El funcionamiento interno de las cárceles en Colombia se encuentra bajo escrutinio tras las declaraciones del exconcejal de Bogotá Daniel Briceño, quien denunció que los centros penitenciarios se han transformado en espacios dominados por estructuras criminales y pérdida de control estatal.
El aspirante a la Cámara por el Centro Democrático afirmó que actualmente las prisiones operan como “call center de extorsión, universidades del crimen y repúblicas independientes donde los delincuentes mandan y el Estado obedece”.
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En este contexto, Briceño propuso la privatización del sistema carcelario como vía para enfrentar la crisis y modificar la realidad de miles de ciudadanos.
Las afirmaciones del exfuncionario han generado eco en su cuenta oficial de X, donde se discute el impacto de un sistema penitenciario percibido como ineficaz.
“Uno de cada cinco delincuentes que salen de la cárcel vuelve a entrar”, sostuvo el abogado, señalando la falta de control y la ausencia de procesos de resocialización efectivos dentro de los recintos penitenciarios.
Daniel Briceño destacó que los lugares destinados a la rehabilitación se han convertido en “hoteles para algunos delincuentes de cuello blanco”, en referencia a los privilegios y el manejo discrecional que ciertas personas logran dentro de las instalaciones.
De acuerdo con la información de Briceño, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) se encuentra en el centro de las críticas por su incapacidad para ejercer control efectivo sobre los internos.
El jurista subrayó que el organismo “está absolutamente politizado, lleno de sindicatos, pero no controla el tema al interior de las cárceles”. Esta situación, afirmó, ha derivado en el fortalecimiento de redes delictivas que operan desde el interior de los penales, afectando la seguridad de la población.
“Desde aquí se cometen delitos, desde aquí se ordenan asesinatos”, denunció. Las víctimas de extorsión y otros delitos suelen recibir llamadas directas desde las prisiones, lo cual evidencia la existencia de estructuras criminales activas al interior de estos recintos, según las declaraciones recogidas en la intervención pública del dirigente.
La crisis penitenciaria, según Briceño, no solo afecta a quienes cumplen condena, sino que impacta directamente a la ciudadanía. “Estos sitios se han convertido en el dolor de cabeza de la mayoría de ciudadanos en el país”, expresó.
El acceso a teléfonos y otros medios de comunicación dentro de los penales permite que los internos continúen desarrollando actividades ilícitas, lo que agrava el panorama de inseguridad.
En su análisis, Briceño sostuvo que el modelo estatal de administración penitenciaria ha demostrado ser ineficiente.
“Las cárceles públicas han demostrado ser absolutamente ineficientes. No sirven sino para favorecer a delincuentes y se han convertido en el dolor de cabeza más grande de los ciudadanos que no cometen delitos”, indicó.
Ante este escenario, planteó la entrega de la administración carcelaria en concesión a empresas privadas, con la promesa de implementar “estrictos procedimientos y estrictos controles”.
El dirigente aseguró que países como Australia, Estados Unidos, Reino Unido e Israel ya han implementado modelos de concesión penitenciaria y que esta medida ha permitido mejorar los niveles de seguridad y respeto a los derechos humanos.
“Son las cárceles en concesión las únicas que pueden garantizar verdaderos elementos de derechos humanos”, afirmó. Según su perspectiva, la competencia con el sector privado contribuiría a reducir la corrupción, aumentar la transparencia y mejorar las condiciones de los internos.
Briceño propuso la reducción del rol del Inpec y la liquidación de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), limitando su papel a labores administrativas.
“Deben ser los privados quienes deben fijar las condiciones, la regla, los controles y, sobre todo, quienes deben poner en cintura a los delincuentes que hacen lo que se les da la gana”, sostuvo. Además, insistió en que solo a través de la intervención privada se lograría controlar los centros de reclusión y poner fin a las actividades delictivas que se gestan en su interior.
Briceño cerró su intervención señalando que “si no ponemos las cárceles del país en concesión, si no metemos a los privados para que pongan a trabajar a los presos, para que administren bien eso, pero, sobre todo, para que terminen los lugares de crimen, difícilmente vamos a poder le dar una vuelta a lo que está pasando hoy en las cárceles del país”.
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