La reunión bilateral del 3 de febrero de 2026 entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Colombia, Gustavo Petro, generó reacciones en el ámbito político, marcado por las diferencias entre quienes respaldan al mandatario y la oposición, que incluso solicitó su captura.
Este enfrentamiento entre ambos sectores incluyó declaraciones de la exprecandidata presidencial y senadora María Fernanda Cabal, quien resaltó la fecha por una razón particular: coincide con un mes desde la caída del líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro.
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La congresista del Centro Democrático destacó en un mensaje publicado en su cuenta de X, unas horas antes del encuentro entre los dos jefes de Estado, que la caída de Maduro ocurrió un día 3 y, exactamente un mes después, también un día 3, se agendó la reunión entre Petro y Trump.
La publicación de Cabal menciona: “3 de enero de 2026 cae Maduro. 3 de febrero de 2026 Petro ante Trump”.
El dato señalado por la senadora llevó a varios usuarios a considerar la posibilidad de jugar la lotería, ya que en Colombia muchos convierten acontecimientos históricos en una fuente adicional de ingresos apostando a combinaciones numéricas que surgen de las fechas.
En este caso, el 0302 sería el número que algunos optarían por jugar la tarde y noche del martes 3 de febrero, sin importar el resultado. Sin embargo, entre las reacciones negativas de los internautas, algunos calificaron a la senadora como “esquizofrénica” por resaltar las fechas en la antesala del encuentro presidencial, destinado a reducir las tensiones diplomáticas que marcaron el 2025.
En qué va el proceso judicial de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en Estados Unidos: a un mes de su caída
A un mes de su captura, Nicolás Maduro y Cilia Flores permanecen recluidos en una cárcel federal de Nueva York, enfrentando cargos de narcotráfico y corrupción.
La Fiscalía del Distrito Sur solicitó posponer la próxima audiencia judicial prevista para marzo, con el objetivo de ultimar detalles logísticos y finalizar el intercambio de pruebas con la defensa, extensión que mantiene en vilo el proceso penal abierto en Estados Unidos.
Ambos permanecen bajo estricto régimen de detención en el Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn, sin que hayan solicitado libertad bajo fianza en este primer mes de reclusión.
Como antecedente previo, el 5 de enero Maduro y Flores asistieron a la audiencia de lectura de cargos en un tribunal de Manhattan, y allí se declararon inocentes de todas las imputaciones.
En el mismo recinto, el ex mandatario rechazó la validez de los cargos y dijo: “Soy un prisionero de guerra” y fui “secuestrado”, según consta en los registros judiciales.
Flores, por su parte, mantuvo su negativa frente a los delitos que se le atribuyen, postura que la defensa reiteró ante el tribunal.
Según la acusación presentada por la Fiscalía estadounidense, Maduro enfrenta cuatro delitos federales: tres por conspiración para cometer narcoterrorismo, importar cocaína y poseer ametralladoras y artefactos destructivos, además de un cargo por posesión de armas.
En el caso de Flores, la imputación comprende dos delitos: por conspiración para importar cocaína, uno de conspiración para poseer armas y otro de posesión de armas, cargos que forman parte de un expediente elaborado por la Justicia de Estados Unidos desde 2020.
En el expediente original, las autoridades estadounidenses describían la existencia del Cártel de los Soles, organización señalada como terrorista, cuya jefatura se atribuía a Maduro junto a otros altos funcionaros venezolanos.
Tras la detención, la Fiscalía retiró de la acusación cualquier mención a este cártel como estructura organizada y ya no identifica a Maduro como su líder, ajustando así el enfoque de la causa penal.
El abogado Barry Pollack, representante legal de Maduro y miembro del bufete Harris St. Laurent & Wechsler, declaró al tribunal que no solicitaría excarcelación inmediata, aunque dejó abierta la posibilidad para fases posteriores del proceso.
Pollack anticipó además que la estrategia de defensa incluirá la presentación de “numerosos documentos” para sostener que Maduro es “jefe de un Estado soberano”, con “derecho a los privilegios” inherentes a esa condición y que su captura constituyó “secuestro por parte de militares estadounidenses”.
Hasta el momento, el juez no se ha expedido sobre estos planteos.
La defensa de Cilia Flores está encabezada por Mark Donnelly, cofundador del estudio Parker Sanchez & Donnelly, con trayectoria tanto en el Departamento de Justicia como en la Fiscalía de un condado de Houston.
Otro abogado, Bruce Fein, experto en derecho constitucional, intentó integrarse al proceso, pero, tras consultar a Maduro, Pollack informó al juez que Fein no contaba con autorización del acusado; el magistrado lo excluyó del caso.
El proceso reside en manos del juez federal Alvin K. Hellerstein, de 92 años, designado durante la presidencia de Bill Clinton y con experiencia previa en causas contra ex funcionarios venezolanos, como la de Hugo “El Pollo” Carvajal. Hellerstein ha supervisado este expediente desde marzo de 2020, fecha de la acusación inicial.
Respecto a las condiciones de detención en el MDC de Brooklyn, el Departamento de Prisiones señaló por escrito que, por motivos de “privacidad, seguridad y garantías”, no revela detalles sobre “las condiciones de confinamiento de ninguna persona”.
El centro penitenciario hospeda a varios reclusos de notoriedad y ha sido objeto de constantes denuncias ante la dureza de sus condiciones. Documentos judiciales acreditan que tanto Maduro como Flores han solicitado atención médica desde su lugar de reclusión.
Durante este primer mes en prisión, crecieron las manifestaciones de apoyo y repudio.
Diversos mensajes en redes sociales documentan envíos de cartas a Maduro, con contenidos que van desde reclamos políticos hasta palabras personales.
También circularon videos de manifestantes coreando consignas desde las inmediaciones del penal, mientras el exdictador venezolano y su esposa permanecen recluidos a la espera de la próxima deliberación judicial.
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