El Congreso de la República ha solicitado ser reconocido como víctima institucional en el proceso penal que se sigue contra Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), a raíz del asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.
La petición fue remitida por el presidente del Senado, Lidio Garcia, ante la Fiscalía 295 Seccional de la Unidad de Administración Pública, al considerar el impacto directo que el crimen tuvo sobre la organización y funcionamiento del legislativo.
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“Esta solicitud se fundamenta en la decisión del Senado de la República de comparecer en calidad de víctima dentro del proceso”, se lee en el documento revelado por Noticias RCN.
Adicionalmente, el Senado otorgó poder al abogado Juan Carlos Novoa Buendía para actuar como apoderado judicial de la corporación en las actuaciones relacionadas con el caso.
Del mismo modo, fuentes cercanas al proceso informaron a Semana que la Fiscalía General de la Nación prepara una nueva solicitud de audiencia de imputación de cargos contra Rodríguez.
La primera petición debió ser retirada por razones de competencia, ya que la fiscal responsable no tenía jurisdicción para investigar a Rodríguez, quien cuenta con fuero. Sin la aclaración de este punto legal, la audiencia previa se declaró improcedente, y solo tras subsanar este trámite se retomará el expediente penal.
El funcionario deberá responder por prevaricato por omisión, imputación basada en la presunta inacción al no reforzar el esquema de seguridad del senador, pese a reiteradas advertencias y solicitudes formales.
Detalles del caso
El proceso contra Augusto Rodríguez inició el 9 de junio de 2025, dos días después de que se registrara el atentado contra el entonces senador y candidato presidencial Miguel Uribe Turbay en el occidente de Bogotá.
Según detalló el abogado Víctor Mosquera, representante de la familia Uribe Turbay, durante los primeros meses de 2025 se radicaron 23 solicitudes de refuerzo de seguridad, posteriores al anuncio de la precandidatura presidencial.
“La última solicitud se presentó el 5 de junio. En ellas se explicaba claramente por qué al precandidato presidencial se le debía brindar una protección adecuada“, explicó el jurista en su momento.
Por su parte, el director de la UNP, Augusto Rodríguez, negó cualquier responsabilidad institucional y enfatizó en que la entidad actuó según los protocolos vigentes.
"El Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en Proceso Electoral (Cormpe) se activa cuando hay campaña, es decir, para los candidatos, no para los precandidatos. Hoy en día eso cambió, lamentablemente, a raíz de lo ocurrido“, manifestó el funcionario en declaraciones a Blu Radio.
Nueva imputación de cargos
Se espera que para el 11 de febrero de 2026 se realice una nueva audiencia de imputación de cargos contra Augusto Rodríguez, donde finalmente la Fiscalía General de la Nación le imputará cargos por tentativa de homicidio y prevaricato por omisión, siendo el primer alto funcionario del Gobierno Petro que deberá comparecer ante los tribunales por el asesinato del opositor.
El expediente judicial que sustenta la acusación contra Rodríguez incluye decenas de cartas y comunicaciones enviadas por Miguel Uribe Turbay, en las cuales solicitó de manera formal y reiterada el refuerzo de su esquema de escoltas, sobre todo para eventos políticos tanto dentro como fuera de Bogotá.
De acuerdo con la investigación reseñada por El Tiempo, miembros del equipo del senador advirtieron a la UNP en al menos 12 ocasiones sobre la necesidad de incrementar la seguridad antes del atentado perpetrado el 7 de junio de 2025 en el parque El Golfito, en la capital colombiana.
El caso no solo tiene un alcance penal sino también político. Augusto Rodríguez pertenece al círculo más próximo del presidente Gustavo Petro y se encuentra al frente de la protección de altos dignatarios, exmandatarios, congresistas y líderes sociales amenazados.
La audiencia fijada para el 11 de febrero, en la que la Fiscalía avanzará con la imputación, representa un golpe para la imagen del Gobierno y expone a la administración Petro a nuevos cuestionamientos sobre la salvaguarda de integrantes de partidos opositores.
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