En una requisa sorpresa que se llevó a cabo en 124 prisiones de Colombia, funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) encontraron aparatos electrónicos, drogas, licor y armas.
Tras la inspección que se hizo en las celdas de más de 20.000 reclusos, el ministro de Justicia, Andrés Idárraga, calificó como “positivo, pero triste”, que los guardianes encuentren tantos elementos prohibidos en las prisiones.
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En el balance general, el Inpec informó que se logró la incautación de 1.320 celulares, 27 kilos de diferentes drogas, 480 armas cortopunzantes, más de 1.700 tarjetas SIM y un total de 620 litros de diferentes licores. Además, hasta 13 millones en efectivo.
Un operativo que preocupa al país
Lejos de registrarse reacciones positivas, en Colombia varias figuras políticas lamentaron los resultados del operativo adelantado por el Inpec, puesto que dejó en evidencia los lujos que tienen los reclusos en todo el territorio nacional.
Es por ello que, en diálogo con Infobae Colombia, el docente del consultorio jurídico de la Universidad Politécnico Gran Colombiano, Julio Cesar Rivera, analizó las falencias que siguen existiendo en el sistema carcelario del país. El experto decidió dar su opinión centrada en dos puntos, desde los derechos que tienen los presos y la realidad a nivel delincuencial que vive el país.
En ese sentido, explicó que, en el ámbito de los derechos, el masivo ingreso de teléfonos es la respuesta a una necesidad humana de estar comunicados con sus familiares o personas cercanas.
“Considero que estamos frente a una situación muy difícil y la Corte Constitucional ya se ha pronunciado. El no permitir la comunicación de los presos con sus familias está cercenando un derecho constitucional. Entonces, uno se pregunta: ¿por qué 1.300 celulares en las cárceles del país? Es que están privados de la libertad o privados de la comunicación. Hay jerarquía de poder, pero es la posibilidad de que ellos se comuniquen con su familia“.
Sin embargo, teniendo en cuenta el contexto colombiano, en el que a diario se denuncian casos de extorsión o estafas a través de llamadas telefónicas que se realizan desde prisión, afirmó que es una urgencia que se evite cualquier uso de aparatos electrónicos por parte de los reclusos.
“Visto desde otro punto de vista, desde la política criminal del Estado, esos celulares sí se están utilizando solo para la comunicación con las familias o se están utilizando para cometer el delito. Si se están utilizando para cometer delitos, hay que restringir el uso de estos aparatos”.
Por último, en lo que explicó como una conclusión enfocada en la realidad del país, el experto aseguró que en Colombia se está más cerca de tener que aceptar el uso de teléfonos por parte de los reclusos, puesto que ante las falencias que existen en los centros de reclusión, como hacinamiento y pocas garantías de seguridad, la comunicación se está convirtiendo en una batalla perdida, a pesar de los anuncios de inversión en las cárceles, algo que sigue sin registrarse.
“Se le cargaría al Estado la posibilidad de que ellos tengan unas cabinas dotadas con toda la tecnología, que es una carga económica y el Estado no lo tiene. En ese sentido, concluyendo esos dos sistemas, esas dos opiniones, creo que el Estado va a ceder un poquito en ser permisivo, y va a regular con unas leyes que trataron de presentar en el 2025 y que todavía no han salido; es la posibilidad de que tengan celulares los presos del país. Dígame cómo, con ese hacinamiento, cómo se hace con todas esas personas para que no se alboroten”.