La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra tres funcionarios del Ministerio de Justicia y del Derecho por posibles irregularidades en la adjudicación y ejecución de un contrato de tiquetes aéreos.
De acuerdo con la entidad, los involucrados ocupaban cargos directivos y participaron en distintas etapas del proceso de selección.
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Entre las personas señaladas por la Procuraduría se encuentran Helén Ortiz Carvajal, secretaria general, Andrés Vergara Ballén, coordinador del Grupo de Gestión Financiera y Contable, miembro del comité evaluador y supervisor del contrato, y Derly González Ariza, coordinadora y supervisora de dicho contrato.
“La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Helén Ortiz Carvajal, Andrés Vergara Ballén y Derly González Ariza, en sus condiciones de secretaria general y coordinadores del Grupo de Gestión Financiera y Contable del Ministerio de Justicia y del Derecho, para 2023, respectivamente, por posibles irregularidades en un proceso de selección para la provisión de tiquetes aéreos para esa entidad”, expresó el Ministerio Público.
La investigación se refiere a hechos ocurridos durante el proceso contractual de 2023.
“De acuerdo con la investigación, la entonces secretaria general habría adjudicado el proceso pese a que, al parecer, el contratista no reunía el requisito de experiencia mínima habilitante requerido en el pliego de condiciones de la contratación, y que, en su oferta, presuntamente presentó precios artificialmente bajos”, expresó la Procuraduría en su comunicado.
Según el expediente disciplinario, Ortiz Carvajal adjudicó el proceso pese a que el contratista no acreditó la experiencia mínima requerida en el pliego de condiciones. Además, el proveedor presentó precios que, presuntamente, eran inferiores al valor real de mercado.
En el caso de Vergara Ballén, la Procuraduría General de la Nación señaló que integró el comité evaluador y recomendó técnica y financieramente la adjudicación al oferente cuestionado. Como supervisor del contrato, autorizó pagos aun cuando el contratista no aplicó el descuento del 12,5% sobre la tarifa neta comprometido en la propuesta.
“Se cuestiona también a Vergara Ballén miembro del comité evaluador del proceso de selección y supervisor del contrato quien, al parecer, habilitó técnicamente al proponente, recomendó técnica y financieramente la adjudicación del referido proceso de selección al cuestionado ofertante y, durante la ejecución del contrato, habría autorizado un pago, pese a las circunstancias ya señaladas y al hecho de que el contratista no habría aplicado el descuento del 12.50 % en la tarifa neta en tiquetes ofrecido en su propuesta”, precisó el Ministerio Público.
Respecto a González Ariza, la investigación indica que como supervisora suscribió autorizaciones de pago entre febrero y noviembre de 2024, pese a que el contratista no aplicó el descuento reglamentado en la subasta.
“Por último, se formuló cargos a la también supervisora del contrato de suministro, González Ariza, quien, durante la ejecución del contrato, habría firmado la autorización de los pagos de los meses de febrero a noviembre de 2024, a pesar de que el contratista, al parecer, no aplicó el mencionado descuento establecido en la subasta”, señaló el ente de control.
La Procuraduría General de la Nación consideró que, en esta etapa preliminar, las faltas atribuidas a los funcionarios revisten una gravedad máxima según la normativa disciplinaria, lo que deriva en una calificación provisional como gravísimas a título de culpa gravísima.
“Las conductas fueron calificadas provisionalmente por la Procuraduría Segunda de Contratación Estatal como gravísimas a título de culpa gravísima”, puntualizó la Procuraduría.
Recientemente, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Claudia Patricia Gualteros González, que se desempeñó como tesorera del municipio de contratación, en el departamento de Santander.
La decisión está relacionada con presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos durante la vigencia 2023.
La actuación disciplinaria se origina en una investigación adelantada por la Procuraduría Provincial de San Gil, que puso bajo revisión el comportamiento financiero de la entonces funcionaria mientras tuvo a su cargo la administración de los fondos municipales.
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