La posibilidad de que Sergio Fajardo participe en la consulta del centro para definir un candidato presidencial enfrenta una serie de riesgos legales y estratégicos que podrían dejarlo fuera de la contienda.
El equipo del exgobernador de Antioquia revisa a fondo diversos obstáculos jurídicos y estudia alternativas para evitar que su aspiración se frustre, mientras la definición oficial se acerca y la campaña se mantiene en suspenso.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel
En este escenario, la amenaza de incurrir en doble militancia representa el mayor peligro para la inscripción de Fajardo.
Según explicó Pedro Felipe Gutiérrez, exmagistrado del Consejo Nacional Electoral, al medio Cambio, la legislación colombiana prohíbe que un candidato esté respaldado por más de un partido en el mismo proceso.
Gutiérrez matizó: “El principal riesgo para Fajardo radica en la figura de la doble militancia, que la ley electoral prohíbe expresamente. Un candidato no puede estar respaldado simultáneamente por más de un partido en un mismo proceso electoral. En este caso, al no haber presentado Dignidad y Compromiso la solicitud ante el CNE, cualquier inscripción bajo el aval de otra colectividad podría generar cuestionamientos sobre su elegibilidad”.
Desde el 8 de diciembre de 2025 se cerró el plazo para que los partidos políticos informaran oficialmente al Consejo Nacional Electoral (CNE) su intención de participar en consultas interpartidistas.
Dignidad y Compromiso, la organización que avala a Fajardo, no entregó ese requisito, lo que complica cualquier inscripción a nombre propio en la consulta. Claudia López, exalcaldesa de Bogotá y también potencial candidata, sí registró su movimiento para evitar controversias legales, a diferencia de Fajardo, cuya campaña estudia alternativas jurídicas a contrarreloj.
Mientras tanto, otros aspirantes como Maurice Armitage ya confirmaron su participación en la consulta prevista para el 8 de marzo e invitaron públicamente a Fajardo a sumarse como opción centralista. Para evitar una diseminación de propuestas moderadas, Armitage instó a una definición rápida y sin divisiones internas.
El análisis jurídico sobre la posible inscripción de Fajardo se agudiza por su posición de dirigente en Dignidad y Compromiso. Según David Salazar Ochoa, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario, la Ley 1475 de 2011 fija condiciones estrictas: cualquier candidato que ocupe cargos de dirección en su partido debe renunciar 12 meses antes para postularse por otra colectividad.
Salazar señaló a Cambio: “En caso de aspirar por otra colectividad, sin renunciar en los plazos establecidos, el candidato podría ser sancionado por incumplir la norma. En ese escenario, los estatutos establecen que la doble militancia incluso puede derivar en la revocatoria de su inscripción”.
Algunos sectores del centro sostienen que, pese a la falta de carta de intención presentada por Dignidad y Compromiso, Fajardo podría competir en la consulta con el aval de su partido, argumentando que los derechos de participación no pueden ser limitados por un trámite administrativo inferior a la Constitución. No obstante, esta visión choca con criterios de expertos y miembros de la autoridad electoral.
Entre las estrategias valoradas por el equipo de Fajardo figura el uso del coaval, mecanismo que permitiría que otro partido, habilitado formalmente ante el CNE, respalde su candidatura.
Frey Muñoz, subdirector de la Misión de Observación Electoral (MOE), describió este procedimiento: “Un candidato que forma parte de la dirección de su partido solo puede presentarse por otra colectividad si renuncia 12 meses antes. Sin embargo, si su organización política no tiene candidato propio en la consulta, podría autorizarlo a participar con otro partido mediante un coaval, siempre bajo la evaluación de la autoridad electoral”, le dijo al medio citado.
A esto se suma la posibilidad de construir una coalición entre partidos que permita la inscripción de Fajardo sin desafiliarse de Dignidad y Compromiso.
El abogado Orlando Caballero, de la Universidad Libre, detalló que esta vía escapa al riesgo de doble militancia solo si se lleva a cabo dentro de los parámetros legales y los acuerdos oficiales entre las colectividades involucradas.
Si el candidato abandona su partido y se inscribe por otro sin cumplir las formalidades, incurriría en doble militancia, arriesgando la revocatoria inmediata de su candidatura.
La incertidumbre y el empantanamiento jurídico habrían llevado a Fajardo a contemplar alternativas como la realización de una encuesta nacional para definir el candidato del centro, opción que evitaría el conflicto legal de la consulta.
El equipo del exgobernador proyecta comunicar una definición antes del 5 de febrero, fecha límite antes del cierre de inscripciones marcado por la Registraduría.