Pese a esfuerzos diplomáticos, empezaron a cobrar aranceles del 30% en la frontera entre Colombia y Ecuador: así está la situación

Colombia y Ecuador inciarion formalmente la guerra comercial tras acusaciones mutuas sobre la falta de cooperación en seguridad y el control del narcotráfico en la frontera común.

Desde el 1 de febrero, ambos gobiernos empezaron a aplicar aranceles del 30% a un amplio espectro de productos de su vecino, una decisión que afecta de manera directa al comercio, la energía y el empleo en la región andina.

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El origen de la crisis fue el anuncio del presidente ecuatoriano Daniel Noboa, quien estableció un arancel del 30% a las importaciones colombianas, salvo para energía eléctrica y logística de hidrocarburos. Noboa justificó la medida señalando que Ecuador enfrenta “grupos criminales atados al narcotráfico en la frontera sin cooperación alguna”. Destacó que las restricciones continuarán hasta que Bogotá demuestre un “compromiso real” en la lucha contra el tráfico de drogas y la minería ilegal.

En respuesta, el presidente Gustavo Petro replicó la medida sobre al menos 20 productos ecuatorianos y ordenó la suspensión de la exportación de energía eléctrica, evidenciando la dimensión política y de seguridad en la disputa.

Ante el corte en el suministro eléctrico, Ecuador incrementó la tarifa de transporte de crudo colombiano por el Oleoducto Transecuatoriano (Sote), de 3 a 30,77 dólares por barril, un alza del 900%. Esto afectó a unos 12.000 barriles diarios de Ecopetrol. Paralelamente, los aranceles recíprocos han impactado diversas cadenas: Colombia grava alimentos básicos, como frijoles, arroz y plátano, insumos industriales y agrícolas, calzado y neumáticos. Ecuador, por su parte, ve afectadas sus exportaciones de enlatados de pescado, aceites vegetales y camarón, de acuerdo con el segundo reporte.

Los gremios exportadores de ambos países han advertido sobre efectos inmediatos. Exportadores ecuatorianos estiman que las pérdidas por la guerra comercial pueden alcanzar 273 millones de dólares anuales.

Sectores claves, como el de enlatados de atún y aceites, están bajo amenaza, mientras sectores médicos e industriales de Ecuador alertan sobre el riesgo de desabastecimiento. En la frontera de Rumichaca, principal paso habilitado, se formaron extensas filas de camiones intentando cruzar antes de la entrada en vigor de los nuevos aranceles.

La dimensión energética genera preocupación específica. Ecuador depende parcialmente de la electricidad suministrada por Colombia para evitar apagones, un recurso crucial tras los racionamientos de hasta 14 horas diarias en 2024 debido a la sequía.

Solo ese año, Ecuador compró electricidad a Colombia por 334 millones de dólares, principal rubro importado. La ministra colombiana de Comercio, Marcela Morales, declaró a El Tiempo que los aranceles “son transitorios y revisables”, a la espera de una salida negociada. Sin embargo, la viceministra de Energía, Karen Schutt, advirtió que reemplazar el suministro con energía térmica le costaría a Ecuador aproximadamente 2 millones de dólares diarios.

El trasfondo del desacuerdo es la crisis de seguridad generada por el narcotráfico en la frontera colombo-ecuatoriana. En 2025, Ecuador registró 9.216 homicidios, con una tasa de 50,91 por cada 100.000 habitantes, una de las más altas de la región.

José Orellana Giler, experto internacional citado por El Tiempo, afirmó que Ecuador ahora es “la aduana forzosa de una metástasis que no admite eufemismos”. Wilson Goyes, académico de la Universidad Internacional del Ecuador, sostiene que la falta de control colombiano ha permitido que bandas como los Choneros y los Lobos se asocien con grupos criminales colombianos, incrementando la violencia y el tráfico de drogas hacia terceros países.

La producción de cocaína en Colombia sigue en aumento: en 2024 se alcanzaron 250.000 hectáreas de cultivo, con proyecciones de hasta 3.708 toneladas para 2025. Alrededor del 70% del total, según la OEA, transita por rutas ecuatorianas hacia mercados internacionales.

El costo de la inseguridad ya absorbe el 10% del PIB ecuatoriano, unos USD 19.700 millones anuales, incluyendo inversión en seguridad privada, el impacto en la inversión extranjera y pérdida de capital humano, de acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo.

Las reacciones de los sectores productivos y de análisis han sido diversas. María Paz Jervis, presidenta de la Cámara de Industrias y Producción de Ecuador, denunció a El Tiempo lo que considera un uso injusto del comercio como herramienta política: “Es inadmisible que se castigue con el comercio...”.

Según gremios y especialistas, el conflicto podría conllevar la pérdida de hasta 200.000 empleos en Ecuador y dificultar la recuperación económica. Representantes empresariales de ambos países han demandado, hasta ahora sin éxito, la reanudación del diálogo y el cese de las diferencias ideológicas.

A mediano plazo, las perspectivas apuntan a un aumento del riesgo para la estabilidad económica e incluso para el abastecimiento de energía y materias primas, especialmente si la sequía fuerza a Ecuador a volver a depender de la electricidad colombiana. Voceros del sector alertan que la ruptura comercial actual podría desembocar en crisis más profundas si perduran el cierre de canales diplomáticos y la falta de cooperación real. El impacto afecta tanto a las industrias como a los hogares, mientras crece la incertidumbre para cientos de miles de personas.

Dirigentes empresariales insisten en que las sanciones económicas no han aportado soluciones a los conflictos políticos entre ambos países y lejos de influir en las decisiones gubernamentales, pueden agravar los problemas de fondo de la relación bilateral.