Luego de conocerse la supuesta captura de Alex Nain Saab Morán, empresario colombiano señalado de ser el testaferro de Nicolás Maduro, surgió una nueva versión en la que se niega dicha detención presuntamente conocida por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) con apoyo del Buró Federal de Investigaciones (FBI).
De acuerdo con la versión inicial difundida por diferentes medios de comunicación, el operativo fue ejecutado en la madrugada del miércoles 4 de febrero en Caracas, y estaría vinculado a antiguas investigaciones por lavado de dinero y corrupción internacional.
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No obstante, el equipo legal de Saab habría negado de manera tajante las versiones sobre su captura. El abogado Luigi Giuliano afirmó en declaraciones a La FM y El Espectador que la información es “totalmente falsa” y la calificó como una “fake news”.
Giuliano sostuvo que ha mantenido al menos dos conversaciones durante la jornada con Saab, tanto en la mañana como en la tarde, y aseguró que el empresario se encuentra libre y sin preocupación: “Estuve con él esta mañana, está tranquilo en Caracas y esta tarde me voy a volver a ver con él”, dijo puntualmente al El Espectador.
Indicó que estuvo con él personalmente en Caracas y que el propio Saab prepara una comunicación para la prensa en la que declarará que la supuesta detención no ocurrió.
La situación cobró mayor relevancia debido a la reciente salida de Saab del Ministerio de Industrias, tras una decisión tomada a finales de enero por la actual presidenta interina Delcy Rodríguez, que ordenó la fusión de dicho ministerio con el de Energía.
En contraste con las declaraciones de la defensa, la agencia Reuters sostiene que el empresario fue detenido en una operación conjunta entre autoridades venezolanas y estadounidenses. Esta divergencia de versiones generó incertidumbre sobre el paradero y la situación legal de Saab.
El caso de Alex Saab
Saab fue acusado formalmente en julio de 2019 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos junto con Álvaro Pulido Vargas, en una causa de ocho cargos, entre ellos conspiración para cometer lavado de dinero y siete cargos adicionales relacionados con ese delito.
Según la acusación, entre 2011 y 2015 ambos empresarios habrían participado en un esquema para pagar sobornos a funcionarios venezolanos con el fin de beneficiarse del sistema de control cambiario, mediante la presentación de documentos de importación falsos y fraudulentos.
La Fiscalía indicó que Saab y Pulido lograron transferir aproximadamente USD350 millones desde Venezuela, a través del sistema financiero estadounidense, hacia cuentas en el extranjero bajo su control.
Las investigaciones también apuntaron que varias reuniones para el pago de sobornos se habrían realizado en Miami y que parte de los fondos fueron canalizados a través de bancos del sur de Florida.
El 12 de junio de 2020, Saab fue detenido en Cabo Verde a petición de Estados Unidos, cuando su avión hizo escala técnica en ese país africano. Tras un proceso judicial, el Tribunal Supremo de Cabo Verde aprobó su extradición en marzo de 2021 y luego el Tribunal Constitucional rechazó los recursos de la defensa, permitiendo su traslado definitivo.
Finalmente, el 16 de octubre del mismo año, Saab fue extraditado a Estados Unidos, donde compareció ante un tribunal federal en Miami. El caso fue investigado por la DEA, con apoyo del FBI y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, y procesado por fiscales de la División Criminal del Departamento de Justicia.
En diciembre de 2023, el entonces presidente Joe Biden concedió a Saab un indulto total por los delitos imputados en el proceso federal de Florida, como parte de una negociación diplomática con el Gobierno venezolano.
El documento presidencial estableció que el perdón incluía cargos por lavado de dinero y decomiso de bienes, pero estaba sujeto a estrictas condiciones: abandonar el territorio de Estados Unidos, no regresar al país ni a sus territorios, no cometer nuevos delitos contra las leyes estadounidenses, renunciar a reclamaciones legales contra el Estado, abandonar fondos y bienes incautados, y no recibir beneficios económicos por libros, películas o producciones sobre su caso. El texto también señaló que el indulto podría ser revocado si Saab incumplía alguno de estos términos.