerdo con el abogado Juan Carlos Benavides Villa, experto consultado por este medio, el proceso judicial contra Daniel Garcés Carabalí se desarrolla bajo los parámetros de la Ley 906 de 2004, que determina varias etapas obligatorias.

Tras la acusación, el juez debe convocar a la audiencia de formulación de cargos en los cinco días siguientes. Luego, en la audiencia preparatoria, se depuran y seleccionan las pruebas que serán practicadas en juicio.

El juicio oral constituye el momento central, donde ambas partes confrontan sus argumentos y pruebas ante el juez. Finalmente, la sentencia debe dictarse en la misma audiencia o dentro de los 15 días siguientes. El experto enfatizó que la acusación es solo el inicio del debate probatorio, y que corresponde a la Fiscalía General de la Nación demostrar la responsabilidad penal del acusado.

La defensa, por su parte, dispone de diversos instrumentos jurídicos para salvaguardar los derechos del procesado, incluyendo recursos de apelación y casación ante instancias superiores.

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