Dos días después de que la minga indígena Sur Occidente, denunciara una presunta ‘jugadita’ de la Registraduría Nacional para trasladar varios puntos de votación de la zonas rurales, el presidente Gustavo Petro salió a exigir garantías en las próximas elecciones.
A través de su cuenta de X, el mandatario le exigió al órgano electoral que garantice la permanencia de los puestos de votación en las zonas rurales, especialmente, donde hay presencia de población indígena que, en las últimas semanas, ha mostrado un fuerte respaldo al candidato Iván Cepeda, partidario de su proyecto político.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel
“La registraduría debe garantizar la pureza de las elecciones. Todos losmñ puestos de votación de Colombia deben abrirse. Cerrar puestos es cerrar garantías (sic)“, escribió el presidente.
Asimismo, el mandatario volvió a ordenar a las autoridades intensificar sus esfuerzos para encontrar y capturar a cualquier persona que intente comprar votos por un candidato presidencial.
Incluso, Gustavo Petro aseguró que el Gobierno nacional ya se encuentra en proceso de crear un mecanismo para denunciar cualquier actividad ilícita que pueda interferir en las elecciones de marzo y mayo.
“La policía tienen la orden de detener a todo comprador de votos. La compra de votos es un crímen. Cualquier ciudadano que se entere de compradores de votos, puede pasar la información, abriré un canal seguro para recepcionar las denuncias (sic)“, concluyó el mandatario.
Las palabras del presidente se dan después de que la minga Sur Occidente reuniera a representantes de comunidades indígenas, afros, campesinas y rurales de los departamentos de Nariño, Cauca, Putumayo, Huila, Valle del Cauca y Caldas, junto a delegados de otras regiones, para definir posicionamientos frente a la coyuntura electoral, social y económica del país.
El encuentro, realizado el 30 de enero de 2026 en el municipio de Riosucio, Caldas, centró su preocupación en las recientes decisiones institucionales sobre el traslado de mesas y puestos de votación en zonas rurales del suroccidente y otras regiones.
Las comunidades advierten que esta medida amenaza el derecho efectivo al sufragio, protegido por la Constitución Política de Colombia, y pone en riesgo la participación democrática de poblaciones históricamente marginadas y aisladas, como las de los municipios de Florida y Praera, en el Valle del Cauca.
La Minga advirtió que los argumentos de orden público, usados por las Fuerzas Militares para justificar la reubicación de mesas, reproducen un patrón de centralización electoral que desconoce la diversidad territorial del país.
Recordaron el antecedente del 26 de octubre de 2025, cuando en la consulta partidista se instalaron menos mesas de las necesarias, lo que dificultó el voto libre y masivo, afectando de manera particular a comunidades indígenas y campesinas. Según el comunicado, estas poblaciones ya enfrentan históricamente discriminación y violencia, y el traslado de mesas solo agrava las barreras para su participación, pudiendo derivar en una abstención forzada.
Los voceros de la Minga calificaron esta práctica como una forma de exclusión sistemática y una violación de los principios de igualdad y universalidad del voto. “No es un inconveniente menor, sino una exclusión sistemática”, advirtieron en su comunicado.
En el contexto político, reafirmaron su compromiso con la participación democrática en las próximas elecciones presidenciales, respaldando en el escenario de consultas populares del Frente por la Vida al precandidato Iván Cepeda Castro. Instaron al Consejo Nacional Electoral (CNE) a garantizar los derechos políticos de sus candidatos durante la consulta interpartidista prevista para el 8 de marzo de 2026.
La minga también pidió mantener el diálogo permanente entre candidatos, organizaciones y autoridades, con el objetivo de avanzar en las agendas pactadas durante el encuentro.
En un tercer punto, la organización dirigió un llamado a la Corte Constitucional para que, en el análisis del decreto de emergencia económica, garantice los derechos que dicha disposición busca proteger, ante la perturbación del orden económico, social y ecológico derivada de la negativa del Congreso a aprobar la ley de financiamiento.
Sostienen que el pronunciamiento de la Corte no debe ser regresivo y que debe permitir la continuidad en el financiamiento de programas sociales y la atención a la población más vulnerable.
Finalmente, la minga Sur Occidente reafirmó su decisión de mantener la movilización social como expresión legítima de sus comunidades y de su legado ancestral, defendiendo la vida, la paz y la construcción de un país más justo y equitativo.