Tras denuncias de abusos sexuales en la Universidad de Cartagena, víctimas contaron detalles: “Causó un gran sangrado en mis partes íntimas”

Aunque el país ya conocía la primera sanción que emitió el Ministerio de Educación contra la Universidad de Cartagena, al parecer, por no actuar con diligencia frente a las denuncias de varias estudiantes por presunto acoso y violencia sexual, hasta ahora salen a la luz los relatos de las víctimas.

De hecho, una de las jóvenes, identificada como Catalina (nombre ficticio para proteger su identidad), señaló en entrevista con la revista Cambio cómo su sueño de estudiar en una universidad pública y graduarse como administradora de empresas pronto se convirtió en un completo calvario.

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“Él me seguía en la universidad, inventaba cosas de mí, que iba a mi casa, que nosotros fuimos novios. Que me pagaba los recibos, que tuvimos relaciones sexuales”, relató Catalina, refiriéndose al presunto acoso por parte de un compañero mayor que, según su testimonio, la persiguió hasta su hogar y la sometió a hostigamiento constante.

Estos hechos, iniciados en 2021, aún afectan la vida de la joven, que recibe atención psicológica desde entonces. La institución enfrenta ahora la primera sanción histórica del Ministerio de Educación a una universidad pública por falta de diligencia ante denuncias de violencia de género.

“Él se presentaba en mi casa todas las noches, sin invitación, cuando salía de la universidad me perseguía en moto (…) una vez me siguió para hablar, le dije que no, y me agarró del brazo. Yo empecé a gritar”, señaló la joven.

El Ministerio concluyó que la universidad, el rector William Malkún Castillejo y el decano José David Patiño Mercado incumplieron sus obligaciones al no ofrecer una respuesta eficaz.

Los testimonios reunidos por Cambio revelan experiencias que superan el caso individual. Natalia, también estudiante de Administración de Empresas, denunció una presunta agresión sexual por parte del jefe de departamento de su facultad.

En su declaración penal, Natalia describió: “Tomándome con fuerza entre sus brazos y sometiéndome de manera violenta a tener relaciones, causando esto un gran sangrado en mis partes íntimas y también una gran conmoción en mi interior, en mi psiquis, de la cual hasta la presente no he podido recuperarme”, según información obtenida por la revista.

Ante el Observatorio para la Equidad de Género, Natalia sostuvo que ha recibido advertencias sobre la posible invalidación de su título y amenazas indirectas dentro de espacios académicos desde que denunció.

La situación abarca además a docentes. Doris Ortega, penalista y defensora pública, contó a la revista que su desvinculación como profesora en diciembre de 2023 respondió a enfrentamientos con el decano de la Facultad de Derecho, Álvaro Salgado González, a quien identifica como su “violentador”.

Ortega señaló que “mi salida, la justificación de mi salida por parte de mi violentador, el decano Álvaro Salgado González, era que no tenía convalidado el título”. Añadió que no se abrió ningún proceso disciplinario en su contra y que existían actos de acoso sutiles y conductas intimidatorias conocidas en la facultad.

“Los actos de abuso y de violencia sexual eran muy sutiles, pero los profesores, los compañeros lo sabían:tocamientos, comentarios, miradas, obviamente no tengo documentación de eso porque nadie está preparado para filmar o hacer una foto en un momento de esos. A veces se aprovechaba de que yo estuviese en un pasillo, estuviese cerca o en reuniones de los profesores, siempre sus ganas de tocarme, de besarme, insinuaciones. Yo sentía esa amenaza sutil de que, si no accedía, o no me ‘portaba bien’, pues yo iba a salir”, señaló la docente a Cambio.

Otra docente —que solicitó anonimato— denunció al mismo decano por presunto acoso laboral y malos tratos, declarando que enfrentó amenazas de despido y humillaciones públicas.

“Es una persona que viola las normas sobre el respeto a la dignidad, y demás derechos de las mujeres, igual las normas sobre acoso laboral”, quedó consignado en una queja conocida por Cambio.

El Ministerio de Educación, encabezado por Daniel Rojas, sancionó a la Universidad de Cartagena el 29 de diciembre de 2025 con una multa de 85 millones de pesos. También impuso una penalidad de 71 millones al rector Malkún y de 56 millones al decano Patiño.

El ministerio señaló omisiones graves en la atención a las denuncias: la universidad demoró la designación del docente investigador, permitiendo que el presunto agresor se retirara antes de ser suspendido disciplinariamente por dos años.

La resolución sancionatoria indicó que la universidad “dilató injustificadamente” el proceso, abriendo la indagación de Catalina meses después de la denuncia y demorando el avance, lo que representó una falta de diligencia institucional y puso en riesgo los derechos de la denunciante. El Observatorio para la Equidad de Género fue la única instancia interna que actuó rápidamente según el ministerio, aunque su alerta no impulsó un avance efectivo del proceso disciplinario.

El Consejo Superior universitario también recibió solicitudes formales de intervención. María Alejandra Benítez, delegada presidencial, advirtió sobre inseguridad y una “cultura de impunidad” en la institución, destacando la urgencia de crear espacios libres de violencias y de una intervención administrativa.

Benítez resaltó la existencia de múltiples casos de acoso sexual y hostigamiento más allá de las estudiantes, incluyendo a personas Lgbt+ por parte de miembros del personal académico.

Entre 2023 y 2025, el Observatorio para la Equidad y el Desarrollo con Enfoque de Género reportó 40 denuncias de violencia sexual, según datos obtenidos por Cambio. De estos casos, 15 ocurrieron en 2023, 13 en 2024 y 12 en 2025. 37 denunciantes son alumnas y 19 de los presuntos agresores son docentes. También figuran nueve personas externas, siete estudiantes y cinco funcionarios administrativos.

Ruth Gutiérrez, directora del Observatorio, afirmó que la universidad “ha dado cumplimiento estricto e integral a cada una de las etapas que integra la Ruta de Prevención, Detección y Atención, agotando con el máximo rigor técnico y jurídico los procedimientos establecidos y ejerciendo, en todo momento, la debida diligencia que requieren este tipo de actuaciones”. Reiteró que, para la institución, todas las denuncias se tramitan con imparcialidad y conforme a los procedimientos establecidos.

Esta visión genera escepticismo entre colectivos feministas como la Colectiva Feminista Rebeldía Violeta. Para Deyler Güeto Romero, integrante de este grupo, las cifras oficiales no reflejan la dimensión real del problema.

“Hay muchísimos más casos con casi 32.000 estudiantes, hay muchísima más negligencia, hay muchos casos que han quedado en nada y muchas víctimas que no han hablado por miedo y otras que han dejado sus casos sin terminar por la revictimización por parte del Observatorio de Género”, declaró a Cambio.

Las demandas de las mujeres que realizaron escraches en la universidad en 2023 encuentran hoy un eco con la imposición de la sanción. Para ellas, esta medida representa un avance y una oportunidad de esperanza para que situaciones similares no se repitan.