El Ministerio de Defensa está sometiendo a una revisión exhaustiva la continuidad de la suspensión de la orden de captura contra alias Calarcá, debido a la reciente intensificación de crímenes bajo su mando que amenazan con poner en entredicho los incentivos jurídicos contemplados en la política de Paz Total. Pedro Sánchez, titular de la cartera, vinculó directamente el comportamiento de estas estructuras con la obligación del Estado de reconsiderar beneficios legales otorgados, advirtiendo un posible regreso de Calarcá a la lista de objetivos prioritarios de la justicia si prevalece la persistencia de delitos graves.
Entre las conclusiones del análisis se destaca la evaluación de ataques recientes que vulneraron la seguridad nacional y ocasionaron víctimas mortales, consecuencia directa de la eficacia limitada de las actuales restricciones tecnológicas. El Ministerio cifra en 2.000 los colombianos caídos durante el actual gobierno en la lucha antidrogas, incluyendo 356 miembros de la fuerza pública. El 4% de ataques logra superar los dispositivos de seguridad y causa fatalidades, según los datos oficiales.
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Una cuestión inquietante gravita sobre el proceso: Estados Unidos mantiene vigente una recompensa de cinco millones de dólares (USD 5.000.000) por información relevante sobre los responsables del derribo de un helicóptero Black Hawk en Amalfi, Antioquia, ataque que costó la vida a 13 policías y en el que alias Calarcá aparece como implicado. El propio Sánchez subrayó en Caracol Radio que “los dos gobiernos comparten el objetivo de neutralizar a los autores del ataque”, y confirmó que la coordinación se desenvolverá en el estricto marco que determina la legislación colombiana.
El replanteamiento de la suspensión de captura no se produce de manera aislada. Responde a una serie de alarmas por violaciones a derechos humanos y al orden público. La Defensoría del Pueblo enfocó su preocupación en el reclutamiento forzado de menores, ilustrando la gravedad de la situación en el departamento del Guaviare, donde estas prácticas mantienen en vilo a la población civil. La evaluación en curso contempla también actos de extorsión y atentados reiterados contra la fuerza pública, marcando un contexto de inseguridad estructural.
Las camionetas entregadas a los cabecillas de las disidencias de alias Calarca
Once integrantes de una banda que robaba vehículos de lujo en fincas de los departamentos de Meta y Cundinamarca fueron capturados tras una investigación de seis meses, según informó la Policía del Meta.
Durante el operativo, las autoridades recuperaron 15 camionetas y decomisaron pistolas, escopetas y municiones. La investigación evidenció que los detenidos vestían prendas militares días antes de cada asalto para generar confianza en la población local y evitar sospechas en el área.
El grupo actuaba en conjunto, ocultando sus rostros y portando armas de fuego para intimidar a los propietarios, a quienes retenían por varias horas y amenazaban para obligarlos a guardar silencio mientras huían en los vehículos sustraídos. Los automóviles, de acuerdo con el comandante de la Policía del Meta, coronel Nelson Zambrano, serían entregados al bloque Jorge Suárez Briceño para facilitar la movilidad de los cabecillas de las disidencias de Calarcá.
“Iban a ser entregados al bloque Jorge Suárez Briceño, que opera en el departamento y se encarga del hurto de camionetas para permitir la movilidad de los cabecillas de las disidencias de Calarcá”, expuso en rueda de prensa.
A estos once capturados se les imputan cargos por hurto agravado y secuestro simple, mientras se investiga si participaron en otros robos similares para beneficiar a mandos del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF). Desde la Policía, se invitó a víctimas adicionales a denunciar para profundizar las investigaciones.
“Tenemos 15 camionetas, pero, muy seguramente, tenemos a más personas afectadas. Es aquí donde invitamos a la ciudadanía afectada por este grupo delincuencial a realizar las denuncias correspondientes”, sostuvo el uniformado.
Por otro lado, en medio de la selva del Yarí, en la frontera entre los departamentos de Caquetá y Meta, el líder guerrillero rechazó en forma tajante los señalamientos que sacudieron el escenario político y militar, asegurando que tales afirmaciones constituyen un “montaje” dirigido contra su grupo y el Gobierno nacional.
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